El Gobierno italiano pretende acelerar los procedimientos de expulsión de los migrantes irregulares con la creación de nuevos centros destinados a este cometido. La intención es habilitar en cada región un espacio, con capacidad limitada de entre 80 y 100 personas, para identificar a los indocumentados y agilizar la extradición a sus países de origen en caso de que no cumplan con los requisitos de asilo. 

La medida, que se había filtrado ya en la prensa italiana, fue explicada el jueves por el ministro del Interior, Marco Minniti, quien aseguró que se examinará cada caso, aunque el plan “no tiene que ver con la acogida, sino con los migrantes que no pueden permanecer en suelo italiano”. 

El Gobierno ha presentado esta disposición, pendiente de aprobación en el Parlamento, después del motín que se produjo esta semana en un centro de primera acogida en la provincia de Venecia. La muerte de una joven marfileña desencadenó la ira de un grupo de internos, que entendió que las ambulancias llegaron tarde, por lo que provocó un pequeño incendio y retuvo durante horas a varios trabajadores del centro.

La investigación “debe partir del presupuesto de que en un centro así puedan producirse infiltraciones de tipo de terrorista”, dijo en una entrevista en el diario La Repubblica, Carlo Nordio, el fiscal de Venecia que se ocupa del caso.

En el abarrotado edificio, ocupado por 1.300 personas, se alojan migrantes recién llegados a Italia, que esperan para que se estudie su situación legal en el país. Allí pueden permanecer durante semanas, por lo que el Ejecutivo pretende acelerar la expulsión de quienes no sean considerados refugiados.

Sólo unos días antes del motín el jefe de la Policía, Franco Gabrielli, había emitido un informe en el que, según Reuters, pedía incrementar la identificación y deportación de migrantes “en un contexto marcado por la inestabilidad y las amenazas”, después de la muerte en Milán del presunto terrorista de Berlín. Por tanto, de acuerdo con Reuters, la decisión de abrir estos nuevos centros ya estaba tomada antes del episodio violento de Venecia. 

Los Centros de Identificación y Expulsión (CIE) existen en Italia desde 1998, aunque en los últimos años se han ido sustituyendo por otras estructuras en las que se ofrece además una mayor asistencia. Actualmente hay cuatro operativos en todo el territorio nacional, aunque el Gobierno pretende llegar a 18.

En algunos casos, como en Lampedusa o la ciudad siciliana de Trapani estos CIE fueron convertidos en lo que se denomina como hotspots. Estos centros también están orientados a identificar a los recién llegados y fueron creados bajo petición de la Unión Europea, cuando en 2015 los Estados miembros aprobaron el plan para recolocar a 160.000 migrantes alojados en Italia y Grecia.

Pero de los 40.000 que debían salir de Italia sólo lo han hecho 2.350, según cifras del Gobierno italiano. De modo que la Comisión de Derechos Humanos del Senado italiano culpa al plan europeo del descontrol migratorio. El resto de países no se encarga de acoger a quienes reciben el estatuto de refugiado, mientras que los migrantes que no presentan demanda de asilo “están destinados a permanecer irregularmente en territorio italiano”, mantiene el presidente de este organismo, Luigi Manconi, ya que según él, “el procedimiento de expatriación tampoco funciona”.

De acuerdo con los informes del Senado, el 94% de quienes llegan a Italia permanecen en este país. Según datos de Eurostat, en 2015 Italia ordenó la extradición de más de 27.000 migrantes, pero las trabas burocráticas con otros Estados supusieron que sólo se ejecutaran 4.670 expulsiones.

En 2016 el país transalpino batió su récord de desembarcos, con 181.405. Y a este ritmo ya son unos 175.000 los migrantes repartidos actualmente por todo el territorio italiano. La mayoría de los que llegaron el año pasado proceden de Nigeria, Eritrea, Guinea, Costa de Marfil o Gambia. Muchos de ellos son considerados “migrantes económicos”, por lo que es casi imposible que puedan permanecer en Italia de forma legal.

Su expulsión inmediata es una reclamación constante de la xenófoba Liga Norte y del Movimiento 5 Estrellas, aunque en este caso la formación fundada por el cómico Beppe Grillo se opone a la creación de nuevos centros, ya que asegura que “ralentizará las expulsiones y beneficiará a redes mafiosas”, que en otras ocasiones se han infiltrado en la gestión de estas estructuras. 

Al recién nombrado ministro del Interior, Marco Minniti, le ha tocado gestionar la preocupación que produce que el presunto responsable del atentado de Berlín tuviera en Milán su última parada. Precisamente en 2015 Anis Amri no fue devuelto a Túnez, su país natal, por problemas burocráticos de este tipo. Así que para mejorar la coordinación con los países africanos y ampliar los acuerdos bilaterales de extradición con terceros, esta semana Minniti ha visitado Túnez y la próxima viajará a Trípoli.

Desde Interior también han anunciado que, al margen de las expatriaciones, todos los ayuntamientos deberán implicarse en la gestión del problema, con la acogida de 2,5 migrantes por cada 1.000 habitantes. Una llamada de atención que tampoco ha gustado a los partidos que piden la expulsión inmediata de los considerados ilegales.