Abdul realizaba su ruta de reparto habitual entre su casa y la ciudad de Homs (oeste de Siria) cuando desapareció en 2013. Estaba pensando en dejar el trabajo por la peligrosidad del trayecto y los constantes controles del régimen sirio. Tenía 42 años, mujer y tres hijos.
Su familia reconocería más tarde su cuerpo sin vida en el archivo fotográfico de 'César', un policía militar desertor que logró huir del país con miles de imágenes de sirios muertos en centros de detención del Gobierno de Bachar al Asad.
La hermana del transportista, Amal, de nacionalidad española, busca ahora justicia ante la Audiencia Nacional con una querella contra el “terrorismo de Estado” del régimen.
El juez Eloy Velasco admitió en marzo la querella por los delitos de terrorismo y desaparición forzada. Ella está citada a declarar este lunes, apenas días después de que un supuesto ataque químico atribuido a las fuerzas de Asad dejara decenas de muertos en el noroeste de Siria.
“El acto de interponer esta querella era dar a conocer por fin, formalmente, y prestar atención a lo que es una barbaridad”, dice a este diario Almudena Bernabéu, abogada española cofundadora de la firma internacional Guernica 37, que lleva la querella.
Los abogados de Guernica 37 denuncian un supuesto plan de represión masiva diseñado por las autoridades sirias al inicio de las protestas antigubernamentales que desembocaron en la vigente guerra basado en la detención, tortura y ejecución de sus propios ciudadanos.
Había que contar esa parte que no se ha contado: la represión de un Estado que no quiere disidencia
“Había que contar esa parte que no se ha contado, que mucho antes de eso [de la guerra en su fase actual] hay una represión de un Estado que no quiere disidencia y que no quiere protesta social”, señala Bernabéu, conocida por su participación en casos de justicia universal de alto perfil como el genocidio maya en Guatemala o el asesinato de jesuitas españoles en El Salvador.
La querella va dirigida contra nueve altos miembros del régimen sirio -ocho militares y un civil. Guernica 37 asegura que supone una oportunidad para que la justicia española investigue los crímenes en Siria y determinar responsabilidades. Asimismo, aunque Siria ignore la querella, puede llevar a órdenes de arresto internacional contra los altos funcionarios.
“Esto tiene efectos colaterales importantes. Por lo menos 'encerrarlos' en Siria y, efectivamente, si no hay respuesta, dictar órdenes de arresto internacional y que no puedan moverse”, sostiene Bernabéu. “Lo que no pueden es estar haciendo lo que están haciendo y tener una vida tranquila”.
La querella surge por la imposibilidad de llevar a Siria ante la Corte Penal Internacional por oposición de Rusia y China. Con esta vía bloqueada, la Comisión Independiente de Investigación sobre Siria de la ONU sugirió en 2015 acudir a los tribunales nacionales para impulsar procesos basados en el principio de justicia universal.
Bernabéu cuenta que se adhirió a otros abogados interesados en investigar los crímenes en Siria para sumar esfuerzos. Llevaba tiempo buscando a una víctima cuya nacionalidad permitiera iniciar una búsqueda de responsabilidades desde el exterior cuando el año pasado encontró a Amal.
“Yo la llamé”, recuerda Bernabéu desde su hogar en California. “Lo primero que ella me dijo, que fue muy tierno, fue: 'Pues hace un par de años o un año y algo que me [hablaron] de la posibilidad de una abogada española que vivía en EEUU y que podía hacer este tipo de cosas'. Y era yo”.
Amal se había enterado de la muerte de su hermano Abdul gracias a su sobrino, que identificó a su difunto padre en una de las fotos del archivo de 'César' divulgadas en redes sociales y se la envío a su tía. Guernica 37 niega que el fallecido formara parte de la oposición y denuncia su arresto como parte de la estrategia de represión generalizada de Asad.
España, que ha sido pionera en la utilización del principio de justicia universal, votó para limitar en 2014 la capacidad de los jueces patrios para perseguir crímenes en el extranjero en medio de un conflicto diplomático con China por la investigación del genocidio en el Tíbet.
Los abogados de Guernica 37 argumentan que Amal, como hermana de Abdul, es víctima indirecta del régimen de Asad y que, al ser española, la justicia patria puede investigar los hechos.
La Fiscalía, sin embargo, no lo ve así y después de que el juez Velasco admitiera a trámite la querella anunció que recurriría la decisión porque el fallecido no es español.
Bernabéu denuncia que España se está quedando atrás en la investigación del conflicto Sirio. “En España estamos en el limbo”, lamenta.
Asimismo, aunque celebra que la Audiencia Nacional ordenara recientemente el embargo de casi 700 millones de euros en patrimonio de Rifaat al Asad, tío de Bachar al Asad, subraya que la operación sólo ha sido posible gracias a la pesquisa abierta por las autoridades francesas.
Lo que no pueden es estar haciendo lo que están haciendo y tener una vida tranquila
Apodado el 'Carnicero de Hama' por su supuesta participación en la masacre de miles de personas para sofocar una revuelta en esta urbe siria en 1982, Rifaat al Asad es investigado por blanqueo de capitales en España .
“Esto ayuda a exponer ese delito de terrorismo de Estado y el contexto en que un delito de esta magnitud se puede producir”, asegura Bernabéu sobre las acciones contra el ex vicepresidente sirio.
En la resolución en que admite a trámite la querella de Amal, el juez Velasco llama a la unidad de cooperación para la justicia europea Eurojust a indagar sobre si existen otras denuncias contra el régimen sirio en el continente con visos a la posible creación de un equipo conjunto de investigación.
Cuando los abogados de Amal interpusieron la querella en enero la describieron como “la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado sirio”.
Desde entonces, se ha presentado al menos otra querella en Alemania contra seis miembros del Servicio de Inteligencia Militar de Asad por parte de siete supervivientes de la tortura del régimen y dos abogados sirios.
Uno de ellos, el director del Centro Sirio para la Investigación y el Estudio Legal de Berlín, Anwar al Bunni, describió la justicia siria en una entrevista con EL ESPAÑOL en 2015 como “impunilandia” y reclamaba penas para los altos mandos para ayudar a coser las heridas del país.
“No condenaré a todos los involucrados, porque si haces eso condenarás a todos los sirios. Es para que la gente se sienta relajada, para ayudarlos a vivir juntos”, afirmó. “Los que dan las órdenes deben ser responsables”.