Todas las claves del plan de negociación de la UE para el 'brexit'

Indiferentes a la campaña electoral que se desarrolla en Reino Unido de cara a las elecciones anticiapadas del 8 de junio, los jefes de Estado y de Gobierno de los otros 27 países de la UE han aprobado este sábado su plan de negociación para el brexit. Lo hacen sin la primera ministra británica, Theresa May, que no está invitada a las cumbres consagradas al divorcio.

La posición de partida de Bruselas se ha endurecido todavía más en las últimas semanas. Especialmente en lo que se refiere al derecho a quedarse de los ciudadanos y a las restricciones que impondrán a los servicios financieros de la City de Londres. Pero lo más sorprendente es que los 27 han logrado mantener una unanimidad inédita en los últimos años, hasta el punto de que las directrices llegan ya cerradas a la cumbre.

La prioridad para la UE es limitar los daños y salvaguardar los intereses de los países miembros, aunque eso signifique que Reino Unido salga malparado. Se trata también de frenar un efecto contagio que los dirigentes comunitarios temen que se produzca si Londres obtiene un estatus privilegiado fuera de la Unión. No habrá un brexit a la carta ni un traje a medida. Los británicos no pueden tener lo mejor de los dos mundos, como reclama su ministro de Exteriores, Boris Johnson.

"Un país que no es miembro de la Unión, que no tiene las mismas obligaciones, tampoco puede tener los mismos derechos y disfrutar los mismos beneficios que si fuera miembro", reza el pasaje clave de las directrices negociadoras, elaboradas por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en estrecho contacto con las capitales.

El texto contiene otro recado para Londres: no vale la pena que intente la estrategia del 'divide y vencerás', ya que no habrá negociaciones bilaterales sobre el brexit con las distintas capitales. El único negociador en nombre de los 27 será el francés Michel Barnier, que representa a la Comisión.

Tras la ratificación de las directrices en la cumbre de este sábado, el Ejecutivo comunitario presentará el próximo 3 de mayo el mandato de negociación, mucho más detallado. Esta previsto que los Gobiernos lo aprueben el 22 de mayo. Las conversaciones del brexit, que durarán dos años, comenzarán inmediatamente después de las elecciones británicas.

Veto para España sobre Gibraltar

Es el asunto que más ha evidenciado el cambio en las posiciones de fuerza dentro de la UE tras el brexit. Abandonando su tradicional neutralidad, Bruselas ha cerrado filas con España frente a Reino Unido en la disputa por el Peñón. Las presiones y amenazas de Londres, incluso de guerra, no han surtido efecto. Muy al contrario, han endurecido la determinación de los 27. 

Las directrices negociadoras otorgan a España poder de veto en cualquier decisión sobre las relaciones futuras entre la UE y Gibraltar, incluyendo lo que se refiere a la frontera. "Una vez que Reino Unido deje la Unión, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya pacto entre el Reino de España y Reino Unido", señala la cláusula sobre el Peñón. No se ha cambiado ni una coma en las tres revisiones del texto desde que se presentó el 31 de marzo.

Frente a la posición de la UE, Theresa May asegura que buscará "el mejor estatus posible" para Gibraltar tras el brexit y sostiene que "no habrá ninguna negociación sobre la soberanía sin el consentimiento de sus habitantes".

Residencia permanente tras cinco años

Salvaguardar el estatus y los derechos adquiridos de los ciudadanos de la UE residentes en Reino Unido y de los británicos que viven en el continente "será la primera prioridad de las negociaciones". Bruselas exige a Londres que reconozca a los europeos el derecho a adquirir la residencia permanente tras un periodo de cinco años de residencia legal.

Los afectados deben poder ejercer este derecho "mediante procedimientos administrativos simples". Este pasaje se ha incluido como muestra de rechazo al documento de 85 páginas que el Gobierno británico exige rellenar a los europeos que piden la residencia. Las garantías para los ciudadanos -en materia de residencia, empleo y prestaciones sociales, entre otros- serán extensibles a sus familias y tendrán una duración de por vida. La fecha de corte es el momento del brexit, es decir, el 29 de marzo de 2019.

En su carta para activar la cláusula de divorcio, el artículo 50 del Tratado, la primera ministra británica también dice que "deberíamos tener como objetivo lograr un acuerdo temprano sobre los derechos de los ciudadanos". Pero no ofrece concreciones.

Una factura de salida de 60.000 millones (en euros)

Los 27 reclaman a Reino Unido una "liquidación financiera" que incluya todas las obligaciones contraídas mientras ha sido miembro de la UE. Londres tiene que pagar su ronda de copas aunque quiera irse del pub antes de hora, según la metáfora que utiliza Bruselas. Se refiere a los fondos europeos prometidos a países como Polonia o España pero que aún no se han abonado. Algunas de estas ayudas se desembolsarán incluso después del brexit, porque la UE pacta sus presupuestos para periodos de siete años. Los británicos también deben hacerse cargo de su cuota de las pensiones de los eurofuncionarios. 

En las directrices no aparece ninguna cifra, pero el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha desvelado que la factura de salida asciende a 60.000 millones de euros. La UE quiere además que los británicos paguen el coste del traslado de los dos organismos europeos que ahora están en Londres: la Autoridad Bancaria Europea y la Agencia de Medicamentos (a la que aspira Barcelona). "Las obligaciones se definirán en euros", dice el mandato que prepara el Ejecutivo comunitario.

En cambio, el Gobierno de Theresa May ya ha dicho varias veces que no reconoce esta cifra y que su objetivo es cortar de raíz sus aportaciones a las arcas comunitarias.

Primero el divorcio, luego las relaciones futuras

Para la UE, el principal objetivo de las negociaciones que empiezan en junio es "garantizar la retirada ordenada de Reino Unido". Es decir, primero debe llegarse a un pacto de divorcio con tres componentes centrales: los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la frontera con Irlanda. Allí, los 27 reclaman "soluciones flexibles e imaginativas para evitar una frontera dura". No quieren poner en riesgo el precario Acuerdo de Paz del Viernes Santo en el Ulster. En la cita de este sábado, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, ha logrado el respaldo político de sus 26 socios para que, en la negociación con Reino Unido, se garantice el acceso directo de Irlanda del Norte a la UE en caso de reunificación.

Sólo cuando los líderes europeos constaten que se han realizado "progresos suficientes" en el acuerdo de separación, comenzará una segunda fase de negociaciones para definir las relaciones entre la UE y Reino Unido tras el brexit. El calendario provisional que maneja Bruselas prevé que la primera etapa dure hasta otoño de 2017. El futuro acuerdo comercial no empezará a negociarse hasta finales de este año o principios del que viene. Como será imposible cerrarlo en el plazo de dos años previsto por el Tratado, los 27 ven imprescindible un periodo transitorio de ajuste.

En contraste, May dice en su carta de separación que su prioridad absoluta es negociar "un acuerdo de libre comercio audaz y ambicioso con la UE". Este pacto tiene que discutirse, según Londres, de forma simultánea a los términos del divorcio.

Los servicios financieros, fuera del acuerdo comercial

Los 27 están dispuestos a hablar de un "acuerdo comercial" (sin más adjetivos), pero precisan que sólo podrá concluirse cuando Reino Unido ya no sea un Estado miembro. Además, avisan a Londres de que deberá respetar las normas tributarias, medioambientales y sociales de la UE, así como las reglas en materia de competencia y ayudas públicas. Es decir, May no podrá convertir a Reino Unido en un paraíso fiscal si quiere un comercio abierto con sus socios europeos.

Pero la última versión de las directrices añade un nuevo requisito que podría dejar fuera a la City de Londres. "Cualquier futuro acuerdo debe salvaguardar la estabilidad financiera en la Unión y respetar su régimen regulatorio y de supervisión". Esta cláusula se ha incorporado a petición de Francia. Significa que la UE no permitirá que los servicios financieros se incluyan en el pacto de libre comercio salvo si Reino Unido acepta las reglas comunitarias, eso sí, sin tener ya influencia para cambiarlas tras el brexit.

¿Cooperación en seguridad?

La UE quiere que las relaciones futuras con Londres vayan más allá del comercio y se extiendan a otras áreas, "en particular la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional, así como la seguridad, la defensa y la política exterior".

En Bruselas sentó muy mal la amenaza implícita contenida en la carta de divorcio de May, que sugería que si las negociaciones del brexit se saldan sin acuerdo "nuestra cooperación en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo se vería debilitada".

En las directrices de negociación, los 27 se comprometen a ser constructivos y hacer todo lo posible para lograr un pacto de divorcio porque "es lo mejor para las dos partes". "La Unión trabajará duro para alcanzar este resultado, pero se preparará también para ser capaz de gestionar la situación si las negociaciones fracasan", señala el texto.