Portugal regula el régimen de visitas de las mascotas para las parejas separadas

En Portugal hay más mascotas que niños: hay apenas 1.5 millones de jóvenes lusos, pero más de 7 millones de animales domésticos  –un número impresionante para un país con 11 millones de habitantes–. Tal vez debido a su omnipresencia, los animales lusos están cobrando cada vez mayor protagonismo en el ámbito público portugués, tal y como demuestra el nuevo estatuto jurídico de los animales.

Según el nuevo estatuto, los animales dejan de ser cosas y pasan a ser “seres vivos dotados de sensibilidad y autonomía”. Aunque los animales siguen estando sujetos al derecho de propiedad, adquieren un reconocimiento especial que les sitúa entre los objetos y los seres humanos.

“A efectos prácticos se les está dando una protección especial como objetos de derecho”, explica a EL ESPAÑOL Pedro Mota Pinto, profesor de Derecho de la Universidad de Coimbra. “Quien es dueño de una cosa controla su destino absolutamente, hasta el punto de que la puede destruir si le da la gana. Esta ley da a entender que algunos animales merecen amparo especial”.

Según el nuevo estatuto, los dueños de animales tienen la obligación de velar por su bienestar y evitar “infligir dolor, sufrimiento, o cualquier otro maltrato que resulte en el sufrimiento injustificado, abandono o muerte” de la criatura. El jurista Mota Pinto señala que la ley no es aplicable a todos los animales, pues limita su alcance a aquellos que son capaces de sentir y sufrir. “Presumiblemente deja fuera a los insectos, por lo que nadie será procesado por matar a una cucaracha, por ejemplo”.  

¿Con quién se queda el perro?

Entre las novedades más llamativas de la legislación está el requerimiento de fijar el destino del animal ante las autoridades judiciales cuando sus dueños deciden separarse o divorciarse.

Cristina Rodrigues, jurista y miembro de la comisión política de Personas, Animales y Naturaleza (PAN) –el partido que promovió el estatuto dentro del Parlamento luso–, explica que fue necesario enmarcar esta obligación en un texto judicial debido a las elevadas tasas de abandono animal registradas tras divorcios en Portugal.

“A veces quedan abandonados porque ninguno de los dueños pretende quedarse con la mascota que han tenido en común, pero en otras situaciones es que ambos quieren, pero no llegan a un acuerdo entre los dos”.

“Ahora, de la misma manera que los cónyuges tienen la obligación de identificar sus hijos en común ante el Tribunal, también tienen que señalar si tienen mascotas también. En caso de cualquier tipo de litigio, es el juez quien decide el futuro de los animales tal y como haría con hijos: tomando en cuenta el bienestar del animal”.

Una mujer junto a su mascota, en un balcón de Lisboa Reuters

Aunque la ley no prevé la posibilidad de imponer el pago la pensión alimenticia de un animal, influirá la capacidad económica de cada dueño en la asignación de la custodia. En principio, al quedar al criterio del juez, también sería factible el establecimiento de un régimen de custodia compartida.

En el caso de divorcios por muto acuerdo, el profesor Mota Pinto revela que la pareja tendrá que presentar un acuerdo sobre la guardia y atribución de los animales ante el Registro Civil. “Al igual que es imposible un divorcio de este tipo sin un acuerdo sobre el destino de los hijos, lo será también sin acuerdo sobre las mascotas; condiciona la separación”.

Tres años de cárcel por robar un animal

El nuevo Estatuto intenta fortalecer legislación vigente –como la obligación de ofrecer agua y comida suficiente, vacunarles y llevarles al veterinario de manera periódica– incluyendo nuevos aspectos que reconocen la dignidad intrínseca de los animales.

Aunque a veces parece contemplar aspectos jurídicos aleatorios, el estatuto intenta rellenar los vacíos legales existentes estableciendo nuevas reglas que sirven para guiar a los lusos en los problemas que surgen en sus interacciones más frecuentes con los animales.

¿Si alguien encuentra un animal perdido, cuál es su responsabilidad legal? Según el texto, quien halle un animal tiene que intentar buscar al dueño legítimo –a través de anuncios puestos en sitios visibles e informando a las autoridades pertinentes–, pues no hacerlo le pone en riesgo de ser acusado de haber robado la criatura, delito que ahora conlleva una pena de hasta tres años de prisión.

¿Qué pasa si alguien encuentra un animal y le coge cariño? Si aparece, el animal tiene que ser devuelto a su dueño legítimo, pero este tiene la obligación de indemnizar a quien haya encontrado a la criatura le por cualquier gasto incurrido en la manutención de la misma. No obstante, si el dueño legítimo no es localizado en el plazo de un año, quien haya encontrado al animal se lo puede quedar.

¿Qué pasa si encuentra un animal que parece haber sido maltratado? Hasta ahora los animales eran considerados cosas: aunque se podía denunciar al dueño por maltrato, el ciudadano medio no podía intervenir directamente. Con el cambio del estatuto, al ser considerado un ser vivo, cualquier persona puede retener a un animal si hay señal de maltrato (que deberá ser denunciada ante las autoridades).

¿Qué pasa si alguien hiere o mata un animal suyo? Mientras que antes sólo se contemplaba la indemnización según el valor monetario asignado al animal, el nuevo estatuto reconoce la indemnización por el sufrimiento moral que provoca semejante acto. La cantidad será fijada por el Tribunal una vez se denuncie la agresión o muerte.

El jurista Mota Pinto señala que otro avance en la legislación es que la indemnización por daños físicos ahora se garantiza incluso si ese gasto total termina por ser superior al valor monetario que se le puede atribuir al animal. “Si alguien atropella a tu perro, no puede rechazar pagar la factura del veterinario, hasta si esta asciende a un total mucho mayor que el coste que pueda suponer comprar otro perro”.

Legislación excesivamente vaga

Pese a los esfuerzos de reforzar la legislación vigente, siguen habiendo incongruencias significantes en los textos legales que rigen el bienestar de los animales en Portugal.

Desde hace años existen leyes que castigan el abandono o el maltrato de los animales –con penas de hasta seis meses y un año de prisión, respectivamente–, pero en la práctica la legislación tiene demasiados vacíos legales para ser efectiva, y de los 1330 delitos de este tipo denunciados en 2015 sólo 53 casos llegaron a los tribunales, y en apenas tres ocasiones hubo condena.

Expertos legales señalan que las leyes actuales están escritas de tal manera que su aplicación efectiva es complicada. Si un animal es abandonado por una familia pero hallado por una tercera persona antes de que su vida entre en peligro, técnicamente no ha habido crimen. Igualmente, aunque es delito acabar con la vida de un animal de tal manera que le provoque sufrimiento, es enteramente legal matar una criatura por cualquier motivo, siempre que se haga sin sadismo evidente. A efectos prácticos, esto quiere decir que si al final de la temporada los cazadores lusos no quieren hacerse cargo de sus perros, están en su pleno derecho si deciden pegarles un tiro a la cabeza.

“No es un ámbito legal particularmente fácil”, concede el jurista Mota Pinto, que reconoce que la ley lusa intenta acomodar la variedad de perspectivas que existen sobre el asunto.

“El concepto de maltrato, por ejemplo, puede variar entre personas. Lo que puede parecer un proceso racional de sacrificio para alguien que trabaja en un matadero puede suponer un acto de maltrato para otra persona”.

“La ley que prohíbe el maltrato lo que estipula es que es crimen infligir sufrimiento sin motivo legítimo. En este sentido, complica emplearla para intentar prohibir las corridas de toros, por ejemplo, porque los taurinos pueden argumentan que el hecho de que la tauromaquia sea una tradición arraigada en Portugal, con gran impacto económico, sea motivo legítimo suficiente para justificar cualquier sufrimiento del toro”.

Pequeños avances

Desde la elección de su primer diputado a finales de 2015, PAN ha intentado solventar estos vacíos con nueva legislación. Al ser parte de la coalición de izquierdas que actualmente sostiene al Gobierno minoritario del socialista António Costa, el partido ha contado con bastante apoyo dentro del Parlamento y logrado victorias como la promulgación del Estatuto de los Animales y la aprobación de una ley que prohibirá el sacrificio de animales abandonados a partir de 2018.

Sin embargo, en otros casos ha sido imposible modificar la legislación vigente. Un proyecto de ley que pretendía codificar el animalicidio fue rechazado por los diputados lusos, como también una propuesta que pretendía extender la protección legal contra el maltrato a todos los animales –no sólo las mascotas–.

“Continúa habiendo cierto miedo a este tipo de avance, muy ligado a los intereses y los lobbies corporativos del sector de la ganadería”, lamenta el diputado del PAN, André Silva, que entiende que los ganaderos están por detrás de la oposición política temen ser denunciados por malos tratos.

Pese a las derrotas puntuales, durante lo que queda de la legislatura PAN planea presentar nuevas propuestas para mejorar las condiciones de vida de los animales lusos, entre ellas una ley que criminalizará la zoofilia y otra que impediría a quienes maltraten un animal ser dueños de mascotas durante un periodo de diez años.

“Todavía hay un largo camino por recorrer”, afirma Rodrigues, jurista del partido. “El Estatuto es un primer paso de gran importancia, pues deja atrás la visión utilitaria de los animales y finalmente les reconoce como seres biológicos, como realidades jurídicas. Vamos avanzando hacia la protección real de los animales”.