Si algo han dejado claro los últimos atentados de Londres y Manchester es que Reino Unido es objetivo preferente del autoproclamado Estado Islámico al mismo nivel que los países de la Europa continental. Pero la colaboración internacional necesaria para detectar y desarticular las redes yihadistas o para identificar y arrestar a los terroristas está en riesgo con el "brexit duro" que persigue la primera ministra británica, Theresa May.
Tras su salida de la UE el 29 de marzo de 2019, Londres perderá el acceso a las bases de datos policiales comunitarias y quedará fuera de Europol y de la euroorden de detención y entrega. La lucha antiterrorista en Europa se verá debilitada a menos que el Gobierno británico y los 27 lleguen a un acuerdo específico en materia de seguridad.
En la actualidad, Londres es uno de los principales usuarios de las bases de datos europeas para la lucha antiterrorista. El 40% del tráfico de datos en Europol tiene su origen o algún tipo de relación con Reino Unido. El Gobierno británico está también entre los principales contribuyentes al sistema de información del espacio Schengen (SIS), que se utiliza para el control de fronteras. El SIS contiene 70 millones de registros y fue consultado 2.900 millones de veces en 2015. Suministra información y alertas sobre migrantes irregulares y sospechosos de terrorismo (alrededor de 8.000).
Tanto el director de Europol, el galés Rob Wainwright, como el último comisario británico, Julian King, que ocupa la cartera de Seguridad, han apremiado a May para que alcance un acuerdo con la UE en materia de lucha contra el terrorismo. En una entrevista a EL ESPAÑOL, King dejó claro que hay muchas soluciones para que Londres siga participando en Europol. "Es importante para Reino Unido solucionar esto. Se trata de la seguridad del país. No sólo de la seguridad de Reino Unido, sino también de la de Europa", avisa Wainwright.
También los 27 ven importante mantener la cooperación antiterrorista con Londres tras el brexit. En su plan de negociación, los líderes europeos dejaron claro que las relaciones futuras con Reino Unido no deben limitarse al comercio, sino extenderse a otras áreas, "en particular la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional, así como la seguridad, la defensa y la política exterior".
El precio del no acuerdo
En Bruselas sentó muy mal la amenaza implícita contenida en la carta de divorcio de May, que sugería que si las negociaciones del brexit se saldan sin acuerdo "nuestra cooperación en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo se vería debilitada". Durante la campaña electoral para las elecciones del próximo jueves, la primera ministra británica ha repetido que prefiere marcharse de la UE sin acuerdo que con un pacto que no recoja todas sus aspiraciones.
¿Qué consecuencias tendría para la seguridad el fracaso de las negociaciones del brexit? "El impacto sería desastroso", explica a EL ESPAÑOL Camino Mortera, investigadora del Centre for European Reform (CER) y autora de un estudio sobre estas cuestiones. "La cooperación antiterrorista o contra el crimen organizado se paralizaría. Las extradiciones se detendrían, Reino Unido no podría acceder a las bases de datos europeas ni tampoco participar en Europol o en Eurojust (el órgano de coordinación policial)", resalta.
No sólo los británicos saldrían perdiendo, también el resto de la Unión Europea. Sería "dejar de tener como socio a uno de los países con los servicios de seguridad e inteligencia más importantes del mundo", asegura la investigadora del CER. Londres ha sido la principal impulsora de algunas de las iniciativas recientes más importantes de la UE en materia de lucha contra el terrorismo, como el registro de datos de pasajeros aéreos (PNR, por sus siglas en inglés).
¿Un pacto fácil?
No hay ningún precedente de un país que esté fuera de la UE y del espacio Schengen con acceso a las bases de datos policiales comunitarias. Pero también es la primera vez que un país abandona la Unión. Un posible pacto entre Bruselas y Londres para combatir el terrorismo resulta en teoría "más fácil" que cuestiones como el divorcio o el futuro acuerdo comercial, según Mortera.
"Más que nada porque hay una voluntad política muy clara de las dos partes. Tanto unos como otros saben que con el tema de la seguridad, como estamos viendo, no se la pueden jugar y tienen a la opinión pública a favor", detalla la investigadora. Pero como siempre en las negociaciones de la UE, el diablo está en los detalles.
Tras el referéndum de diciembre de 2015 en el que triunfó la opción de salirse de Europol, el Gobierno danés ha tardado casi un año y medio en lograr un acuerdo con Bruselas para mantener la cooperación policial. Aún así, las fuerzas de seguridad danesas ya no tienen acceso directo para consultar cuando quieran la base de datos de Europol. A partir de ahora deben enviar una petición de información cada vez que necesiten, lo que alarga los plazos de respuesta.
La UE y Londres necesitarán soluciones "creativas" si quieren conservar el actual nivel de colaboración. "Reino Unido no va a tener ese estatus privilegiando que está buscando si no relaja sus líneas rojas en dos cuestiones: su negativa a someterse a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE y su rechazo a seguir aportando fondos europeos", dice Mortera. Londres deberá aceptar contribuir al presupuesto de Europol y permitir que la justicia europea controle la aplicación de las normas sobre protección de datos.
Uno de los factores que podría facilitar el acuerdo antiterrorista es el pasado de Theresa May como ministra del Interior entre 2010 y 2016. La primera ministra, cuya reelección dan por segura la mayoría de las encuestas, conoce en profundidad la política de seguridad de la UE y sabe las concesiones que tendrá que hacer para que no haya una ruptura.