A falta de tres meses para que se cumpla el plazo fijado de dos años, la Unión Europea sólo ha repartido entre sus países miembros a 20.869 demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia. Se trata de apenas el 13% de los 160.000 comprometidos en septiembre de 2015, en pleno apogeo de la crisis de refugiados. La solidaridad entre los países europeos no ha funcionado. En particular, los Gobiernos euroescépticos de Polonia y Hungría se han negado a acoger a ningún refugiado, mientras que República Checa únicamente ha aceptado a doce.
Tras un gran número de avisos ignorados durante el último año y medio, la Comisión Europea ha lanzado este martes expedientes sancionadores contra Varsovia, Budapest y Praga. Una decisión que amenaza con agravar la fractura entre la Europa del este y la del oeste provocada por la crisis migratoria. Bruselas y Alemania son los máximos impulsores del sistema de reparto, mientras que los países del este se opusieron desde el principio.
"La reubicación (de demandantes de asilo) no es una opción. Además de un compromiso moral, es una decisión legal con obligaciones legales acordadas colectivamente y que deben llevarse a cabo sin excepciones", ha dicho el comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos. "Lamento decir que pese a nuestros repetidos llamamientos para que acojan, República Checa, Hungría y Polonia todavía no han tomado las medidas necesarias. Espero sinceramente que estos Estados miembros todavía puedan reconsiderar su posición y contribuir de forma justa", ha subrayado Avramopoulos.
La apertura de un procedimiento de infracción es sobre todo una señal política con apenas consecuencias legales. Los tres países disponen ahora de un plazo de dos meses para presentar alegaciones. Si sus argumentos no le convencen, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Sólo cuando haya sentencia condenatoria se empezaría a hablar de multas. Se trata de un proceso que durará años, y que en ningún caso se resolverá a tiempo para responder a la actual crisis migratoria.
De hecho, Hungría se adelantó a Bruselas y ha presentado, junto con Eslovaquia, un recurso ante el TJUE contra el sistema de cuotas obligatorias de refugiados. Alega que el reparto invade competencias nacionales en materia de inmigración. Esta queja se dirimirá antes que el expediente que acaba de lanzar la Comisión: la opinión del abogado general se espera ya para el 26 de julio.
Los países del este justifican además su negativa a acoger refugiados por motivos de seguridad y por el temor a una islamización de sus sociedades. "República Checa no está de acuerdo con el sistema de reubicación. Teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación de seguridad en Europa y la disfuncionalidad de las cuotas, no participaremos en ellas", ha dicho el primer ministro, Bohuslav Sobotka, a la agencia Reuters.
España, por debajo de la media
Tampoco Austria ha acogido hasta ahora a ningún refugiado procedente de Italia o Grecia, los países más afectados por la crisis. El Gobierno de Viena alegaba sufrir una fuerte presión por los sirios que llegaban al país a través de la ruta de los Balcanes. Pero esta ruta se cerró hace ya más de un año. Ahora, las autoridades austriacas se han librado del expediente de Bruselas por su compromiso de acoger de inmediato a 50 migrantes procedentes de Italia.
En España, la acogida de refugiados avanza muy lentamente: en el último mes no ha habido ninguna nueva relocalización. El Gobierno de Mariano Rajoy sólo ha acogido en un año y seis meses a 886 solicitantes de protección internacional, el 5,4% de la cuota asignada por la UE.
En el otro extremo de la clasificación, Malta es el único país miembro que ya ha cumplido, mientras que Letonia y Noruega (que aunque no es miembro de la UE participa en el plan) están a punto de hacerlo. También Estonia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo y Portugal van por el buen camino para respetar sus obligaciones.
Bruselas ha asumido que será imposible cumplir el compromiso de 160.000 reubicados y propone una cifra alternativa mucho más modesta. Se conforma con repartir de aquí a septiembre a los 13.000 refugiados que se encuentran ya registrados en Grecia e Italia. Y avisa además de que la obligación de los países miembros de acoger a demandantes de asilo no caduca: están cubiertas todas las personas que lleguen a estos dos países antes del 26 de septiembre de 2017.
Pero lo cierto es que la política migratoria común no avanza en Bruselas. El mecanismo permanente de reparto de demandantes de asilo propuesto por la Comisión en mayo de 2016 sigue bloqueado un año después por las divisiones entre la Europa del este y del oeste. Y con pocos visos de prosperar.
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