La Eurocámara acusa a May de tratar a los europeos como ciudadanos de segunda

"Mejora la oferta del brexit a los ciudadanos de la UE o vetaremos el acuerdo". Este es el contundente mensaje que le han enviado este lunes a la primera ministra británica, Theresa May, los principales partidos políticos de la Eurocámara. En una declaración conjunta publicada por el periódico The Guardian, los portavoces de los cinco grupos mayoritarios denuncian que el plan de May para garantizar los derechos de los europeos que se queden en Reino Unido tras el brexit lo que hace en realidad es convertirlos en "ciudadanos de segunda". 

El derecho a quedarse se ha convertido ya en el primer escollo de las negociaciones del brexit, cuya segunda ronda se celebra el próximo 17 de mayo. La UE pide que los derechos adquiridos de los europeos residentes en Reino Unido (y de los británicos que viven en el continente) se mantengan de por vida y se extiendan también a los familiares. Es la postura que ha defendido el negociador de la UE, el conservador francés Michel Barnier, en nombre de los 27. En estos momentos viven en Reino Unido alrededor de 3,3 millones de europeos, de los cuales alrededor de 100.000 son españoles.

En contraste con la posición europea, May ha ofrecido crear un nuevo estatuto de "asentados en Reino Unido", que incluye los mismos derechos que los ciudadanos británicos en sanidad, educación, prestaciones sociales y pensiones. Pero no aclara qué pasa con los familiares ni cuál es la fecha de corte, pide muchos trámites burocráticos, y rechaza que el Tribunal de Justicia de la UE ejerza labores de control. 

¿Qué pasa con los nuevos bebés?

La Eurocámara tacha el plan de May de "petardo mojado" porque otorga a los europeos en Reino Unido "menos derechos de los que se ofrecen a los británicos que viven en la UE". "Los europeos no sólo perderán su derecho a votar en las elecciones locales, sino que los miembros de sus familias estarán sujetos a requisitos de ingresos mínimos y no está claro cuál será el estatus de los bebés postbrexit". "Esto conlleva un riesgo real de crear una ciudadanía de segunda clase", subraya la declaración conjunta.

A juicio de los eurodiputados, el plan británico incumple incluso el programa de campaña de los partidarios de salir de la Unión Europea, que antes del referéndum del 23 de junio prometieron tratar a los ciudadanos de la UE "de forma no menos favorable que la actual".

El Parlamento lamenta además que Reino Unido quiera "convertirse en el nuevo campeón de la burocracia", ya que exige a los europeos una gran cantidad de papeleo si quieren quedarse. Y se queja de que las propuestas de May siguen dejando muchos interrogantes: ¿tendrán que pagar más los estudiantes europeos en las universidades británicas? ¿se les seguirán reconociendo a los médicos europeos sus cualificaciones en Reino Unido? ¿qué pasa con los que trabajan en Reino Unido pero viven en la UE?

Amenaza de veto

Los diputados dejan claro que nunca aceptarán que se prolongue el plazo de dos años de las negociaciones de divorcio porque Reino Unido debe estar ya fuera de la UE para las elecciones europeas de 2019. Eso significa que el pacto de separación tendrá que someterse a votación del Parlamento Europeo como muy tarde a principios de 2019.

"El Parlamento Europeo se reserva su derecho a rechazar cualquier acuerdo que trate a los ciudadanos de la UE, independientemente de su nacionalidad, de forma menos favorable que ahora. Se trata de los derechos fundamentales básicos y los valores que están en el corazón del proyecto europeo", concluye la declaración.

El texto está firmado por los líderes del grupo popular, Manfred Weber; socialista, Gianni Pittella; liberal y portavoz para el brexit; Guy Verhofstadt; verdes, Ska Keller y Phillippe Lamberts; e Izquierda Unitaria, Gabi Zimmer. Sus partidos suman en total 575 de los 751 miembros de la Eurocámara. Es decir, disponen de una mayoría aplastante para cumplir su amenaza de vetar el acuerdo de divorcio.

Pero la propuesta de May tampoco ha gustado a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. La consideran insuficiente y creen que restará derechos a los europeos que viven en Reino Unido.