'Guerra' entre ministros y otros obstáculos de May ante el 'brexit'

“Ahora vamos a entrar en la esencia de la cuestión”, señalaba este lunes desde Bruselas el ministro británico para el brexit, David Davis, en compañía del jefe negociador de la UE, Michel Barnier, antes del comienzo de la segunda ronda de diálogo sobre la salida de Reino Unido de los Veintiocho. “Es hora de trabajar y hacer de ésta una negociación exitosa”.

Tras una primera toma de contacto el mes pasado, los equipos negociadores de Londres y Bruselas abordan ahora aspectos de la separación como el futuro de los expatriados o la factura del divorcio. El jueves habrá una declaración pública sobre los progresos.

Pero pese al discurso optimista de Davis, el Gobierno de Reino Unido afronta múltiples desafíos cuando las negociaciones se adentran en una fase crucial, empezando por las divisiones entre sus ministros. Estos son los principales problemas del Ejecutivo de Theresa May:

¿Ministros enfrentados?

Desde hace unos días el Gobierno británico vive una aparente guerra interna, con el ministro de Finanzas, Philip Hammond, como blanco principal.

Durante el fin de semana emergieron filtraciones atribuidas a miembros no identificados del gabinete de May según las cuales Hammond habría asegurado que los trenes modernos son tan fáciles de manejar que “incluso una mujer puede hacerlo” y que los funcionarios “cobran demasiado”.

Un ministro anónimo ha dicho al Telegraph que Hammond quiere “frustrar” la salida de Reino Unido de la UE y que trata a sus colegas euroescépticos como si fueran “piratas que lo tienen secuestrado”.

Mientras, el propio Hammond ha afirmado públicamente que los comentarios proceden personas que se oponen a su visión para el brexit, que prioriza la economía frente al control migratorio, aun quitando hierro a las divergencias en el seno del Ejecutivo.

Preguntado este lunes sobre la disputa, el titular de Exteriores británico y cabeza de la campaña por el brexit, Boris Johnson, ha evitado pronunciarse, informa Reuters.

El conflicto tiene lugar en un momento en que el futuro político de May se dibuja incierto después de que su maniobra de celebrar elecciones anticipadas despojara a los tories de su mayoría parlamentaria.

Revuelta en el Parlamento

La semana pasada el Gobierno presentó su llamada 'Gran Ley de Derogación' para transponer la legislación europea al ordenamiento británico y evitar un corte radical tras la desconexión.

La medida deja fuera, sin embargo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otorga poderes especiales al Ejecutivo para poder modificar las leyes vigentes. Esto ha puesto a la oposición en pie de guerra y acorralado al Ejecutivo.

El Partido Laborista ha prometido votar en contra a no ser que el Gobierno haga ciertas concesiones, entre ellas, la inclusión de la Carta Derechos Fundamentales de la UE.

Por su parte, los ministros principales de Gales y Escocia han denunciado la ley como una maniobra del Gobierno para obtener más poder y han amenazado con una “inmensa crisis constitucional” si la medida sale adelante sin el consentimiento de los parlamentos regionales.

Por ahora, May ha pospuesto debatir la medida hasta otoño.

El temor de que la ausencia de mayoría parlamentaria pueda entorpecer el brexit y su negociación pareció confirmarse el lunes después de que David Davis abandonara Bruselas tras reunirse durante sólo una hora con el equipo europeo para luego participar en dos votaciones en Westminster.

El departamento que dirige, sin embargo, aseguró que su regreso a Londres estaba previsto y no tenía que ver con la agenda parlamentaria, informa el Guardian.

“Ciudadanos de segunda”

A finales de junio el Gobierno británico desveló lo que califica de “oferta seria y justa” sobre los derechos de los expatriados europeos en Reino Unido.

La oferta consiste en que los ciudadanos europeos presentes en Reino Unido antes de una fecha de corte aún por especificar que reúnan las condiciones requeridas hoy día para obtener la residencia permanente podrán solicitar un estatus especial de “afincado” para continuar en el país.

Aquellos presentes antes de la fecha de corte que no cumplan los requisitos se les ofrecerá la oportunidad de vivir en el país -un periodo de gracia- hasta poder solicitar ese estatus especial.

Asimismo, tras el brexit, los derechos de los expatriados europeos quedarían fuera de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, de la que May ha prometido huir.

El jefe negociador de la UE respondió a la oferta reclamando más “ambición claridad y garantías” y que los expatriados debían mantener el mismo nivel de protección que bajo la ley europea.

Hace dos fines de semana el representante del Parlamento Europeo para el brexit, el liberal Guy Verhofstadt, amenazó a través de un artículo en The Guardian con vetar el acuerdo final de divorcio si Reino Unido no mejoraba su proposición. “Esto conlleva el riesgo de crear ciudadanos de segunda”, alertaba.

Con todo, el jefe de la diplomacia británica ha vuelto a defender este lunes en Bruselas la propuesta de su Gobierno.

Facturas pendientes

Una de las cuestiones más espinosas de la negociación es la factura del divorcio. La UE quiere que Reino Unido cumpla lo que considera sus compromisos financieros aunque abandone la UE, que se especula que podrían ascender hasta 100.000 millones de euros.

Aunque la UE no ha ofrecido oficialmente una cifra, el secretario de Exteriores británico señaló la semana pasada que las sumas que había visto le parecían exorbitantes y sugirió a la UE que esperara silbando el pago.

Tras el polémico comentario, sin embargo, el Gobierno británico indicó por primera vez que estaba dispuesto a pagar en una declaración escrita al Parlamento el pasado jueves. “Trabajaremos con la UE para determinar un acuerdo justo de los derechos y obligaciones de Reino Unido como Estado miembro saliente”, reza el texto.

Por su parte, el líder de la oposición en Reino Unido ha reclamado que el país “pague lo que legalmente debe”.