Enclaustrada en cuatro paredes de PVC, Giuseppina Fattori se las va apañando con una estufa para pasar el otoño frío que se anuncia en los Apeninos centrales. Tiene 95 años y desde hace días vive en una caseta prefabricada, como las que se levantan en las obras, después de que la Justicia italiana la desahuciara del chalet de madera en el que se refugiaba tras los terremotos del año pasado. Dispone de agua y luz, aunque para ir al baño tiene que salir a la calle. “Es una vergüenza, las condiciones son para morirse”, responde al teléfono. Y, sin embargo, no piensa en renunciar a ellas con tal de quedarse allí.
En este lugar remoto llamado San Martino di Fiastra, una pequeña aldea de poco más de 500 habitantes ubicada entre las montañas del centro de la península italiana, donde uno más o uno menos cuenta. Aquí residía hasta que en octubre del año pasado un seísmo dejó su vivienda inutilizable. Se vio obligada a mudarse con su hija a Castelfiardo, a unos 100 kilómetros de San Martino. Resistió un par de meses, pero un día, aprovechando la ausencia de hija y yerno, llamó a hurtadillas a un familiar que le ayudó a volver a su pueblo de toda la vida.
La familia había comprado esta caseta hace 20 años para refugiarse de otro fuerte terremoto que sacudió entonces la zona. Un hornillo, la estufa y cuatro cosas más en dos metros de ancho por cinco de largo. Suficientes para Peppina, que “no estaba dispuesta a morir en otra parte”, asegura su hija Gabriella Turchetti. San Martino había quedado despoblado, las casas pendientes de evaluación. Así que, ante en el empeño de la mujer, sus hijas decidieron levantar a toda prisa en un terreno de su propiedad una vivienda de madera para que la anciana pasara sus últimos días en un lugar digno.
Solicitaron los servicios de un ingeniero que desarrolló un plan antisísmico, respetando además las pericias geológicas y otras normas comunales como una determinada distancia con la carretera. El pueblo queda dentro de un parque nacional, por lo que la licencia urbanística puede llegar a tardar cerca de un año. De modo que hicieron caso omiso para que Peppina pudiera disfrutar de un nuevo hogar lo antes posible. Pasó allí varios meses, con calefacción, mobiliario nuevo, un pequeño jardín y un mínimo de comodidad. Sin embargo, hace varias semanas llegó una denuncia de la Guardia Forestal que alega que la construcción no contaba con aprobación de las leyes paisajísticas.
Desalojada tras el terremoto, la señora fue desahuciada una vez más. Un tribunal de Macerata, provincia a la que pertenece San Martino di Fiastra, decretó la incautación de la casa y le dio a la mujer 15 días de plazo para abandonarla. Tiempo suficiente para que llegaran al pueblo -desierto tras el terremoto- voluntarios de varios países, se organizaran manifestaciones y hasta una campaña con el lema de “Salvemos a Peppina”.
El caso se convirtió en escándalo nacional. Y en esas, el líder del partido de extrema derecha Liga Norte, Matteo Salvini, aprovechó para hacer bandera de su apuesta por la asistencia a los italianos antes que los que vienen de fuera. Se sumó a las protestas, acudió al pueblo y se hizo un selfie con la abuela, con el que ahora hace campaña por la causa.
Alojados en campings y hoteles
El traslado definitivo se produjo hace unos días, cuando expiró el plazo fijado sin posibilidad de apelación. “No me han explicado nada, no me han dicho nada”, asegura Giuseppina desde la caseta prefabricada, a la que se mudó con toda la entereza posible. Su hija Gabriella es más explícita, sostiene que la reacción de su madre fue “como si se le hubiese caído el mundo encima por segunda vez tras el terremoto”. Le ha pedido a la anciana que vuelva a vivir con ellos, pero Peppina responde que “tras más de 70 años en el pueblo, no es el momento para irse”. Nació hace casi un siglo a unos pocos kilómetros y San Martino ha sido su hogar desde que se casó.
La familia lamenta que en todo este tiempo, las autoridades tampoco le han facilitado otra vivienda a la mujer. La alternativa para los desalojados de esta zona fue el traslado a campings y hoteles de la costa del Adriático, a unos 100 kilómetros de sus casas. Una solución que lleva siendo temporal desde hace más de un año.
El terremoto que afectó más gravemente a la provincia de Macerata no dejó víctimas mortales, por lo que la mayor parte de los fondos –el Gobierno prometió unos 5.000 millones de euros en los próximos tres años- han ido a parar a Amatrice y sus alrededores, donde hubo casi 300 fallecidos. Allí todos los desahuciados tienen donde alojarse, aunque hace poco más de un mes los escombros seguían en el mismo sitio.
De acuerdo a las leyes del territorio, la casa de Giuseppina es considerada ilegal, por más que cumpliera las leyes antisísmicas. El pasado agosto otro terremoto de magnitud 4 en la isla de Ischia dejó dos muertos, varias decenas de heridos y más de 2.000 deslojados. En aquella zona cerca de un 80% de las viviendas también son ilegales y además no cumplían con los requerimientos arquitectónicos para resistir un seísmo mucho más leve que los se produjeron el año anterior en el centro de Italia.