El glifosato, el herbicida de la discordia que divide a la Unión Europea

De los debates oscuros en el ámbito científico y del trabajo de los agricultores, el glifosato ha saltado en los últimos meses a la primera página de la prensa de toda la UE y al debate político de máximo nivel. Incluso primeros ministros como el belga Charles Michel se pronuncian sobre sus supuestos riesgos para la salud, aunque los estudios científicos son contradictorios. Una iniciativa ciudadana para prohibir el herbicida ha recabado más de un millón de firmas en menos de un año y ha logrado que se organice una audiencia pública en la Eurocámara en noviembre.

La licencia de este controvertido herbicida, el más usado del mundo desde que se empezó a utilizar en 1974 y que tiene a la multinacional estadounidense Monsanto como principal productora, expira el próximo 15 de diciembre en Europa. Y los Estados miembros están totalmente divididos sobre si es necesario prorrogarla otros cinco años o si es mejor dejar que expire y prohibirlo.

La cuenta atrás avanza ya imparable. La próxima reunión de los 28 para intentar decidir está convocada para el 9 de noviembre. En un intento de encontrar un compromiso, la Comisión Europea ha propuesto ampliar la licencia sólo cinco años, en lugar de los quince que marca como norma la legislación comunitaria. Pero hasta ahora nunca ha logrado una mayoría suficiente de países a favor o en contra de sus propuestas. Aunque en teoría Bruselas tiene la última palabra, ya ha amenazado con dejar expirar la licencia si no tiene bastantes apoyos entre los Estados miembros.

En el último encuentro que tuvo lugar el 25 de octubre, un total de 16 países votaron prorrogar 10 años la licencia del glifosato. Se trata de España, Bulgaria, Dinamarca, República Checa, Estonia, Irlanda, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Holanda, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Reino Unido. Otros 10 Estados miembros se oponen: Bélgica, Grecia, Croacia, Francia, Italia, Luxemburgo, Malta, Austria, Eslovenia y Suecia. Portugal y Reino Unido se abstienen.

Por su parte, la Eurocámara rechazó la semana pasada el plan de Bruselas de renovar la licencia del glifosato 10 años más. En su lugar, pide eliminar paulatinamente este herbicida hasta prohibirlo totalmente en 2022.

"España apoya la propuesta de la Comisión para la renovación tras evaluar los informes elaborados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) en los que concluyó que el glifosato tiene escaso potencial de ser cancerígeno o genotóxico. También la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) ha concluido que, a la luz de los conocimientos científicos actuales, el glifosato no puede ser considerado como carcinógeno, mutagénico o tóxico para la reproducción", explican a EL ESPAÑOL fuentes del ministerio de Agricultura.

Informes contradictorios

El gran problema es que los informes científicos son contradictorios. En marzo de 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato como "probablemente carcinógeno" para las personas. Un dictamen que hizo saltar todas las alarmas sobre todo porque este herbicida está tan extendido que sus residuos se han encontrado en el 45% de la capa vegetal de Europa y en la orina de tres de cada cuatro alemanes a los que se ha analizado.

Pero tanto la ECHA como la EFSA han descartado que el glifosato sea cancerígeno en estudios posteriores al de la OMS. "La EFSA ha basado toda su revisión en informes de Monsanto y se ha visto que ha hecho incluso una labor de copia y pega de páginas enteras del propio informe de Monsanto sobre los riesgos del glifosato", explica a EL ESPAÑOL Luís Ferreirim, responsable de Agricultura de Greenpeace España.

"Al haber esta discordancia (entre la OMS y la EFSA), lo que nosotros consideramos es que se tiene que aplicar el principio de precaución. Deberíamos ir hacia una prohibición aunque sea progresiva", reclama el portavoz de Greenpeace.

"Nosotros como agricultores europeos creemos que el glifosato debe aprobarse por una simple cuestión: que la EFSA y la ECHA han dado su aprobación y dicen que no es una sustancia cancerígena. Eso debería acabar el debate. Porque esto es una cosa científica, no creemos que deba ser un debate político. Las leyes europeas están muy claras y deben respetarse. De lo contrario, crearemos un precedente muy peligroso", señala a este periódico José María Castilla, director de la oficina en Bruselas de la organización agraria ASAJA.

¿Impacto en la agricultura?

La prohibición del glifosato tendría un "impacto directo" en la agricultura española, resalta el portavoz de ASAJA. En concreto, podría provocar pérdidas al sector por valor de 2.124 millones de euros y una destrucción de casi 5.000 empleos, según un estudio elaborado por PwC. La producción por hectárea disminuiría en un 10% en promedio para el conjunto de cultivos, aumentaría la carga de trabajo para los agricultores y también los costes.

"Pedimos que no prohiban un producto cuando no hay alternativa", resalta Castilla. Revocar la licencia perjudicaría además a la lucha contra el cambio climático. "Si se prohíbe el glifosato, tendríamos que utilizar tractores para matar las hierbas, es decir, tendríamos más emisiones de CO2", alega el representante de ASAJA.

"No es un riesgo para los agricultores. España es la máxima potencia en agricultura ecológica en Europa y los quintos en el mundo y cada año demuestra que es posible hacer una agricultura sin plaguicidas químicos peligrosos. En la agricultura ecológica no está permitido el uso de herbicidas como el glifosato y por lo tanto se ponen en marcha otras soluciones", replica el portavoz de Greenpece.

A juicio de Ferreirim, si el Gobierno español aprueba la renovación de la licencia del glifosato es porque "está recibiendo una fuerte presión por parte de la industria y del sector agrícola español". "El sector agrícola español en general quiere que este producto químico se mantenga en el mercado", alega.

Para el representante de Asaja, la oposición al glifosato se basa únicamente en criterios políticos. Y el principal motivo es que su fabricante es la multinacional estadounidense Monsanto, que también produce transgénicos. "Son una especie de tipos malos contra los que todo el mundo a priori quiere estar en contra", sostiene Castilla. La solución final llegará en los próximos días.