El caso Puigdemont amenaza con hacer estallar la euroorden

El caso contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus exconsellers huidos a Bélgica -que empieza a tramitarse este viernes en la Cámara del Consejo de Bruselas- supone una prueba de fuego para la orden europea de detención y entrega. España impulsó la aprobación de la euroorden para poner fin a las injerencias políticas y los plazos eternos en los procedimientos de extradición tradicionales. En aquel momento, se trataba de acabar con los santuarios de ETA en Bélgica, Francia o Portugal. Los atentados del 11-S de 2001 en Nueva York y Washington convencieron al resto de socios europeos.

Como antídoto a las intervenciones políticas y los retrasos constantes, la euroorden fija un plazo límite de 60 días para la entrega; se tramita de juez a juez, de forma despolitizada; y se basa en la confianza mutua de que todos los países de la UE tienen sistema judiciales justos y garantías legales plenas. Desde su entrada en vigor en 2004 ha funcionado razonablemente bien a la hora de acelerar las entregas, según los informes de Bruselas. Pero el caso de Puigdemont, el de perfil más político hasta ahora, amenaza con hacer estallar todas las costuras de este instrumento. 

"El de Puigdemont es un caso realmente excepcional, un test que pone a prueba el mecanismo de la orden de detención europea y el principio de confianza mutua entre las autoridades judiciales de la UE", explica a EL ESPAÑOL Anne Weyembergh, especialista en derecho penal comunitario de la Universidad Libre de Bruselas y presidenta de su Instituto de Estudios Europeos.

El expresidente catalán y los cuatro exconsellers -Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret- comparecen desde las 14:00 horas de este viernes ante la Cámara del Consejo en una vista a puerta cerrada para dirimir sobre la euroorden emitida por la Audiencia Nacional. La juez Carmen Lamela les acusa de cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación.

Los abogados de Puigdemont  -entre ellos el representante histórico de ETA en Bélgica, Paul Bekaert- piden al tribunal belga que rechace su entrega. Alegan que en España será sometido a un "juicio político". Es decir, que no se le persigue por hechos constitutivos de delito sino por sus ideas políticas independentistas. La denegación de un juicio justo constituye una vulneración de derechos fundamentales que justificaría tumbar la euroorden.

De momento, la Fiscalía belga ya ha pedido información adicional sobre la euroorden a la juez Lamela. En concreto, le interroga sobre el estado de las cárceles españolas. El gesto ha enfadado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. "Nadie nos dará ninguna lección", ha subrayado. El riesgo de trato degradante o inhumano debido a las condiciones de detención es uno de los motivos de rechazo de la euroorden, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 

Este viernes, el juez neerlandófono -porque ésta es la lengua de procedimiento que han elegido los acusados, pese a que ninguno de ellos la habla ni la entiende- escuchará los argumentos de la Fiscalía y de la defensa. Pero es improbable que decida de inmediato dada la complejidad y la sensibilidad política del caso. Su fallo podría tardar unos días.

La entrega de Puigdemont, lo más probable

Los expertos consultados por este periódico creen que lo más probable es que, pese a las alegaciones de sus abogados, la justicia belga acabe aceptando entregar a Puigdemont a España al final del procedimiento. "Que se rechazara la entrega sería algo excepcional, sería una sorpresa porque la norma es la confianza mutua", asegura a EL ESPAÑOL Frank Verbruggen, especialista en derecho penal de la Universidad Católica de Lovaina. 

"Se presume que el otro Estado miembro respeta los derechos humanos. La carga de la prueba de que habrá violación de los derechos humanos recae sobre la defensa y eso es difícil", señala Verbruggen. Por ejemplo, es improbable que la justicia belga acepte en esta fase del proceso la parcialidad o politización de los tribunales españoles, ya que cualquier decisión puede recurrirse en instancias superiores o incluso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Otros motivos que han servido en el pasado para denegar euroórdenes han sido el riesgo de tortura o malos tratos en España -una alegación que ya hizo Puigdemont cuando se detuvo a sus exconsellers en Madrid- o el ya citado trato inhumano y degradante en prisión. "Pero en Bélgica la cárcel está peor que en España, así que ese argumento tampoco es obvio", explica el experto de la Universidad de Lovaina.

Lo que la justicia belga no quiere es "celebrar un minijuicio en Bruselas" como ocurría con las extradiciones. El procedimiento de la euroorden es sobre todo para verificar que se trata de las personas buscadas y controlar los criterios legales. "Muy a menudo, la respuesta a los acusados es: todo lo que usted alega puede ser verdad, pero lo podrá explicar ante el juez del país al que le mandan. Pero este caso es tan excepcional en muchos aspectos que sería peligroso hacer pronósticos", dice Verbruggen.

"De manera general, los jueces belgas confían en sus homólogos de la UE. Eso jugaría evidentemente a favor de la ejecución de la euroorden. Es verdad que hay algunos casos de rechazo -como el de la etarra Natividad Jáuregui en 2013-, pero no son muchos", apunta por su parte Weyembergh. La profesora de la Universidad Libre de Bruselas resalta que, incluso aunque detectara riesgos de vulneración de los derechos humanos, el rechazo de la entrega no es automático. El juez belga debe pedir entonces garantías a las autoridades españolas. Sólo si esas garantías no llegan, se denegaría la euroorden.

"Es un problema bastante difícil para el señor Puigdemont. Debe demostrar que hay un riesgo de violaciones importantes de los derechos humanos en España y que él puede ser la víctima y ni siquiera eso basta. Los argumentos que debe aportar son muy precisos", resalta Weyembergh.

¿Por qué delitos?

Además de la cuestión de los derechos humanos, la otra traba a la que se enfrenta la tramitación de la euroorden contra Puigdemont es la definición de los delitos de los que se le acusa. Sus abogados sostienen que la prevaricación y la desobediencia no deben tenerse en cuenta puesto que están castigados en España con menos de 12 meses de cárcel, el límite de la normativa de la UE. Los otros tres delitos tampoco figuran en la lista de 32 infracciones de la euroorden que permiten una entrega casi automática.

Por ello, la legislación belga exige que los hechos en que se basa la euroorden estén tipificados como delito no sólo en España sino también en Bélgica. Con la malversación no hay problema: está castigada penalmente en los dos países. Las dificultades surgen con los delitos de sedición y rebelión.

"En Bélgica existen estas dos infracciones, pero no están definidas de la misma forma que en España", señala Weyembergh. "El motivo es histórico. Nosotros no hemos modificado la definición de la sedición en nuestro Código Penal desde hace más de 150 años. Porque son infracciones que no utilizamos y sus definiciones han permanecido en el derecho belga, pero no las hemos modernizado", agrega.

El juez belga podría intentar casar los delitos de sedición y rebelión tal y como los define España con tipos penales parecidos que sí se utilizan en Bélgica. Pero en este caso, el problema son las penas. Mientras que la sedición en España está castigada con hasta 15 años de cárcel, su equivalente moderno belga (la 'coalición de funcionarios') tiene una pena máxima de seis meses.

Si la justicia belga sólo admite uno o dos de los delitos imputados por la juez Lamela a la hora de entregar a Puigdemont, el expresidente catalán únicamente podrá ser juzgado por esos delitos. No obstante, la justicia española podría pedir una ampliación de los delitos a posteriori, una vez que el expresidente catalán esté ya en España.

"El juez sabe que le mirarán la decisión con lupa, así que supongo que se tomará su tiempo para examinar los argumentos y motivarla bien, sabiendo que es un caso muy sensible", apunta Verbruggen. Dado lo extraordinario del caso, los expertos consideran probable que la justicia belga consulte al Tribunal de la UE en alguna fase del procedimiento, lo que podría retrasar aún más los plazos.

¿Cuál será el impacto del alto perfil político que ha adquirido el caso en Bélgica? El primer ministro, Charles Michel, fue el primero en condenar la violencia policial del 1-O, aunque luego ha marcado distancias con Puigdemont. Pero sus socios nacionalistas flamencos de la N-VA le consideran un amigo y critican al Gobierno de Mariano Rajoy. "En principio la euroorden está totalmente judicializada y completamente despolitizada. Evidentemente los jueces tienen sus opiniones políticas. Pero en Bélgica hay muchas vías de recurso y eso facilita la separación de la política, porque no se depende del dictamen de un solo juez", dice Weyembergh.

Una vez que la Cámara del Consejo se pronuncie, tanto la defensa del expresidente catalán como la Fiscalía belga dispondrán de un plazo de 24 horas para recurrir ante el Tribunal de Apelación. El Estado español no está representado en el procedimiento. El fallo en apelación también es recurrible ante el Tribunal de Casación. La duración máxima del proceso debe ser de 60 días, ampliables a 90 en casos extraordinarios. Así que lo único que está claro es que Puigdemont podrá quedarse en Bélgica hasta las elecciones del 21-D y hacer desde allí campaña como cabeza de la lista Junts per Catalunya.