Bruselas rechaza la petición de España de revisar la euroorden

La negativa ha sido contundente, sin nada del lenguaje diplomático que se usa habitualmente en la Unión Europea. La comisaria de Justicia, la checa Vera Jourova, ha rechazado de plano este viernes la petición del Gobierno español de revisar la euroorden a raíz de los fallos en el sistema que a su juicio ha revelado el caso del expresidente catalán, Carles Puigdemont. 

Los socios de la UE ni siquiera están dispuestos a examinar las propuestas del ministro de Justicia, Rafael Catalá: creen que la orden europea de detención y entrega es la "joya de la corona" de la cooperación judicial comunitaria y no ven problemas graves de funcionamiento, según ha dicho tras una reunión de ministros de Justicia de los 28 el representante de Estonia, Urmas Reinsalu, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la Unión.

Durante la reunión, Catalá le había planteado a Jourova la necesidad de ampliar la lista de 32 delitos graves incluida en la euroorden para los que la entrega es casi automática. Su objetivo, según ha explicado el ministro en rueda de prensa, es evitar un uso "indebido" del derecho a la libre circulación que permita "huir de la justicia", en referencia al caso de Puigdemont y los exconsellers fugados a Bélgica.

Ninguno de los cinco delitos incluidos en la euroorden que la juez Carmen Lamela cursó a principios de noviembre contra el expresidente catalán aparece en la lista de 32: ni la rebelión, ni la sedición, ni la malversación, ni la desobediencia, ni la prevaricación. Este es uno de los motivos que ha llevado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a retirar este martes la orden de entrega: quería evitar que Bélgica suprima alguno de estos delitos por no estar tipificados en su ordenamiento penal.

Ampliar la lista no resuelve los problemas

"Nos tomamos esto de forma muy responsable y hemos analizado el funcionamiento de la orden europea de detención y entrega, así que puedo decirle que no vemos ninguna necesidad de cambiarla por lo que se refiere a la lista de delitos", ha dicho Jourova en rueda de presa tras la reunión a 28 al ser preguntada por la petición de Catalá.

"Tenemos algunos problemas pero son más de naturaleza procedimental. Así que la Comisión no comparte el punto de vista de que mejorar el sistema requiere una revisión de la decisión marco (que creó la euroorden). Extender el catálogo de delitos tampoco resolverá directamente los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación del instrumento", asegura la comisaria de Justicia.

"Estamos trabajando en mejoras, pero no tenemos previsto abrir la decisión marco e introducir los cambios que pide el Gobierno español", ha insistido Jurova. La única iniciativa que ha llevado Bruselas es la publicación este año de un manual para detallar paso a paso a las autoridades judiciales de los 28 cómo deben aplicar la orden de entrega.

El ministro de Estonia ha confirmado que las propuestas de Catalá ni siquiera se han discutido en la reunión a 28. Catalá se las planteado únicamente a Jourova. Pero ha querido terciar en el debate también en contra de la petición de España. "La orden europea se está aplicando desde hace 13 años. Cada cierto tiempo se plantea su posible revisión, se cuestiona si no se ha quedado anticuada. Pero la conclusión es siempre que no se necesitan medidas para cambiarla", sostiene Reinsalu.

"Ha sido un instrumento funcional, la joya de la corona para el reconocimiento mutuo en asuntos penales", ha resaltado. Fue España la que impulsó la aprobación de la euroorden en 2002 (entró en vigor dos años más tarde), con José María Aznar de presidente del Gobierno y Jaime Mayor Oreja de ministro. El objetivo entonces era acabar con los santuarios de ETA en Bélgica o Francia. La lista de 32 delitos sí incluye el terrorismo y otros delitos graves la trata de seres humanos, el tráfico de armas o el homicidio.