La UE sopesa enterrar para siempre las cuotas obligatorias de refugiados

Que el sistema de cuotas obligatorias propuesto en 2015 por Bruselas para hacer frente a la crisis de refugiados ha sido un rotundo fracaso es algo que ya casi nadie discute. De los 160.000 demandantes de asilo que los países de la UE se comprometieron a repartirse, sólo 32.393 (el 20%) han sido reubicados una vez concluido el plazo de dos años previsto. Pero además, las cuotas han provocado una fractura sin precedentes entre la Europa del Este, que las considera un ataque a su soberanía y una amenaza a su seguridad, y la del Oeste, que se queja de la falta de solidaridad de países que reciben muchas ayudas comunitarias.

Por todo ello, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, tiene previsto proponer enterrar definitivamente el reparto obligatorio de refugiados. Lo hará durante la cumbre de invierno de líderes de los 28 que empieza este jueves en Bruselas. A su juicio, es un paso previo imprescindible para recuperar el consenso europeo en materia de política migratoria. Se trataría de dar la puntilla final al mecanismo de cuotas permanentes que la Comisión planteó en mayo de 2016 y que está en punto muerto desde hace meses debido al enfrentamiento entre los Estados miembros. La maniobra ha indignado al equipo de Jean Claude-Juncker, que tacha la posición de Tusk de "inaceptable" y "antieuropea".

Tusk alega que las cuotas obligatorias "han creado división" y "no han resultado eficaces como herramienta para afrontar la crisis de refugiados". El primer reparto de 160.000 refugiados se aprobó en septiembre de 2015, cuando la UE estaba desbordada por la llegada masiva de personas que huían de la guerra en Siria. Ya entonces Eslovaquia, Hungría, República Checa y Rumanía votaron en contra. Y no puede considerarse como un éxito "porque contribuyó a mayores divisiones y mayores tensiones" dentro de la UE, sostienen fuentes del equipo de Tusk. "Es difícil imaginar cómo puede encontrarse una solución consensuada sobre la base de la propuesta de cuotas obligatorias", subrayan.

La sugerencia de suprimir el sistema de cuotas aparece en un documento sobre política migratoria que el presidente del Consejo Europeo ha enviado a las capitales con el fin de preparar la cumbre del 14 y 15 de diciembre. Pero las decisiones no llegarán de inmediato: la fractura entre los Estados miembros todavía persiste más de dos años después, reconoce su equipo. El objetivo que se ha marcado Tusk es llegar a un acuerdo a 28 sobre inmigración como muy tarde en junio de 2018.

Juncker, desautorizado

Las ideas del presidente del Consejo Europeo han desatado una guerra institucional en Bruselas. "El papel preparado por el presidente Tusk es inaceptable. Es antieuropeo y niega todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años juntos (...) Socava uno de los principales pilares del proyecto europeo, el principio de solidaridad", le ha replicado el comisario de Inmigración, el griego Dimitris Avramopoulos, en rueda de prensa este martes.

El comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos Frédéric Maigrot/CE

En su opinión, no puede decirse que la reubicación haya sido ineficaz, puesto que los 32.000 refugiados repartidos representan el 90% del total de los llegados a Italia y Grecia que cumplían los requisitos. "No debemos contraponer la protección de las fronteras exteriores a la obligación de proteger a los refugiados. No estamos construyendo, y nunca ocurrirá, una Europa fortaleza", asegura Avramopoulos.

Lo cierto es que la propuesta de Tusk de enterrar las cuotas de refugiados supone una desautorización total del trabajo de Avramopoulos y el resto del equipo de Juncker. El presidente de la Comisión presentó esta herramienta como el emblema de la solidaridad de la UE hacia los refugiados sirios.

Además, no ha parado de presionar a los Estados miembros para que acojan a más demandantes de asilo, con escaso éxito. El pasado jueves, Bruselas denunció a Hungría, Polonia y República Checa ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir sus cuotas. Los dos primeros países no han recibido a ningún refugiado, mientras que República Checa sólo ha aceptado 12. Justifican su negativa por motivos de seguridad y riesgo de islamización de sus sociedades.

Pese a todo, el Ejecutivo comunitario mantiene sobre la mesa su propuesta de un sistema de cuotas permanentes para afrontar futuras crisis migratorias. Un mecanismo que prevé como novedad multas a los países que se nieguen a recibir refugiados: 250.000 euros por persona rechazada. El plan está atascado prácticamente desde que se presentó en mayo de 2016. Las negociaciones entre los 28 no avanzan.

Bruselas cuenta con el apoyo de países como Alemania, Italia o Grecia, que sufren la mayor presión migratoria de la UE. Pero los países del Este no son los únicos que rechazan el reparto permanente de demandantes de asilo. También el Gobierno de Mariano Rajoy se ha mostrado escéptico desde el principio con esta solución y reclama que se tenga en cuenta su trabajo en la protección de las fronteras exteriores de la UE.

Disminuye la presión salvo en España

De hecho, la ruta entre Marruecos y España es la única de la UE en la que sigue aumentando la presión migratoria desde principios de año. En noviembre llegaron 3.900 migrantes irregulares, más del triple que hace un año. Esta es también la cifra mensual más alta detectada en esta ruta desde que Frontex empezó a recoger datos en 2009. Más de la mitad de los migrantes eran marroquíes y argelinos, y el resto vienen del África Occidental.

Inmigrantes intentando saltar la valla de Ceuta. Reuters

Entre enero y noviembre, se han detectado más de 21.100 llegadas irregulares en la ruta entre Marruecos y España, un 140% más que en el mismo periodo del año anterior. En contraste, en la ruta entre Turquía y las islas griegas la presión ha caído un 79%. Por su parte, en la del Mediterráneo central entre Italia y Libia la llegada de inmigrantes ha bajado un tercio este año.

Para Tusk, el ejemplo a seguir es precisamente el de Roma y los acuerdos a los que ha llegado con el Gobierno libio para frenar la llegada de irregulares, con el apoyo de la Unión Europea. Precisamente, el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, se reúne el jueves en Bruselas con sus homólogos del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) en un intento de acercar posturas en política migratoria. El punto de acuerdo que han encontrado, y que también deja a un lado la cuestión de las cuotas obligatorias, es aumentar la financiación a los países de África.

Este es otro de los caballos de batalla que plantea el presidente del Consejo Europeo. La UE no puede seguir dependiendo de las aportaciones puntuales de dinero que hacen los países miembros para pagar facturas como el acuerdo migratorio con Turquía. Necesita fondos permanentes dedicados en exclusiva a proteger sus fronteras exteriores. La política migratoria, y en particular el control de las fronteras, deberá ser una de las "prioridades clave" de los próximos presupuestos comunitarios plurianuales, sostiene Tusk.