Polonia, la oveja negra de la Unión Europea

Cuando, hace más de 17 años, se redactó el artículo 7 “para que todos los países de la Unión Europea respeten los valores comunes”, nadie pensó que llegaría a activarse. Sin embargo, lo que nadie quería que ocurriese y nadie ha sido capaz de evitar, ha ocurrido. La UE ha iniciado el procedimiento auspiciado por el mencionado artículo para presionar al ejecutivo polaco y hacerle desistir de su polémica reforma del Poder Judicial.

La reacción polaca ha sido tan desafiante como había sido su actitud antes de llegar a esta situación. Desde referencias a la inquina alemana, que desea desviar la atención sobre las indemnizaciones a Polonia por la Segunda Guerra Mundial, hasta la acusación a Bruselas de querer castigar a Polonia con “sucias amenazas” por no aceptar refugiados musulmanes, pasando por la aceptación de cualquier “agresión” hacia un Gobierno que se ha autoerigido en baluarte de los valores tradicionales cristianos y europeos.

La reforma en cuestión otorga al ejecutivo un control prácticamente absoluto sobre la elección de los jueces y le da el poder de sancionarles y apartarles de su cargo, tanto a los jueces de primera instancia como a los magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Se trata, en la práctica, de poner al Poder Ejecutivo por encima del Judicial, algo de lo que el actual partido en el gobierno, el PiS (Ley y Justicia) podría aprovecharse para introducir reformas estructurales en el funcionamiento del estado sin oposición ni control legal. Por ejemplo, el 40% de los jueces actualmente en activo se verían obligados a jubilarse, y sólo medidas discrecionales del Gobierno podrían mantener en su cargo a aquellos a los que elijan. Irónicamente, el Gobierno dice que la reforma judicial era necesaria, ya que el sistema polaco arrastraba procedimientos y leyes de la época comunista que dejaban el Poder Judicial en manos del ejecutivo.

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. Reuters

La postura adoptada por la UE puede ser considerada como una tarjeta amarilla no sólo para Polonia, sino también para países como Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orban, es un firme aliado de Varsovia en su particular frente europeo. Con las negociaciones del brexit en plena efervescencia, lo último que necesita la UE es una crisis de autoridad, y su manera de atajarlo, aun a costa de abrir un nuevo conflicto interno, ha sido activar el artículo 7.

A partir de ahora se abre un procedimiento que pondrá bajo escrutinio las acciones del Gobierno polaco y que, en última instancia, podría privar del derecho a voto a este país en el seno de la UE.

Si cuatro quintos de los votos europeos lo apoyan, la democracia en Polonia será radiografiada y se pedirá a Varsovia que enmiende las deficiencias encontradas. Si nada cambia, el resto de los países puede decidir privar a Polonia de participar en decisiones colectivas de la Unión e impedirle votar. Varsovia seguiría teniendo las mismas obligaciones para con la UE, pero menos derechos si persistiese en su “seria y continuada ruptura con los principios” europeos.

El primer escenario se da por seguro, ya que Alemania y Francia, que aportan la mayoría de los votos, han sido precisamente los principales impulsores de esta situación. Sin embargo, es poco probable que al final Polonia pierda su derecho a voto porque tal medida debería ser aprobada por unanimidad y Hungría ya ha dejado claro que apoya a Polonia en este asunto sin fisuras.

Las ayudas europeas, en peligro

Lo que verdaderamente puede dañar a Polonia y movería a reflexionar a su gobierno, sería la restricción de los fondos de cohesión que la UE le concede. Siendo el país que más se beneficia de las ayudas europeas, Polonia arriesga mucho en este sentido, que prevé recibir 229.000 millones de euros de aquí a 2021.

El reciente nombramiento de Morawiecki como nuevo primer ministro del país fue un intento, según algunos analistas, de ofrecer una cara más amable y un mejor negociador frente a Europa, pero la maniobra ya ha sido calificada de cambio cosmético y carente de otro significado que un cambio de imagen.

La cuestión judicial no la única causa de enfrentamiento entre Polonia y la UE. El bosque de Bialowieza, un área de alto valor ecológico en el este del país y que ha estado protegida durante siglos, ha comenzado a ser explotado con talas que según el Gobierno polaco trataban de detener una plaga y retirar los árboles muertos. Observadores independientes han negado estas afirmaciones y hace un mes que la Europa amenazó con una multa de 100.000 euros diarios a Polonia si no detiene la tala.

Además, Polonia, junto a la República Checa y Hungría, ha sido requerida varias veces desde 2015 para que acepte dar asilo a refugiados, algo a lo que se ha negado aduciendo que suponen un riesgo terrorista y que hay que evitar la “islamización de Europa”. Detrás de todas estas amenazas, Varsovia, y sobre todo Jaroslaw Kaczynski, líder del partido en el gobierno, ven la influencia alemana y francesa, países a los que instan a “meterse en sus propios asuntos”. El gobierno prepara medidas que limiten la presencia de medios de comunicación extranjeros en el país, y hace poco un canal de televisión de propiedad estadounidense, TVN, fue sancionado con 350.000 euros por dar cobertura a protestas de manifestantes porque ello promovía “comportamientos que amenazaban la seguridad nacional”.

Por otro lado, la premier británica Theresa May ha iniciado esta semana una visita oficial a Varsovia y se prevé que anuncie un tratado de seguridad y defensa de alto nivel con Polonia. Sin hacer una referencia clara a la aplicación del artículo 7, May ha hecho una referencia implícita a un eventual apoyo británico a Varsovia a cambio de su apoyo en el brexit: “Estoy convencida de que el brexit no debilitará nuestras relaciones con Polonia”, dijo. “Más bien, servirá como catalizador para fortalecerlas”.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, visitará Polonia en enero. Está por ver cómo evolucionará la situación de aquí a entonces, pero parece claro que una nueva brecha se ha abierto en la Unión Europea y sus consecuencias pueden ser imprevisibles. El llamado Grupo de Visegrado, formado por Hungría, República Checa, Eslovaquia y la propia Polonia, está acentuando últimamente su comportamiento como polo disidente dentro de la UE y tiene una fuerza creciente como contrapeso centrífugo, alejado de la política europea dominante. Además, otros países como Rumanía parecen encaminados a seguir una ruta parecida.

Aunque Polonia es tal vez el ejemplo más notorio, en todos estos países se está produciendo un auge populista auspiciado por gobernantes que comparten un denominador común: la creencia de que “la vieja Europa” occidental se ha quedado sin energía ni valores para defender sus raíces históricas, en las que el catolicismo y las ideas conservadoras son fundamentales.

El multimillonario Babis en la República Checa, Viktor Orban en Hungría y Kaczynski en Polonia, cultivan la imagen de líderes protectores de las “buenas gentes europeas” que no quieren interferencias culturales ni políticas en la implementación de sus particulares ideas de la democracia. Para estos gobiernos, las ventajas de pertenecer al club europeo son indiscutibles, pero sólo si les dejan hacer las cosas a su manera. Andrzej Babis ha prometido gobernar la República Checa “como si fuese una empresa”; en Polonia, Morawiecki dice soñar con “re cristianizar Europa”; en Hungría, Orban asegura que “el mejor inmigrante es el que no viene”. Estas tres afirmaciones definen la visión que tienen de Europa estos gobiernos.

Ahora está por ver hasta si tales ideas son compatibles con los valores de la UE.