Antes de 1989, se practicaban en Polonia unos 500.000 abortos al año. Actualmente, según el Gobierno, se llevan a cabo menos de 1.000. La cifra se refiere al número de abortos legales, ya que según organizaciones independientes de defensa de los derechos de la mujer, cada año 150.000 mujeres polacas interrumpen voluntariamente su embarazo. Se trata, dicen, de una estimación “conservadora”. Según estos datos, más del 99% de los abortos en Polonia son ilegales.
La legislación polaca sobre el aborto es una de las más restrictivas del mundo. Sin especificar los plazos en los cuales se permite la operación, la ley contempla tres supuestos que autorizan un aborto: violación o incesto, riesgo para la vida de la madre y daño irreparable en el feto.
Hace dos años, el Gobierno ultra conservador del PiS (Derecho y Justicia) intentó sacar adelante una propuesta para prohibir completamente el aborto, pero las masivas protestas y manifestaciones en todo el país, así como una iniciativa popular que consiguió medio millón de firmas, hicieron que en el último momento se rectificase esa decisión, cuando ya se había admitido a trámite en el Parlamento.
Ahora, con el apoyo total de la influyente Iglesia polaca, el Gobierno de Morawiecki pretende eliminar el tercer supuesto, el referido a la malformación irreparable del feto, lo que ha llevado a muchas mujeres a volver a manifestarse en las llamadas “Czarny Protest” o protestas negras, manifestaciones en las que visten de negro exigiendo que no se limiten sus derechos.
“El Gobierno tiene miedo de las mujeres”
En 2016, estas protestas movilizaron a cientos de miles de personas en todo el país y consiguieron que por primera vez el Gobierno diese marcha atrás en uno de los pilares ideológicos de su programa. “El Gobierno tiene miedo de las mujeres”, dijo entonces la diputada Ewa Kopacz.
Algo más de un año después, gran parte de las protestas de las mujeres de negro se dirigirán contra la oposición, que durante este tiempo no ha mostrado ninguna iniciativa que se enfrente a los planes del Gobierno. Hace pocos días, tres diputados del principal partido de la oposición, Plataforma Ciudadana, fueron cesados de su cargo por oponerse a la ampliación del derecho a abortar.
Manifestación a favor del aborto en Polonia Reuters
Pocos temas levantan tanta polémica en la sociedad polaca. La Iglesia católica, que ejerce una gran influencia en parte de la sociedad y que siempre se ha situado cercana al poder, ha hecho un frente común con el actual ejecutivo para impulsar la plataforma “Stop Aborcja”, colocando paneles junto a las carreteras que muestran fotografías de fetos sangrantes y lemas en “defensa de la vida”.
En octubre del año pasado, las de dos organizaciones que defienden los derechos de las mujeres fueron registradas por la Policía, que confiscó documentos y ordenadores en las sedes de varias ciudades. En un debate sobre el aborto de la televisión nacional polaca, el panel de participantes estaba compuesto por siete hombres.
El líder del partido en el gobierno, Jaroslaw Kaczynski, declare hace poco que “incluso cuando está claro que el bebé morirá o nacerá con deformidades, la madre llegará a dar a luz para que la criatura pueda ser bautizada, tener un nombre y ser enterrada.”
Una diputada anti abortista dijo que no quería “ver los hospitales convertidos en mataderos.” Además, cerca de 4.000 doctores han firmado la llamada “Declaración de fe”, según la cual se comprometen a no hacer abortos, recetar píldoras contraceptivas o llevar a cabo técnicas de inseminación artificial.
En las escuelas polacas, la educación sexual para menores choca muchas veces con lo que se enseña en las clases de Religión, que gran parte de los padres eligen frente a Educación Ética para sus hijos, y que son impartidas por sacerdotes. Hace tres años, una pastoral de la Iglesia polaca afirmaba que la enseñanza sexual en las escuelas convertiría a los jóvenes polacos en “usuarios habituales de las industrias de medicamentos, pornografía, erotismo y pedofilia”.
Abortar: misión (casi imposible)
Dado que el 95% de los abortos que se llevan a cabo de manera legal se efectúan bajo el supuesto de malformación congénita, el proyecto de ley terminaría casi totalmente con los abortos legales en este país.
No son pocas las mujeres polacas que viajan a Alemania para consumar un aborto que podría traerles problemas en su propio país. Otras se arriesgan a comprar píldoras por internet o recurren al mercado negro para abortar. El precio de esta operación en clínicas privadas es de unos 1.500 euros, y los centros que lo practican se anuncian usando expresiones como “servicios ginecológicos completos” o “interrupciones del ciclo menstrual”.
Para mujeres como K. R., que se vio obligada a recurrir a una de estas clínicas, se trata del último recurso, “cuando no ves salida y la situación es desesperada, tienes que hacerlo y pronto, porque cada día cuenta; es una situación terrorífica, sentir que estás haciendo algo peligroso, ilegal y mal visto por todo el mundo. Y no sabes si saldrá bien.”
La antropóloga Agata Chełstowska deplora que “cuando una mujer se dirige a una de estas clínicas en busca de ayuda, su pecado se transforma en oro y se ve obligada a compartir un asunto privado con desconocidos.” Se calcula que el negocio de los abortos ilegales genera en Polonia unos 100 millones de euros al año, una fuente de ingresos a la que muchas clínicas no quieren renunciar y a las que una legislación más permisiva perjudicaría.
Según una encuesta de 2014, aproximadamente dos tercios de la población polaca considera el aborto algo “inapropiado”, y casi un tercio lo aprueba. Sin embargo, la proporción se acerca al 50% cuando la pregunta especifica que el aborto se lleva a cabo de manera legal.
“Hay gente para la que, más que una cuestión ideológica es una cuestión legal; si la ley amplía el derecho a abortar, esa gente aceptará esos cambios”, dice Ola Nowak, una “mujer de negro” de Łódź. En otro sondeo del año pasado, solo el 13% de los ciudadanos polacos consideró que el aborto debería prohibirse completamente.
La batalla por los derechos civiles, en lo que al aborto se refiere, enfrenta a dos bandos claramente diferenciados y que representan dos maneras muy diferentes de concebir la sociedad. El Gobierno, alineado claramente con los valores cristianos tradicionales y más conservadores (el primer ministro Morawiecki dijo: “Sueño con re cristianizar Europa”) ha hecho un frente común con la Iglesia, hasta el punto de que “algunos políticos creen que sus carreras dependen de los curas”, asegura Krystyna Kacpura, una activista pro derechos de la mujer.
Bajo la actual legislación, se dan casos en que algunas mujeres que han abortado “de manera sospechosa” son investigadas judicialmente, e incluso algunos doctores se muestran temerosos antes de efectuar pruebas prenatales invasivas por miedo a dañar involuntariamente al feto y enfrentarse a consecuencias legales.
Los foros y páginas web que ofrecen información sobre medicinas que pueden inducir al aborto o lugares fuera de Polonia donde resulta más sencillo obtenerlas suelen estar alojados en países como Holanda por miedo a que el Gobierno los prohíba. Algunas clínicas privadas de Austria, Alemania o Eslovaquia “especializadas” en abortos tienen en plantilla a doctoras o traductoras polacas para atraer clientes de este país.
Con cada “protesta negra”, las calles nevadas de Varsovia y otras ciudades polacas se convierten en un tablero de ajedrez en el que los defensores de los derechos civiles mueven sus fichas frente a un Gobierno y una parte de la sociedad enrocado en una postura que criminaliza a cientos de miles de mujeres cada año.
