Tim van Slobbe ha pasado varios meses con dificultades para conciliar el sueño. A este holandés le ha costado dormir últimamente porque ha librado un complicado pulso en los tribunales con la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición en el Bundestag. Van Slobbe, instalado en la ciudad germana de Gießen, a una hora en coche de Fráncfort (oeste germano), se dedica al cuidado de personas enfermas y dependientes. Tiene su propia empresa y es un ciudadano comprometido con la ciudad en la que vive. Por eso forma parte de lo que se llama aquí Consejo de Extranjeros de Gießen.
Él es el presidente de ese organismo que lleva en funcionamiento 24 años. El consejo está dedicado a la representación de inmigrantes instalados en esa ciudad. AfD lucha por su desaparición. A Van Slobbe, AfD le ha llegado a poner una denuncia para que no pueda decir según qué cosas sobre el partido de ultraderecha. Por suerte para él, hace unos días la Justicia le daba la razón, lo que implica, entre otras cosas, que Van Slobbe puede llamar a AfD partido de “extrema derecha”.
“Cuando apareció AfD en Gießen sus representantes siempre buscaron ofendernos y atacarnos políticamente de todos los modos posibles. Siempre preguntaban eso de a cuenta de qué existía nuestra institución. Nos consideran como algo estúpido. Quieren que los consejos de extranjeros dejen de existir”, dice a EL ESPAÑOL Van Slobbe. Esos consejos, formados por representantes del colectivo inmigrante elegidos por los extranjeros a nivel local, sirven de organismo de consulta para los políticos locales.
“Yo soy holandés, pero en nuestro consejo hay una portuguesa, un español, franceses, turcos, gente de los Balcanes... En total, 21 miembros de diferentes países. Hablamos de nuestros problemas, tratamos de buscar soluciones y luego tratamos de hacer llegar nuestras soluciones a los representantes políticos locales”, explica Van Slobbe. Sus compañeros en el consejo son todos voluntarios. Los consejos de extranjeros son políticamente neutros. Buscan tener trato con todos los partidos políticos para hacerles llegar los problemas e inquietudes de la comunidad inmigrante.
Por su papel en Gießen, este neerlandés nacido en Breda hace 54 años tenía todas las papeletas para ser un enemigo jurado de AfD. Y así ha sido. Ser presidente del Consejo de Extranjeros en Gießen le llevó hace unos meses a dar una charla sobre su experiencia con AfD. Era una intervención en el contexto de la última campaña electoral alemana. En ella, Van Slobbe describía a AfD como un partido que, entre otras osas, era una organización que buscaba “conscientemente la división de la sociedad, enemiga de la democracia, populista de derechas y hasta de extrema derecha”.
Aquellas palabras le costaron ser denunciado por la agrupación de AfD en Gießen, que tiene en el diputado del Bundestag Uwe Schulz a una de sus figuras más relevantes. AfD mandó por carta a Van Slobbe dos avisos, a los que el neerlandés no hizo caso. “Me pedían que firmara un documento por el cual me comprometía a no volver a decir lo que dije, por ejemplo, cuando me refería a que AfD no borra los comentarios realmente ofensivos contra los extranjeros que escriben en sus redes sociales otros usuarios”, cuenta Van Slobbe.
Un hombre solo ante el tercer partido político de Alemania
En AfD aludían en su escrito al desinterés del partido con el que trataba al Consejo de Extranjeros denunciado por Van Slobbe en su intervención. “No colaboran, una vez hasta tuvimos una fuerte discusión con un representante de AfD”, abunda el neerlandés afincado en Gießen.
El presidente del Consejo de Extranjeros de Gießen sabe que “no todos en AfD son de extrema derecha, pero el partido sí, atendiendo a lo que pueden decir sus líderes sobre los extranjeros”. “Su marca consiste en ir en contra de los extranjeros”, abunda Van Slobbe. De marcada agenda islamófoba y anti-inmigración, AfD cuenta con 94 diputados en el Bundestag después de haber sido la tercera fuerza política más votada en las últimas elecciones generales de septiembre. En esa cita con las urnas, AfD recibió un 12,6% de los votos, entrando por primera vez en la Cámara Baja alemana desde su reciente creación, allá por 2013.
La reedición de una nueva gran coalición entre la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Angela Merkel y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) –las fuerzas políticas más votadas en septiembre– ha situado a AfD como principal fuerza de la oposición. El partido ultraderechista parece haber conquistado a buena parte de la sociedad alemana, indudablemente marcada por la llegada en 2015 y 2016 de unos 1,5 millones de demandantes de asilo. Los sondeos de intención de voto atribuyen actualmente a AfD entre un 12% y un 14% de apoyo electoral.
Una operación de intimidación
Pese a ser consciente del considerable tamaño y relevancia de su enemigo en los tribunales, Van Slobbe no se amilanó. Se negó en todo momento a aceptar lo que AfD le pedía por escrito. “Yo dije que no firmaba, y entonces ellos me denunciaron”, recuerda el presidente del Consejo de Extranjeros de Gießen.
“Decían que si vuelvo a decir esas cosas negativas sobre ellos, tendría que pagar una multa de miles de euros o pasar un año en la cárcel. Pero yo sólo dije mi opinión. Yo no insulté a nadie, sólo me limité a contar mi experiencia”, aclara Van Slobbe. Se dio la circunstancia que, en la denuncia, los aludidos de AfD se olvidaron de mencionar si Gießen estaba haciendo algo incorrecto cuando describía a AfD como una organización de “extrema derecha”.
“Por eso mi abogado les pidió confirmación sobre si se podía decir o no que son de extrema derecha en virtud de la libertad de expresión. Pero en AfD no respondieron. Fuimos a preguntar al juez. Y el juez dijo que sí que podía”, cuenta Van Slobbe. La demanda acabó en los tribunales, que dieron la razón al neerlandés. Así lo demuestra su abogado, Christian Löffelmacher, quien colgaba en sus redes sociales la sentencia en la que se desestimaban las reclamaciones de AfD.
Sentencia en la que se desestimaban las reclamaciones de AfD
Van Slobbe respira ahora tranquilo. “En los tribunales, el caso puede costar entre 10.000 y 15.000 euros”, precisa el neerlandés. “Si hubiera perdido el caso tendría que haber pagado yo. Para una persona como yo es difícil pagar esa cantidad”, añade.
Aunque ha ganado en los tribunales, Van Slobbe denuncia lo ocurrido como “una operación de intimidación”. “Tal vez la próxima vez me voy a preguntar si voy a decir algo o no, porque luego puedo tener un proceso judicial esperándome”, sostiene, antes de lamentar las posibles consecuencias de lo ocurrido. “En este clima se pierde el interés por la política, porque si implicarse un poco en ella supone problemas judiciales, ¿para qué hacer política?”, se pregunta. El interrogante no se lo hace a sí mismo, sino al resto de la sociedad. Porque, en realidad, la resolución judicial sólo le afecta a él y al partido de “extrema derecha” en esa localidad.