"No queremos crear un ministerio de la Verdad o de la Censura", se justifica la comisaria responsable de Economía Digital, la búlgara Mariya Gabriel. La Comisión Europea admite que la difusión a gran escala de fake news propiciada por las plataformas digitales erosiona la confianza en las instituciones, polariza los debates, crea o profundiza tensiones en la sociedad y socava los procesos electorales, dañando a la democracia.
El fenómeno ha afectado ya al menos a 18 países durante las elecciones en los últimos años, según los datos que maneja Bruselas. Entre ellos, el referéndum del brexit, la elección de Donald Trump en EEUU o las presidenciales francesas, con Rusia como protagonista. El Gobierno de Mariano Rajoy ha denunciado también su impacto en la crisis catalana.
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En respuesta a esta preocupación creciente, el Ejecutivo comunitario ha presentado este jueves una batería de medidas para combatir la desinformación online. Un paquete en el que lo que más destaca es una ausencia: no se impone ninguna obligación legal a gigantes como Facebook, Twitter o Google. Se limita a pedirles un código voluntario de buenas prácticas, que deberá estar listo para el mes de julio.
La comisaria de Economía Digital, Mariya Gabriel
¿Por qué renuncia la UE a legislar contra las fake news? En primer lugar, la Comisión sigue las recomendaciones del informe del grupo de expertos que creó a principios de año. Los autores advertían contra la tentación de optar por soluciones simplistas: cualquier forma de censura, ya sea pública o privada, debe evitarse claramente. La prioridad debe ser preservar la libertad de expresión y el pluralismo. No obstante, el enfoque de Bruselas choca con las iniciativas legislativas que ya han emprendido países como Alemania o Francia para combatir la desinformación. En contraste, en España el grupo de trabajo sobre las fake news ha naufragado en el Congreso.
Al Ejecutivo comunitario no le gusta esta proliferación de medidas aisladas y contradictorias por parte de los Estados miembros. Sostiene que se necesita una estrategia común de toda la UE contra las fake news que evite cualquier riesgo de fragmentación. Y para ello considera que lo más útil es elaborar un código de buenas prácticas que deberán cumplir las plataformas digitales.
El segundo argumento en el que se escuda Bruselas para no legislar es que la desinformación online es un problema nuevo, con muchas facetas y que evoluciona rápidamente, por lo que requiere una acción inmediata. La autorregulación es la vía más apropiada para que Facebook o Twitter adopten medidas urgentes para mitigar el problema. Una norma jurídicamente vinculante tardaría mucho tiempo en tramitarse y aplicarse y podría dejar fuera a actores importantes, aduce la Comisión.
El objetivo es que este esfuerzo de autorregulación produzca ya resultados visibles como muy tarde en octubre de 2018. El Ejecutivo comunitario avisa de que, si el código voluntario fracasa, propondrá a finales de año medidas legislativas que podrían afectar exclusivamente a un número limitado de plataformas. Eso sí, insiste, respetando en todo momento la libertad de expresión.
Para la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), las medidas que propone Bruselas son insuficientes porque no abordan el modelo de negocio de las plataformas digitales. "Las plataformas ganan dinero por la publicidad que se muestra junto a fake news, artículos, vídeos y posts. La Comisión reconoce que los modelos basados en publicidad juegan un papel en la desinformación online, pero elude investigar esta relación", ha denunciado la directora general de BEUC, Monique Goyens.
Más trasparencia
¿Servirá el nuevo código de buenas prácticas contra las fake news para evitar nuevos escándalos como el de Cambridge Analytica, la consultora que usó datos fugados de Facebook para la campaña electoral del presidente de Estados Unidos Donald Trump? En el código, las plataformas deben comprometerse a aumentar la transparencia sobre el contenido esponsorizado, en particular la propaganda política, responde la Comisión. Pide además que se creen registros con información sobre la identidad del pagador, el dinero gastado y los criterios utilizados para seleccionar a los usuarios a los que se dirigen los mensajes. La UE ya ha avisado de que extremará la vigilancia de cara a las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019.
El resto de prioridades que las plataformas digitales deben afrontar en el código de conducta voluntario son restringir la financiación publicitaria a los websites que difunden noticias falsas; aumentar los esfuerzos para cerrar cuentas fake; desarrollar indicadores para informar a los usuarios del grado de fiabilidad de los contenidos y proporcionar herramientas fácilmente accesibles para denunciar casos de desinformación; establecer sistemas de identificación para los bots automáticos y garantizar que su actividad no puede confundirse con una interacción humana; y ofrecer información sobre el funcionamiento de los algoritmos que seleccionan y presentan las noticias a los usuarios.
Además del código de conducta voluntario, Bruselas propone otras dos medidas para combatir la desinformación en internet. En primer lugar, la creación de una red europea independiente de fact-checkers o verificadores, cuyo objetivo sería establecer métodos de trabajo comunes, intercambiar las mejores experiencias y participar en actividades conjuntas de detección de fake news. En segundo lugar, la Comisión sugiere dar apoyo financiero a nivel de la UE y a nivel nacional al periodismo de calidad: es la mejor manera de destapar, contrarrestar y diluir la desinformación. El problema es que su propuesta no explican de dónde saldrán las ayudas ni concreta ninguna cifra.
Según un sondeo del Eurobarómetro, el 83% de los europeos consideran que las fake news representan un peligro para la democracia. Los encuestados están particularmente preocupados por las campañas de desinformación originadas desde el exterior, por ejemplo Rusia, cuyo objetivo es influir en las elecciones y en las políticas migratorias.
Contra las prácticas abusivas
En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto este jueves un reglamento, este sí jurídicamente vinculante y de directa aplicación en todos los Estados miembros, cuyo objetivo es acabar con las prácticas comerciales abusivas que las grandes plataformas digitales aplican a las pequeñas empresas que las utilizan para comercializar sus productos. El 66% de las pymes de la UE admiten que su posición en los resultados de los motores de búsqueda en internet, como Google, tiene un impacto significativo en sus ventas, mientras que el 46% de estos negocios denuncian que tienen problemas en su trato con los gigantes de internet.
El nuevo reglamento obliga a las plataformas digitales a dar más información a las empresas sobre cuestiones como los criterios utilizados para ordenar los resultados de las búsquedas o los motivos para suspender o eliminar una cuenta de negocios. Además, deberán poner en marcha un canal interno de gestión de quejas. En caso de disputas judiciales, la norma facilita además a las pymes presentar demandas colectivas contra los gigantes de internet a través de organizaciones o asociaciones. Una cláusula que no ha gustado a las plataformas, que consideran que dará lugar a un aumento de litigios injustificados.
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