El Gobierno de Mariano Rajoy tiene prisa por poner en marcha cuanto antes la nueva tasa digital para obligar a Google, Apple, Facebook o Twitter a pagar más impuestos con el fin de poder cumplir con los objetivos de déficit que exige Bruselas. Aunque a fecha de 1 de mayo ni siquiera existe una propuesta sobre la mesa, ni apoyo conocido de ningún otro grupo político, ni acuerdo en la UE, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de comunicar a la Comisión Europea que pretende recaudar ya este año un total de 600 millones de euros con el nuevo tributo. Unos ingresos que se utilizarán para financiar la subida de las pensiones.
"Se analizará la creación en 2018 de un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, que permitirá obtener una recaudación adicional de unos 600 millones de euros anuales", asegura el Gobierno español en el programa de estabilidad actualizado remitido a última hora del lunes al Ejecutivo comunitario. La nueva tasa seguirá los "principios" planteados por Bruselas, pero "anticipando su aplicación en España" sin esperar a que haya consenso en la UE, señala el texto.
"El objetivo de este impuesto es superar las deficiencias de los sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde se crea el valor añadido. Por este motivo, se aplicará únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no grave a las pymes", explica el Gobierno. Montoro quiere acelerar los plazos que había planteado el ministro de Economía, Román Escolano, que dijo el fin de semana que la tasa estaría lista en 2019. El nuevo tributo se negociará en el marco del Pacto de Toledo.
La Comisión ha propuesto que la tasa digital grave a un tipo del 3% las ventas de los gigantes tecnológicos en lugar de sus beneficios. Con este modelo se recaudarían unos ingresos de hasta 5.000 millones de euros al año en toda el territorio comunitario, según los cálculos de Bruselas. Pero esta iniciativa no tiene ningún viso de salir adelante en la UE. En el Ecofin celebrado el sábado en Sofía, hasta 8 Estados miembros -Irlanda, Luxemburgo, Malta, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania y Reino Unido- se opusieron al impuesto a los gigantes tecnológicos. Las decisiones sobre impuestos requieren unanimidad en el Ecofin para aprobarse.
La subida de las pensiones tiene "carácter puntual"
El Gobierno informa al Ejecutivo comunitario que para financiar las pensiones en 2019 pretende aprobar nuevos impuestos que le permitirán aumentar la recaudación en 1.500 millones de euros: los 600 millones por la tasa digital y otros 900 millones por figuras tributarias que no se precisan. Con este aumento de la presión fiscal, Rajoy pretende dar garantías adicionales a Bruselas de que cumplirá los objetivos de reducción del déficit: 2,2% del PIB este año y 1,3% en 2019.
El incremento de las pensiones por encima de lo previsto en los Presupuestos para 2018 supone un coste adicional de 1.522 millones de euros, según los cálculos de Hacienda. Rajoy ha pactado con el PNV una revalorización de las pensiones de un 1,6% este año y un 1,5% en 2019, con aumentos del 3% para las prestaciones mínimas. El Gobierno lo justifica ante Bruselas con el argumento de "extender los beneficios del crecimiento a los pensionistas", pero asegura que la subida tiene "carácter puntual".
La Comisión dispone ahora de un plazo de dos semanas para rechazar los Presupuestos de Rajoy si considera que no respetan el Pacto de Estabilidad. El Ejecutivo comunitario siempre ha defendido las últimas reformas de las pensiones realizadas por España, que Rajoy ha revertido ahora, y ha criticado que se vinculen con el IPC. La primera pista de cuál será el veredicto de Bruselas se verá el próximo jueves tres de mayo, cuando se presentan las previsiones económicas de primavera, que incluyen cifras de crecimiento y déficit.