Conforme se acerca el plazo límite para adoptar una decisión definitiva, vuelve a calentarse el debate en la UE sobre las controvertidas cuotas obligatorias de refugiados. Los líderes europeos se han marcado la próxima cumbre del 28 y 29 de junio como fecha tope para aprobar un nuevo sistema común de asilo, con un mecanismo de solidaridad permanente para los países que sufran un auge repentino en la llegada de migrantes. Tras varios meses de tregua en la guerra por el reparto de demandantes de asilo -propiciada por los pactos con Turquía y Libia que han logrado reducir la presión migratoria en Europa-, en las últimas semanas se han reanudado las hostilidades con un nuevo frente destacado: el que opone a los países del Sur, entre ellos España, contra los países del Este.
Bruselas propuso por primera vez el sistema de cuotas obligatorias en 2015: una solución de emergencia para hacer frente a la llegada masiva de refugiados que huían de la guerra en Siria. Pero de las 160.000 personas que los países de la UE se habían comprometido a repartirse para ayudar a Italia y Grecia, los países más afectados, sólo se ha reubicado a 34.689 (el 22% del total) una vez concluido el periodo de dos años previsto. Además, las cuotas han provocado una fractura sin precedentes entre la Europa del Este, que las considera un ataque a su soberanía y una amenaza a su seguridad, y la del Oeste, que se queja de la falta de solidaridad de países que reciben muchas ayudas comunitarias.
Pese a este fracaso, en Bruselas siguen considerando imprescindible dotarse de un mecanismo permanente de solidaridad. Los grandes movimientos migratorios han venido para quedarse y la siguiente crisis no puede volver a pillar a la UE desprevenida como en 2015, alegan. Para lograr un acuerdo entre los diferentes bandos en conflicto, la presidencia búlgara de la UE acaba de poner sobre la mesa un nuevo texto de compromiso que mantiene pero a la vez descafeína los principales pilares de la propuesta de la Comisión.
En primer lugar, se preserva el principio básico del denominado 'reglamento de Dublín': el primer país de entrada irregular de un migrante será el responsable de tramitar su posible solicitud de asilo. Una responsabilidad que durará 10 años. Es decir, durante una década, si se detecta de forma irregular a la persona en cuestión en otro país de la UE, se le devolverá al Estado miembro por el que entró por primera vez en territorio comunitario.
Las cuotas, solución de último recurso
La presidencia búlgara mantiene también el mecanismo permanente de cuotas de refugiados. Pero este reparto obligatorio sólo se activará como último recurso: cuando la presión migratoria sobre un Estado miembro alcance niveles de emergencia y se hayan agotado todas las alternativas (ayuda financiera, envío de expertos de otros Estados miembros, asistencia para acelerar las repatriaciones). La decisión queda en manos de los líderes europeos, que normalmente sólo adoptan cualquier medida si hay unanimidad. Además, se deja una escapatoria para los países que no quieran participar, como los del Este: deben pagar una contribución financiera de 30.000 euros por persona a la que se nieguen a recibir (en lugar de los 250.000 que propuso originalmente Bruselas) o acoger a otro refugiado de fuera de la UE.
Esta vez, los primeros en abrir fuego contra la presidencia búlgara han sido los países del Sur: Chipre, Grecia, Italia, Malta y España. En un documento conjunto publicado por Politico, los cinco reclaman en primer lugar reducir de 10 a 2 años el tiempo máximo de responsabilidad sobre los demandantes de asilo. Lo contrario significaría poner un peso desproporcionada sobre los Estados miembros que están en primera línea fronteriza, que tendrían que hacerse cargo de forma prácticamente permanente de cualquier persona que ponga los pies en su territorio.
En segundo lugar, los países del Sur critican por injustas las escapatorias que se ofrecen a los países que rechazan el reparto de refugiados. El pago de 30.000 euros o el reasentamiento de inmigrantes de fuera de la UE "no serían útiles para aliviar de forma inmediata la carga que pesa sobre el Estado miembro de primera entrada". "Las medidas de solidaridad deben tener un impacto positivo inmediato", reclaman. Además, piden que se tengan en cuenta sus esfuerzos permanentes en el control de las fronteras exteriores comunes de la UE reduciendo la cuota que les correspondería en caso de emergencia en otros países.
Amnistía Internacional habla sobre los gobernantes y refugiados
Esta es una de las principales reivindicaciones de España y quizá el motivo de que el Gobierno de Mariano Rajoy se haya sumado a la carta de los países del Sur. Hasta ahora, Rajoy había militado en un punto intermedio entre los países del Este y del Oeste porque nunca le ha convencido el sistema de cuotas obligatorias. De hecho, sólo acogió a 1.359 refugiados de los alrededor de 16.000 que le correspondían en el reparto de 2015. Pero en 2017 volvió a reactivarse la presión migratoria en la ruta entre Marruecos y España, que se ha estabilizado en los primeros meses de este año. En los primeros tres meses del año, FRONTEX ha detectado 3.400 entradas irregulares, la mayoría de Marruecos, Guinea y Mali.
El aumento de gasto no desbloquea el debate
Pese a enfadar a los países del Sur, el compromiso búlgaro no ha convencido a los países del Este, que mantienen su rechazo frontal al reparto de refugiados. Hungría, uno de los líderes de este grupo, considera que la actual propuesta "es en realidad un mecanismo para un reparto permanente y obligatorio ya que las medidas alternativas no sustituyen estos aspectos" y como tal resulta "inadecuada para gestionar correctamente un fuerte flujo de migrantes", según explican a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas. La Comisión ha llevado a Hungría, Polonia y República Checa ante el Tribunal de Justicia de la UE por negarse a acoger refugiados. Un conflicto agravado por la disputa que mantienen Budapest y Varsovia con Bruselas por las reformas que según el Ejecutivo comunitario ponen en riesgo el Estado de derecho.
Los máximos promotores de las cuotas de refugiados -como Alemania, Suecia o la Comisión- han preferido no inmiscuirse en esa nueva trifulca entre el Este y el Sur. "La Comisión está trabajando con los Estados miembros y apoya a la presidencia búlgara para encontrar un compromiso que sea justo para todos los países", señala la portavoz de Inmigración del Ejecutivo comunitario, Natasha Bertaud. En una entrevista a EL ESPAÑOL a principios de año, el comisario de Inmigración, el griego Dimitris Avramopoulos, sostenía que "no puede haber ninguna solución sin un fuerte componente de solidaridad, y esta solidaridad no puede escogerse a la carta”.
El debate sobre el reparto de demandantes de asilo se mezcla ahora con el futuro presupuesto plurianual para 2021-2027, el primero tras el brexit. El Ejecutivo comunitario ha propuesto prácticamente triplicar el gasto en control de fronteras, migración y asilo, que llegaría hasta alrededor de los 33.000 millones de euros desde los 13.000 millones del periodo actual. Con este incremento, Bruselas quiere financiar una fuerte expansión de FRONTEX, que pasaría de 1.500 a 10.000 guardias de frontera.
¿Servirá este incremento de fondos en unas políticas consideradas ahora prioritarias para desbloquear el debate sobre las cuotas de refugiados? "El hecho de que haya un aumento de presupuesto para temas de inmigración no va a desbloquear las cuotas. No creo que arrojar dinero al problema vaya a resolver nada. El sistema de cuotas, tal y como lo conocemos, está muerto ahora mismo y va a ser muy difícil desbloquearlo", responde a este periódico Camino Mortera, investigadora experta en temas migratorios del Centre for European Reform.
El nuevo choque entre los países del Sur y los del Este complica todavía más las posibilidades de acuerdo en junio. El resultado que se perfila es un nuevo fracaso en la cumbre, otra patada hacia adelante en la reforma del sistema europeo de asilo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya ha dicho que si no se producen avances habrá que enterrar para siempre las cuotas. Los principales perjudicados podrían ser de nuevo los países en primera línea fronteriza como España, que seguirán teniendo que asumir toda la responsabilidad en el control de los flujos migratorios.