Vuelven a casa para decidir si Irlanda suaviza una de las legislaciones más restrictivas de Europa respecto al aborto. Desde todas partes del mundo los expatriados regresan a su país esta semana para participar en el referéndum de este viernes que viene precedido por un intenso debate por los partidarios de ambos bandos. Su asistencia a las urnas será decisiva en una votación que se antoja extremadamente igualada.
El Gobierno irlandés, dirigido por el partido democristiano Fine Gael, propuso la llamada "octava enmienda", incluida en el artículo 40.3.3 de la Carta Magna y que garantiza de igual manera el derecho a la vida del "no nacido" y de la madre.
Las universidades de Cambridge, Oxford, London y Nottingham están ofreciendo ayudas económicas para aquellos que tienen disponibilidad para regresar a Irlanda y votar en esta consulta, que obliga a que los electores se encuentren en el país. Además de ello, también cuentan con la ayuda económica de amigos y familiares. Todo dentro de la campaña #hometovote.
Este lunes The Guardian publica la historia de varios de estos votantes, para los que el viaje supone un esfuerzo necesario. A Amy Fitzgerald, de 38 años, emigrante en Canadá, su esposo le sorprendió por su cumpleaños con un billete de 1.200 euros para regresar a casa y votar sí para suavizar el referéndum.
"Tengo un amigo que tuvo un aborto hace años y no se lo contó a nadie. Todos mis embarazos fueron felices, pero simplemente no entiendo por qué es mi decisión o la de cualquier otra persona forzar a las mujeres a hacer lo que tengan que hacer o que pasen por esto solas y en silencio", cuenta Fitzgerald.
Sonja Rohan, una estudiante de posgrado de 24 años, hacía alusión a lo previsiblemente ajustado de los resultados: "Todos estamos un poco nerviosos en este momento porque las encuestas están muy cerca. Creo que cada voto va a contar y me siento privilegiado porque en Berlín estoy lo suficientemente cerca como para llegar a casa y puedo pagarlo ".
"Tengo tres niños. Experimenté algunas complicaciones en mi segundo embarazo y fui hospitalizada durante ocho semanas. La atención que recibí en el Reino Unido fue insuperable. Mi vida fue puesta como la prioridad", contaba Sharon Canavan, de 28, en Warwickshire (Inglaterra), que está determinada a volver a casa para votar sí a suavizar la legislación.
Se espera un resultado ajustado que se ha ido igualando más y más a medida que pasaban los días. El "sí" se ha mantenido con una ventaja que poco a poco se ha ido reduciendo.
La Iglesia católica, con una gran influencia dentro de la sociedad irlandesa, ha protestado tras el anuncio de compañías como Facebook y Google de que retirarían la publicad sobre la celebración del referéndum, algo que consideran que les perjudica. Ambas empresas tecnológicas tomaron esta decisión para evitar influencias externas en el proceso democrático tras la aparición de 'fake news'.
La legislación actual permite la interrupción del embarazo en circunstancias excepcionales, como cuando la vida de la madre corre peligro, que incluye la amenaza de suicidio, pero no contempla casos de incesto, violación o malformaciones del feto.
El primer ministro, Leo Varadkar señaló que la ley no funciona, dado que miles de mujeres viajan cada año al extranjero para interrumpir sus embarazos, siendo Manchester uno de los destinos más concurridos para ello.
El líder conservador, de 39 años, médico de profesión y abiertamente gay, también considera injusto que la legislación prevé penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la sanidad que procuren un aborto al margen de las normas actuales.
Así es la ley a la que quieren ir
El Gobierno irlandés aún no ha anunciado por qué normativa se va a regir el aborto si gana el sí en el referéndum. Si se elimina la "octava enmienda", la intención del Ejecutivo es ir a una ley de plazos que permita abortar a todas las mujeres que así lo deseen antes de las 12 semanas y sólo en casos excepcionales, hasta las 24 semanas.
Sin embargo, el primer ministro irlandés no da por hecho nada porque no quiere dar alas a los sectores más conservadores que aseguran que este tipo de normativa es una forma de crear un "aborto a la carta".