En un momento en el que Europa y Estados Unidos endurecen sus políticas de inmigración, Portugal quiere remar contra corriente. El país vecino está tramitando un decreto para legalizar a los inmigrantes que, pese a haber entrado en el país de manera irregular y sin visado, llevan al menos un año trabajando allí. La medida beneficiaría a cerca de 30.000 personas, según estiman las asociaciones de apoyo inmigrantes.
El documento prevé que el permiso de residencia sea atribuido por razones humanitarias acelerando, de esta forma, el procedimiento. Además, los inmigrantes no tendrán que presentar el documento que acredite su entrada legal en el país, que hasta hoy era un requisito obligatorio. La Ley de Extranjería de Portugal permite que el permiso de residencia se conceda a ciudadanos extranjeros por razones humanitarias, de interés nacional o interés público por el ejercicio de una actividad relevante en el ámbito científico, cultural, deportivo, económico y social.
En 2017, el número de inmigrantes residentes en el país subió un 6%, llegando a los 421.711, según un informe del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) luso. Además, en el mismo año se han concedido 61.413 permisos de residencia, número que se verá incrementado este año con la nueva medida.
En declaraciones públicas, en el congreso de los inspectores del SEF, el ministro de Interior portugués, Eduardo Cabrita, asumió que el país necesita abrir las puertas a la inmigración. "Portugal necesita más inmigrantes para combatir el problema demográfico. Hay quien cree, en otros países europeos, que los inmigrantes son un problema. El Gobierno portugués entiende que, para ser competitivo, para tener un saldo demográfico positivo, los inmigrantes son una solución", sentenció.
75.000 inmigrantes al año
Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, si se siguen manteniendo los mismo índices de natalidad, entre 2015 y 2080, el país pasaría de los 10,3 millones de habitantes actuales a 7,5 millones. El número de jóvenes bajaría de los 1,5 millones para los 0,9 y la población en edad activa caería de los 6,7 millones para los 3,8 millones.
Un estudio de la Fundación Francisco Manuel dos Santos, estimó que, ante el escenario demográfico portugués, haría falta que entraran unos 75.000 inmigrantes cada año para que la población en edad activa se mantuviese estable en el país. Sin su llegada, el país perdería, hasta 2060, un 40% de la población activa.
La oposición no está de acuerdo con la decisión de apoyarse en la inmigración para solucionar los problemas demográficos. El Partido Social Demócrata defiende que la solución debería pasar por políticas de incentivo a la natalidad, como un bono de 10.000 euros por hijo, pagado de manera fraccionada hasta los 18 años de edad, además de guarderías gratuitas a partir de los seis meses.
Peese a las críticas, el Gobierno de António Costa, respaldado por el Bloco de Esquerda, defiende que la única solución a corto plazo es atraer a inmigrantes cualificados para revertir la tendencia demográfica. "Por muchas cuentas que hagamos, no es suficiente aumentar la natalidad. Necesitamos la inmigración, necesitamos atraer al talento para que se quede a vivir en el país", ha dicho el primer ministro del país.
Además, Costa ya había anunciado la intención de incluir en los próximos presupuestos generales un programa que fomentara "el regreso de los jóvenes portugueses que se han visto obligados a salir del país" en los últimos años.
Mientras en la mayor parte del mundo se habla de construir muros, separar familias y cerrar puertos para evitar la llegada de inmigrantes, Portugal va a contrapié y apuesta en el efecto llamada de sus políticas de inmigración.