La Iglesia en Polonia, tan poderosa como en El Vaticano (a pesar de los escándalos)

Hace unos meses, el Gobierno de Polonia hizo pública una lista con los 768 culpables de ataques sexuales contra menores condenados en este país. Los nombres completos, fotografías, domicilios y delitos de todos ellos pueden ser consultados por cualquiera online, y otros 2,614 perfiles de personas implicadas en estos delitos están en una base de datos accesible solo para escuelas y organizaciones que trabajan con niños y jóvenes. Sin embargo, hay 56 condenados por abusos a menores que no aparecen en estas listas por una razón: son curas.

Esta omisión es considerada como una prueba más de la indulgencia del Gobierno para con la Iglesia en Polonia, un país donde a veces resulta difícil separar la religión de la política. A pesar de que la Constitución de este país declara al Estado “neutral” en asuntos religiosos, hay un crucifijo sobre la puerta del Parlamento donde se aprobó declarar oficialmente a Jesucristo “Rey de Polonia”. Desde el año pasado, la mayoría de los comercios deben cerrar los domingos para, entre otras razones, fomentar la asistencia a misa, si bien las tiendas en recintos religiosos están exentas de esta prohibición y el primer ministro Morawiecki declaró al ser nombrado su intención de “re-cristianizar Europa”.

En ningún país de Europa -excepto en El Vaticano- tiene la Iglesia tanto poder como en Polonia. A pesar de que el número de fieles que acuden a misa cada domingo es el más bajo de la historia reciente (se ha pasado del 50% al 33% en dos décadas), el poder económico y la influencia política de esta institución y su presencia en la sociedad polaca no tienen parangón en Europa. Los escándalos de pedofilia, el descubrimiento en 2012 de un grupo de curas gays que mantenían un foro de internet para intercambiar información sobre “novios complacientes y discretos”, o noticias como la escuela salesiana en la que los alumnos de 7 a 14 años debían lamer las rodillas untadas en crema de un cura son temas tabú que suelen quedar eclipsados por anécdotas como la rutinaria condena de “Halloween”, el horóscopo y los amuletos o la publicación de una revista mensual llamada Exorcista.

Históricamente, la Iglesia polaca desempeñó el papel de oposición al régimen comunista y de apoyo a la lucha por la democracia del sindicato Solidaridad. La figura de Juan Pablo II está rodeada de una reverencia incontestable y su recuerdo despierta una devoción que va más allá de lo religioso. Durante la dictadura comunista, la Iglesia ejerció el papel de oposición frente al Gobierno y se erigió en refugio de los sentimientos nacionalistas, la tradición y la resistencia contra un régimen impopular que contribuyó a derrocar.

Tras la caída del comunismo, la República Polaca entregó a la Iglesia un gran número de propiedades inmobiliarias, terrenos y dinero como compensación por las expropiaciones que sufrió durante la dictadura. Para llevar a cabo este proceso se creó en 1989 la llamada Komisja Majatkowa, un organismo que nació en el contexto de las 'Leyes de Marzo', promulgadas en aquel año por el agonizante gobierno comunista para intentar ganarse el favor del clero antes de las primeras elecciones democráticas (donde fueron arrollados por Solidaridad).

Privilegios de la Iglesia polaca

La agencia, compuesta por seis civiles y seis clérigos, declaró a la Iglesia exenta de impuestos para siempre, reconoció su derecho a ser compensada por la pérdida de 2.400 km2 de tierras (una superficie mayor que Guipúzcoa) y falló en favor de la Iglesia en más de 3.500 casos, cuando ésta sólo había presentado unas 3.000 reclamaciones. Las decisiones de la Komisja Majatkowa, encargada también de valorar los bienes a devolver, no podían recurrirse ante ningún tribunal del país, un caso único en Europa. Los ciudadanos de países como Checoslovaquia o Hungría debían recurrir a tribunales civiles normales para ser restituidos de sus bienes.

Una cruz en el Parlamento polaco. Adrian Grycuk

En Polonia, muchas de estas propiedades fueron vendidas por la Iglesia a promotores inmobiliarios y algunos de los miembros que formaban la comisión se enfrentan hoy en día a cargos de corrupción y prevaricación. A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un fallo unánime, dijo que el proceso había sido arbitrario e injusto, no hay manera legal de recurrir estas decisiones porque en su día la ley polaca señalaba que la Iglesia “actuaba dentro de los límites de la Constitución”, enunciado que fue enmendado en 1991. Aún hoy, alcaldes de ciudades como Cracovia han se plantean emprender acciones legales para revertir esos procesos que han puesto en manos de la Iglesia cientos de millones de euros en propiedades inmobiliarias y terrenos.

El Estado polaco mantiene un concordato con la Iglesia que permite la existencia de más de 31.000 maestros sacerdotes en las escuelas públicas. Sus salarios, junto a las subvenciones y ayudas a organizaciones católicas ascienden a más de 500 euros anuales, que salen del erario público. Pero de donde sale gran parte del dinero que sustenta a la Iglesia polaca es del bolsillo de los fieles: el arzobispo de Varsovia estimaba en 2013 que cada año se donaban unos 1.700 millones de euros a las 10.000 parroquias del país entre el cepillo, los pagos por servicios religiosos y los donativos.

La celebración hace dos años del “Día de la Juventud” en Cracovia tuvo un coste aproximado para la ciudad de cinco millones de euros, sin tener en cuenta los gastos que supusieron la seguridad, limpieza, deterioro de servicios, pérdida de espacios públicos y molestias a los ciudadanos. Algunas asociaciones cívicas reclamaron que la Iglesia contribuyese a paliar el coste de un acto para el que contaron con la participación de más de 25.000 voluntarios que además de trabajar gratis debían abonar una cuota para ser aceptados; por su parte, los restaurantes que quisieran ser designados como “recomendados para peregrinos” debían abonar unos 250 euros.

En su primer mensaje público, el Papa Francisco pidió “más compromiso con los inmigrantes”, en una clara alusión a la política del Gobierno polaco, contrario a aceptar refugiados. El actual pontífice no goza de muchos apoyos en el seno de la Iglesia polaca: en marzo de este año un sacerdote le deseó al Papa Francisco que “sea sabio y abra su corazón al Espíritu Santo, y si no lo hace, rezaré para que Dios le dé una muerte rápida y feliz”.

Sinergias entre el Gobierno y la Iglesia

Alguien que personifica la incómoda relación entre el poder espiritual y el terrenal bien podría ser Tadeusz Rydzyk, el sacerdote fundador de Radio María cuyas presencia era habitual en la residencia de Jaroslaw Kaczynski, líder del partido en el Gobierno. El propio Kaczynski afirmó que sin la ayuda de “Radio María [su partido] nunca habría ganado las elecciones”. Las soflamas antisemitas, homófobas, racistas y ultranacionalistas, así como su intervención en asuntos políticos o reclamando la instauración de la pena de muerte han hecho que el propio Vaticano le reprenda y que parte de la Iglesia se distancie de él.

El propietario de Radio María, Tadeusz Rydzyk.

El imperio económico de Rydzyk incluye una universidad privada y un canal de televisión, y su poder es tal que se permitió referirse en el pasado al exprimer ministro Lech Kaczynski como a un “chaquetero que agacha la cabeza ante el lobby judío”. También llegó a llamar a su esposa “una bruja que debería practicarse la eutanasia a sí misma”. Una parte de la propia Iglesia polaca ha criticado al enigmático Rydzyk, un hijo ilegítimo que no fue admitido en el seminario por sus malas notas y que, cuando regresaba a Polonia tras una audiencia con Juan Pablo II se bajó del autobús en Austria y estuvo seis meses desaparecido, para reaparecer sin dar explicaciones en una misión católica polaca en Múnich.

Al igual que el Gobierno de Varsovia mantiene una difícil relación con la Unión Europea por sus polémica reforma judicial, una parte importante de la Iglesia de este país se ve envuelta en conflictos con las autoridades vaticanas por su complacencia con el Gobierno. Desde un punto de vista político, ambos estamentos se benefician mutuamente de una transferencia mutua de autoridad que otorga al Ejecutivo una implícita autoridad moral frente a la comunidad católica y que justifica la participación de la Iglesia en asuntos cívicos. Sin embargo, no son pocas las voces disidentes que desde el seno de la Iglesia se oponen a que esta relación entre “el César” y “Dios” vaya demasiado lejos.

Tres días después de que el portavoz de la Conferencia Episcopal dijese que la Iglesia no se iba a pronunciar sobre la reforma judicial, un arzobispo hacía un llamamiento para “preservar los principios fundamentales del Estado de derecho”. El programa político de Ley y Justicia, el partido ultraconservador que gobierna Polonia, ha sido calificado de “estructuralmente católico”. “Medidas como la restricción del derecho al aborto, el bloqueo a la píldora del día después y la promoción de la enseñanza católica en las escuelas públicas encajan con la doctrina de la Iglesia, por lo que resulta natural que entre ambas fuerzas haya sinergia”, apuntaba un comentarista en la prensa local. Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional, que ha sido oficialmente destituida por la reforma judicial del Gobierno, de momento se mantiene en su puesto por no reconocer la legitimidad de dicha reforma y afirma que “la única institución que puede conseguir algo en Polonia es la Iglesia, pero no espero nada de ellos”.