La tasa digital con la que Bruselas quiere obligar a los gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Twitter a pagar más impuestos vuelve a encallar en la UE. La reunión informal de ministros de Economía celebrada este sábado en Viena no ha servido para desbloquear la propuesta. Irlanda, Suecia y Dinamarca han vuelto a expresar su oposición total a esta medida, mientras que otros países como Alemania, Malta o Luxemburgo siguen siendo reticentes y reclaman una solución a nivel internacional y no sólo en la UE, según han explicado a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas. Francia, España, Austria y la Comisión mantienen la presión para que se apruebe este gravamen, pero las decisiones sobre impuestos requieren unanimidad de todos los Estados miembros.
La UE, dispuesta a acordar este año un impuesto a los gigantes de Internet
Ante esta situación de bloqueo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de incluir la tasa digital en los Presupuestos de 2019 para cuadrar las cuentas incluso si no hay acuerdo a nivel europeo. "La intención del Gobierno español no es esperar a que haya un acuerdo a nivel europeo o a nivel supranacional para adoptar las decisiones oportunas a nivel nacional", ha asegurado Calviño en rueda de prensa al término del Ecofin informal de Viena. No obstante, ha avisado de que todavía "no hay ninguna decisión tomada".
El Gobierno está trabajando sobre el proyecto de tasa digital que preparó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, que preveía una recaudación de 600 millones de euros al año. Calviño no ha querido adelantar cuáles son sus cálculos actualizados y se ha limitado a decir que la definición del gravamen se completará "en las próximas semanas". Eso sí, ha dejado claro que su plan se inspira en las propuestas de Bruselas: "un impuesto indirecto que tase determinadas actividades y no los beneficios".
Según los datos de la Comisión, las plataformas digitales pagan de media la mitad de impuestos que las empresas tradicionales: un tipo medio del 9,5% frente al 23,2% de las compañías con presencia física. Por eso el Ejecutivo comunitario plantea que la tasa se aplique al volumen de negocios de los gigantes tecnológicos en lugar de a sus beneficios. Con un tipo del 3% se recaudarían unos ingresos de hasta 5.000 millones de euros al año, según sus cálculos. Se gravarían tres tipos de actividades: la venta de publicidad online, los ingresos generados por las actividades de intermediación de las redes sociales y la venta de datos de los usuarios.
Las dudas de Alemania ralentizan la discusión
Los países que se oponen a la tasa digital alegan que si la UE actúa de manera unilateral pondrá en riesgo su competitividad y podría provocar un conflicto con Estados Unidos. La posibilidad de un nuevo choque con la Casa Blanca de Donald Trump es el principal miedo de Berlín, que teme que el presidente norteamericano reactive los aranceles contra los coches alemanes como represalia. Por eso, el Gobierno de Angela Merkel ha pasado de ser uno de los principales impulsores del nuevo gravamen a uno de los países con más dudas.
El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, ha dicho a puerta cerrada que la prioridad para la UE debe ser encontrar una solución a nivel internacional en la OCDE o el G-20, la misma tesis que sostienen Irlanda, Suecia o Dinamarca. En sus declaraciones a la prensa, Scholz se ha mostrado mucho más conciliador. "Es necesario tomarnos algún tiempo para el debate, pero estamos absolutamente dispuestos a encontrar una solución muy pronto", ha dicho en una comparecencia conjunta con su homólogo francés, Bruno Le Maire.
Le Maire es precisamente uno de los principales impulsores de la tasa digital y ha traído a Viena una propuesta de compromiso para tratar de desbloquear el debate: insertar una cláusula según la cual el gravamen de la UE se abolirá automáticamente en el momento en que haya un acuerdo a nivel mundial para que los gigantes tecnológicos paguen impuestos. "Una cláusula de expiración en el proyecto de la Comisión, de forma que tan pronto como haya una decisión a nivel de la OCDE, la solución de los miembros de la OCDE sustituya a la solución europea", ha explicado.
¿Acuerdo antes de fin de año?
Por su parte, la presidencia austriaca de la UE ha optado por un enfoque voluntarista y ha dado por hecho un acuerdo sobre el calendario que en realidad no existe. "A nivel político, todos los Estados miembros han respaldado la tarea de tener esta tasa a finales de año. Hay acuerdo sobre esto. Los detalles técnicos deben todavía aclararse", ha dicho su ministro de Finanzas, Hartwig Loger.
También el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ve urgente aprobar la tasa a los gigantes de internet. "Es indispensable que la UE se dote de una legislación eficaz para que las grandes empresas digitales paguen los impuestos que les corresponden allí donde generan beneficios. (...) La Comisión está dispuesta a contribuir a forjar compromisos, pero hay que avanzar", reclama Moscovici.
En la actualidad, 11 de los 28 países miembros de la UE ya han introducido o tienen previsto aprobar de forma inminente algún tipo de tasa digital, aunque con diferentes enfoques. A Bruselas le preocupa que estas medidas unilaterales y descoordinadas conduzcan a una fragmentación del mercado interior y distorsionen la competencia. Por eso la Comisión presiona para encontrar una solución provisional, ya que la OCDE no tiene previsto presentar propuestas concretas hasta 2020.