Cuando apenas faltan 99 días para el brexit, la Unión Europea desconfía de que el acuerdo de divorcio pactado con Theresa May pueda ratificarse a tiempo en el Parlamento británico y por eso ha dado un acelerón a los preparativos para un escenario caótico el 29 de marzo de 2019. La primera ministra aplazó la votación, prevista para el 11 de diciembre, para evitar una derrota humillante: los conservadores euroescépticos de su propio partido, los laboristas y los unionistas irlandeses detestan el pacto. El segundo intento tendrá lugar la semana del 14 de enero, pero nada ha cambiado. La UE se niega a hacer las concesiones que May pide sobre la frontera de Irlanda del Norte, por lo que el escenario más realista es que la Cámara de los Comunes tumbe el Tratado de Retirada.
Ante la "incertidumbre" que se vive en Reino Unido, la Comisión Europea ha decidido este miércoles activar de forma urgente un plan de acción de contingencia para hacer frente a un brexit caótico. En contraste con la fantasía que todavía manejan los euroescépticos más radicales de que es posible un "no acuerdo controlado" o incluso firmar minipactos sectoriales con Bruselas que faciliten un aterrizaje suave, el Ejecutivo comunitario avisa de que estas medidas no podrán atenuar el impacto económico negativo de este escenario, ni reproducirán las ventajas de la pertenencia a la UE ni las condiciones del periodo de transición previsto en el Tratado de Retirada.
En concreto, Bruselas ha presentado 14 medidas que afectan a un número restringido de sectores en los que la ausencia de acuerdo provocaría una perturbación importante para los ciudadanos y las empresas de la UE: en particular el transporte aéreo, los servicios financieros y las aduanas. Tendrán carácter temporal (la mayoría hasta finales de 2019), un campo de aplicación limitado y serán adoptadas unilateralmente por Bruselas, que podrá así revocarlas sin previo aviso. Gibraltar queda además totalmente excluido de estas medidas paliativas y deberá afrontar las consecuencias de un brexit caótico sin ningún tipo de pista de aterrizaje.
Derechos de los ciudadanos
Si el Acuerdo de Retirada no se ratifica a tiempo, los ciudadanos de la UE que residan en Reino Unido dejarán de estar protegidos por las reglas comunitarias de libre circulación de personas a partir del 30 de marzo de 2019. Lo mismo ocurre con los británicos que viven en el continente. Esto afectará a su derecho a quedarse y a trabajar donde viven actualmente, así como a las prestaciones sociales de las que se benefician. Bruselas no tiene previsto adoptar ninguna medida paliativa para amortiguar esta desprotección repentina. Se lava las manos y pasa la pelota a los Gobiernos nacionales. Les pide que adopten "un planteamiento generoso" en lo relativo a los derechos de los ciudadanos británicos que ya residen en su territorio, siempre que Theresa May respete su promesa de hacer lo mismo con los europeos que están en Reino Unido.
En particular, los Estados miembros deben tomar medidas para garantizar que los ciudadanos del Reino Unido que residan legalmente en la UE en la fecha de la retirada sigan siendo considerados residentes legales. Bruselas recomienda además un enfoque pragmático a la hora de conceder el estatuto de residencia temporal. Por lo que se refiere a la coordinación de la seguridad social, la Comisión aconseja a los Gobiernos dar todos los pasos posibles para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos adquiridos por los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido su derecho a la libre circulación antes del 30 de marzo de 2019.
En cuanto a las estancias de corta duración, el Ejecutivo comunitario ya ha presentado una propuesta de reglamento que exime a los británicos de la obligación de visado para entrar en la UE para periodos de hasta 90 días. Eso sí, condicionada a que Londres haga lo mismo con los europeos. Pese a estas facilidades, los británicos que viajen a la Unión deberán pagar la tasa de 7 euros del sistema de autorización previa para ciudadanos extracomunitarios.
Transporte aéreo
En el ámbito del transporte aéreo, un brexit caótico daría lugar a una brusca interrupción del tráfico entre Reino Unido y la UE debido a la ausencia de derechos de vuelo y a la invalidez de la licencia de explotación o de los certificados de seguridad de la aviación. Con el fin de evitar esta catástrofe, Bruselas propone medidas para garantizar una contectividad básica, pero que no reproducen de ninguna manera las importantes ventajas de la adhesión al cielo único europeo. Las aerolíneas británicas podrán sobrevolar el territorio de la UE y hacer paradas técnicas (por ejemplo, para el repostaje de combustible), así como aterrizar en la UE y volar de vuelta a Reino Unido, pero no conectar dos ciudades europeas como sí hace ahora por ejemplo Easyjet. Estas medidas están supeditadas a que Londres haga lo mismo con las aerolíneas europeas.
El Ejecutivo comunitario ha rechazado flexibilizar las condiciones para que una aerolínea sea considera europea y pueda conservar así su licencia de operación y la libertad de prestar servicios en rutas entre ciudades europeas: que la propiedad mayoritaria y el control esté en manos de europeos. Si no hay acuerdo de divorcio, a partir del 30 de enero de 2019, los británicos ya no cuentan como europeos, y las aerolíneas que dejen de cumplir esta condición perderán su licencia. Es una posibilidad que preocupa en particular a Iberia y su matriz AIG.
Por lo que se refiere al transporte por carretera, la Comisión también ha adoptado una propuesta de reglamento a fin de permitir temporalmente (nueve meses) transportar mercancías a la UE a los transportistas británicos, siempre que Reino Unido otorgue derechos equivalentes a las empresas europeas y que se respeten condiciones de competencia equitativas. Lo ha hecho porque un brexit sin acuerdo limitaría considerablemente el tráfico que actualmente tiene lugar entre la Unión y Reino unido. Para el resto de modos de transporte (autocar, tren o barco) no hay medidas de contingencia. Bruselas cree suficientes los tratados internacionales en vigor para mantener unos servicios mínimos.
Servicios financieros
Tras la salida de Reino Unido, las entidades financieras y aseguradoras establecidas en territorio británico perderán el derecho a prestar sus servicios en los países de la UE. Muchas empresas de servicios financieros ya se han preparado para este escenario, por ejemplo, adaptando sus contratos o trasladando actividades de Londres al continente. Por eso, Bruselas cree que los riesgos para la estabilidad financiera de un brexit caótico han disminuido de forma significativa. A la luz de esta evaluación, el Ejecutivo comunitario sólo ha propuesto medidas de contingencia en dos ámbitos: la compensación centralizada de derivados y los servicios de depositarios. Se trata de dos decisiones de equivalencia temporal y condicional (para un periodo limitado de entre 12 y 24 meses) mediante las que se reconoce estos servicios prestados en Reino Unido con el fin de evitar perturbaciones inmediatas para las empresas europeas.
Aduanas
Si el Acuerdo de Retirada no se ratifica, todas las mercancías que se introduzcan en la UE desde Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019 serán tratadas como importaciones. Eso significa que se les aplicará toda la legislación pertinente de la UE, incluyendo el cobro de derechos de aduana, IVA e impuestos especiales a la importación, la exigencia de declaraciones aduaneras y la posibilidad de someter a control los envíos, un control generalizado en el caso de animales vivos y productos de origen animal, con las consiguientes colas kilométricas en los puntos fronterizos.
En este caso, la responsabilidad principal en caso de un brexit caótico recae de nuevo en los Estados miembros, que deben acelerar la contratación de funcionarios de aduanas y veterinarios oficiales. Así lo han hecho ya todos los países vecinos de Reino Unido, en particular Francia, Irlanda, Holanda y Bélgica.