Con la reunión en pleno de su Gobierno con la Comisión Europea en Bucarest, Rumanía asume oficialmente este viernes la presidencia rotatoria de la Unión Europea, la primera vez desde que entró en el club en 2007. Un periodo que los Estados miembros suelen utilizar como escaparate para exhibir su mejor cara ante el resto de socios y la prensa internacional, pero que en el caso de Rumanía -el tercer país con menor renta per cápita de la UE- podría servir para justo lo contrario: poner de relieve la corrupción generalizada, la división política y la deriva autoritaria que atenazan al país.
¿En tales condiciones, está Rumanía preparada para asumir esta responsabilidad en un semestre clave marcado por el brexit, las elecciones europeas de mayo, la reforma de la política migratoria o las negociaciones del presupuesto plurianual de la UE? El propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, tiene sus reservas. Es más, el Ejecutivo comunitario cree que Bucarest se está deslizando en una deriva autoritaria similar a la de Polonia y Hungría, países sujetos a sendos procedimientos disciplinarios por poner en riesgo el Estado de derecho.
"Rumanía está técnicamente bien preparada para la presidencia de seis meses de la UE. No obstante, creo que el Gobierno en Bucarest aún no ha entendido plenamente lo que significa presidir a los Estados miembros. Para unas negociaciones prudentes, es necesario estar dispuesto a escuchar a los demás y dejar de lado tus propios deseos. Tengo dudas sobre esto", ha dicho Juncker en una entrevista al periódico alemán Die Welt. "Es más, la situación interna de Rumanía es tal que el país no puede actuar como una unidad compacta en Europa", añade el luxemburgués.
Un diagnóstico que comparte el propio presidente rumano, el liberal Klaus Iohannis. "Es ya tiempo de descuento y no estamos preparados para nada", aseguró Iohannis en noviembre. "No hay ninguna posibilidad de un buen Gobierno o de una participación adecuada en los asuntos europeos", sostiene. El presidente rumano mantiene un enfrentamiento total, una guerra abierta, con el Gobierno que encabeza la primera ministra Viorica Dancila, pero que está dirigido en la sombra por Liviu Dragnea, líder del Partido Socialdemócrata que no puede ocupar el cargo al estar inhabilitado por dos condenas por corrupción.
"Es obvio que tenemos una competición política internamente, lo que es bastante normal en cualquier sociedad democrática. Es prueba de una vida democrática muy intensa en Rumanía", se justifica el ministro de Asuntos Exteriores, George Ciamba, que descarta una tregua con motivo de la presidencia. "Presidencia o no, esto no va a parar", ha asegurado este jueves. El choque ha alcanzado tales proporciones que le ha tocado al Tribunal Constitucional dirimir quién tiene que representar a Rumanía en las cumbres europeas: Iohannis y no Dancila.
Marcha atrás en la lucha contra la corrupción
Aunque el papel de la presidencia rotatoria de la UE ha perdido relevancia desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, todavía le corresponde la responsabilidad de fijar la agenda de las reuniones y ejercer de mediadora en busca de compromisos. Por ejemplo, a Bucarest le tocará gestionar los expedientes contra Polonia y Hungría por posibles vulneraciones del Estado de derecho, que pueden culminar en la suspensión del derecho de voto de ambos países, justo en el momento en que la Comisión le ha puesto también en el punto de mira.
Más de una década después de su entrada en la UE, Rumanía sigue sujeta (junto con Bulgaria) a un mecanismo especial de vigilancia en materia de reformas judiciales y lucha contra la corrupción. En su último informe fechado en noviembre, el Ejecutivo comunitario avisa de que el Gobierno socialdemócrata no sólo ha paralizado las reformas, sino que ha revertido algunos de los progresos de los últimos años, amenazando la independencia del poder judicial y socavando las instituciones que combaten la corrupción. Los avances logrados desde la caída del brutal dictador Nicolae Ceaucescu están en riesgo.
El Gobierno rumano destituyó en julio a la responsable de la oficina anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, que durante sus cinco años en el cargo había logrado docenas de condenas contra altos funcionarios, parlamentarios e incluso ministros. También ha iniciado un procedimiento para despedir al fiscal general del Estado, Agustin Lazar, y sopesa una amnistía general para los delitos de corrupción de la que se beneficiaría el propio Dragnea. El pasado octubre celebró un referéndum para prohibir el matrimonio homosexual que la oposición interpretó como una maniobra de distracción: la consulta no alcanzó el umbral mínimo del 30% de participación exigido.
"Lamento que Rumanía no sólo haya paralizado su proceso de reformas, sino que también haya dado marcha atrás en cuestiones en las que había avanzado en los diez últimos años. Es fundamental que Rumanía vuelva inmediatamente a retomar su trayectoria en la lucha contra la corrupción y garantice un poder judicial independiente", reclama el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans.
El Gobierno de Bucarest se defiende atacando: acusa a Bruselas de utilizar una doble vara de medir y de tratar a Rumanía como un país de segunda. "No deniegue a Rumanía cosas que se permiten a otros Estados miembros de la Unión y no permita que en Rumanía ocurran cosas que son inaceptables en otros Estados miembros", le espetó la primera ministra a Timmermans durante un debate celebrado en la Eurocámara en octubre.