Bruselas garantiza que no dará ni un euro de ayudas europeas a las organizaciones creadas por el expresidente catalán, Carles Puigdemont, con el propósito de internacionalizar el reto secesionista y recaudar fondos para financiar las actividades del propio Puigdemont y el resto de exconsellers fugados. De los fondos comunitarios no pueden beneficiarse personas o asociaciones cuyo objetivo sea socavar el orden constitucional de un Estado miembro, asegura la Comisión Europea en respuesta a una interpelación parlamentaria planteada por la eurodiputada liberal Beatriz Becerra.
En su interpelación, Becerra aludió en concreto al caso de CATGlobal, una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es dar cobertura legal al Consell per la República, el órgano creado por Puigdemont en su casa de Waterloo para promover la independencia de Cataluña. Según destaca la eurodiputada liberal, el tesorero de CATGlobal es Jaime Bernis, lobista registrado en las instituciones europeas y accionista de la empresa de consultoría TAS Europroject, especializada en captar subvenciones comunitarias.
¿Una entidad como CATGlobal cumple los criterios para obtener ayudas públicas tienen en cuenta sus fines y la situación judicial de su presidente? ¿Puede una asociación sin ánimo de lucro subvenciones de la Unión si sus fines son subvertir el orden constitucional de un Estado miembro?, preguntaba Becerra al Ejecutivo comunitario. La contestación de Bruselas es en ambos casos negativa.
En primer lugar, el reglamento financiero de la UE excluye específicamente como beneficiarios de fondos comunitarios a cualquier "culpable de falta profesional grave al haber violado leyes o reglamentos aplicables, o normas éticas (...) culpable de fraude o irregularidad", según explica en su respuesta escrita el comisario de Presupuestos, el democristiano alemán Günther Oettinger. "El objetivo es proteger los intereses financieros de la UE durante el desembolso de sus fondos, incluidas las subvenciones, y se aplica a todos los solicitantes", apunta.
Pero además, el comisario de Presupuestos resalta que Bruselas nunca financiará ninguna actuación que ponga en riesgo la integridad territorial o el orden constitucional de un Estado miembro. El Tratado de la UE establece que la UE respetará "las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional".
"Siguiendo este principio general, ninguna acción procedente de la UE o, en consecuencia, de la Comisión, puede, por motivo alguno, socavar o contribuir a socavar el sistema constitucional de un Estado miembro", concluye Oettinger.
"El fugado Puigdemont debe entender que no tiene aliados en Europa porque la Unión considera que un ataque contra la Constitución española es un ataque contra el marco jurídico de la Unión. Bruselas no va a pagar para que un huido de la justicia se dé la gran vida mientras trabaja por destruir un Estado miembro. El fugado y los suyos están acostumbrados a autoconcederse cualquier subvención, a vivir del dinero público y de las mordidas. Aquí no les va a funcionar", ha asegurado Becerra tas conocer la respuesta de la Comisión.
Pese a que uno de los objetivos declarados de Puigdemont al fugarse a Bélgica era internacionalizar la crisis catalana y lograr la intermediación de la UE, las instituciones comunitarias le han cerrado todas las puertas en Bruselas. El último episodio ocurrió la semana pasada con la prohibición de la conferencia que tenía previsto dar con Torra en la sede de la Eurocámara, que al final se acabó trasladando a un hotel de lujo de la capital belga.
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