Waterloo estudia multar a Ciudadanos por el acto ante la casa de Puigdemont

El ayuntamiento de Waterloo estudia multar a Ciudadanos por el acto que protagonizó la presidenta del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, el pasado domingo a las puertas de la casa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Las autoridades locales sostienen que se trató de una manifestación no autorizada que además provocó molestias a los vecinos por el ruido y obstaculizó la circulación de vehículos y peatones en la vía pública.

Desde la formación naranja aseguran a EL ESPAÑOL que la policía local no les ha notificado la apertura de ningún proceso sancionador. Y se muestran sorprendidos por una posible multa porque aseguran que comunicaron tanto a la policía como a la alcaldesa de Waterloo que organizarían "una breve atención a medios". El mismo domingo, la policía les comunicó in situ que si el acto era breve "no había problema".

De hecho, la policía local constató que no se había producido "ningún daño particular" y no realizó ningún arresto. "No obstante, no se había concedido ninguna autorización municipal para este acontecimiento", ha asegurado este jueves el Ayuntamiento de Waterloo en un comunicado. Por eso, ha decidido abrir siete expendientes sancionadores administrativos contra los organizadores.

El primero de ellos es "por manifestación sin autorización en la vía pública, con una aglomeración que podía obstaculizar la circulación de vehículos o incomodar a los peatones". El segundo expediente se abre por "haber causado ruido, un domingo, sin necesidad legítima y perturbando la tranquilidad de los habitantes, y ello por la presencia de un grupo electrógeno en funcionamiento" para el micro que usó Arrimadas. Los otros cinco expedientes son por coches mal aparcados.

Los expedientes se transmitirán ahora al funcionario municipal responsable de determinar si realmente estos actos son sancionables. El ayuntamiento de Waterloo asegura que no informará sobre las posibles sanciones ni sobre su importe "por razones de confidencialidad y de respeto de la vida privada".

No obstante, las autoridades locales aseguran que la sanción será inferior a los 7.000 euros, la cantidad que ha circulado por redes sociales. "El reglamento de la policía no prevé ninguna sanción de un importe tan elevado y además el funcionario sancionador todavía no ha tomado ninguna decisión".