La Unión Europea da luz verde a un importante refuerzo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) con el objetivo de frenar la llegada de inmigrantes irregulares. La medida ha sido impulsada por países que no tienen fronteras exteriores como Alemania o Austria, que no se fían de los controles de sus socios del sur. Pero paradójicamente no convence a los Estados miembros que sufren mayor presión migratoria, como España o Italia, que en teoría deberían ser los principales beneficiarios. ¿Tiene sentido hacer una reforma de tal envergadura en contra de la opinión de los afectados? ¿Para qué servirá si Madrid y Roma no la quieren?
El pleno de la Eurocámara ha aprobado este miércoles -por 403 votos a favor, 162 en contra y 44 abstenciones- ampliar de 1.500 a 10.000 personas la plantilla de Frontex de aquí a 2027. La agencia dispondrá de sus propios barcos, aviones o helicópteros. Por primera vez, los guardias europeos tendrán auténticos "poderes ejecutivos" para realizar controles fronterizos o funciones de retorno. La agencia podrá realizar operaciones en países terceros como Marruecos o Libia. El presupuesto de la iniciativa asciende a 11.300 millones de euros para el periodo 2021-2027.
Desde que se empezó a discutir el refuerzo de Frontex hace ahora un año, los sucesivos Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han expresado fuertes reservas con una línea argumental común: España no quiere ceder competencias a la UE en materia de controles fronterizos, rechaza que la UE se inmiscuya en la gestión de su frontera con Marruecos. El anterior Ejecutivo del PP se oponía a la creación de lo que bautizó como un "enorme ejército" de guardias de fronteras.
"No se trata de que nos envíen gente de otros países que no tiene los conocimientos suficientes ni la experiencia suficiente y va a costar más", alegaba el entonces secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo. Los guardias de fronteras españoles hacen bien su trabajo y ya garantizan un control suficiente. Lo que debe hacer Bruselas es dar más financiación a España para combatir la inmigración irregular y mejorar la cooperación con Marruecos.
Frontex no podrá actuar sin autorización previa
Pese al cambio de filosofía en política migratoria, el Gobierno de Sánchez ha mantenido la misma línea que el PP sobre el refuerzo de Frontex. Durante la cumbre celebrada en Salzburgo el pasado septiembre, el presidente del Gobierno chocó con el canciller austriaco, Sebastian Kurz, que le culpaba de entorpecer la reforma escudándose en la defensa de la soberanía nacional. Allí Sánchez dijo que aceptaría los planes de Bruselas siempre que quedara claro que la Guardia Europea de Fronteras y Costas actuaría únicamente como complemento y no como sustitutivo de las fuerzas nacionales.
Finalmente, las tesis españolas se han impuesto y el reglamento deja claro que los Estados miembros mantendrán la responsabilidad principal respecto a la gestión de sus fronteras. Frontex nunca podrá actuar sin autorización previa del país de acogida. Bruselas no podrá imponer su despliegue en ningún caso, ni siquiera cuando haya una crisis migratoria grave y el Estado en cuestión no esté haciendo lo suficiente para proteger las fronteras exteriores de la UE, como ocurrió con Grecia en 2015. En ese escenario, la única alternativa que les quedará a países como Alemania o Austria es reintroducir los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen.
"Las autoridades competentes del país de acogida seguirán siendo las responsables y tendrán el mando de las actividades europeas de control de fronteras que se desarrollen en su territorio", ha resaltado el comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, durante el debate en la Eurocámara.
Aún así, el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar se ha quejado de la "financiación incluso exorbitante" prevista para Frontex. "El sabor de boca al final de la legislatura es amargo por el desequilibrio hacia el vector securitario en perjuicio del humanitario y por no haber visto solidaridad con la frontera sur de la UE, con España que ahora se encuentra apremiada", ha lamentado López Aguilar. La ruta entre Marruecos y España es ahora el punto donde se concentra la mayor presión migratoria en Europa.
Mucho más duro se ha mostrado el eurodiputado italiano Giancarlo Scottà, de La Liga de Matteo Salvini. A su juicio, el refuerzo de Frontex "quizá sea eficaz si se utiliza en las fronteras terrestres, pero en el mar hay el riesgo de que una presencia masiva provoque un efecto llamada para los migrantes". Además, "los poderes ejecutivos asignados a esta guardia fronteriza van a acabar socavando la soberanía nacional de los Estados miembros". Para el representante de La Liga, lo único que va a conseguir la reforma es restar recursos a los Estados miembros para combatir la migración irregular en sus respectivos territorios.
Lo cierto es que la cifra emblemática de 10.000 guardias de fronteras para Frontex es bastante engañosa. En realidad, la plantilla permanente de la agencia, que tiene su sede en Varsovia, aumentará únicamente hasta 3.000 personas de aquí a 2027. El resto serán expertos de los Estados miembros, ya sea en comisión de servicios de larga duración (1.500) o desplegados para periodos breves (5.500).
En los últimos años, los Gobiernos han arrastrado los pies a la hora de ceder a Frontex los efectivos que necesitaba para hacer frente a la crisis migratoria. "¿Están los Estados miembros preparados para cumplir sus responsabilidades? Me temo que una vez más estamos prometiendo a nivel de la UE algo que los Estados miembros no van a cumplir", ha avisado el eurodiputado conservador portugués Carlos Coelho.
La reforma de la política de asilo, empantanada
El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun, se ha quejado de que las capitales no hayan aceptado ampliar el mandato de Frontex en funciones de búsqueda y rescate de inmigrantes en alta mar. "Frontex es el brazo armado de la Comisión Europea para que nadie ponga un pie en la UE. Es el sueño de la ultraderecha hecho realidad por socialdemócratas, conservadores y liberales", sostiene la portavoz de Izquierda Unida, Marina Albiol.
Lo cierto es que la aprobación del reglamento sobre Frontex pone de relieve que el blindaje de las fronteras exteriores es la única política que genera un consenso mínimo en la UE en materia migratoria. En contraste, la reforma del sistema de asilo sigue completamente bloqueada. De los siete proyectos de ley que Bruselas ha puesto sobre la mesa en los cinco años de legislatura, ninguno ha salido adelante. El más polémico es el que establece cuotas obligatorias para el reparto de refugiados: los países del Este, liderados por Polonia y Hungría, mantienen una oposición férrea, pero la solución no entusiasma realmente a ningún país.
Ni siquiera ha prosperado el plan de Avramopoulos de establecer acuerdos temporales para el reparto de los migrantes rescatados en alta mar. La idea era generalizar la experiencia del caso Aquarius, el barco rechazado por Malta e Italia que acabó viajando a Valencia el pasado verano: es decir, la distribución de los migrantes entre coaliciones de países voluntarios. El problema es que no hay suficientes Estados miembros dispuestos a participar. El último caso es el de los 62 migrantes a bordo del barco Alan Kurdi: tuvieron que aguantar 10 días en alta mar hasta que Malta aceptó el sábado su desembarco para repartirlos entre Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo.
"Aunque la protección de las fronteras es muy importante, no es suficiente por sí misma. Necesitamos un sistema europeo de asilo completo y finalizarlo será una de las principales tareas del próximo Parlamento", ha dicho el eurodiputado socialista húngaro Péter Niedermüller. Todo dependerá del resultado que salga de las urnas el 26-M.