Un total de 26.000 millones de euros acumulados en los próximos cuatro años. Este es el aumento de la presión fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez ocultó durante la campaña electoral y que acaba de prometer a Bruselas apenas dos días después de ganar las elecciones del 28-A. El aperitivo llegará en 2020 con una subida de impuestos por valor de 5.654 millones de euros. En principio, 2019 se salva de cualquier incremento impositivo por tratarse de un año electoral.
La mayoría de estas medidas estaban ya incluidas en el acuerdo al que llegó Sánchez con Podemos para los Presupuestos de 2019, que finalmente fueron rechazados en el Congreso, lo que precipitó las elecciones anticipadas. Ahora, el Gobierno socialista se dispone a resucitar el pacto con Pablo Iglesias.
Su objetivo, aduce, es que "quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo, donde cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad, preservando a la clase media y trabajadora". Pero lo cierto es que algunas subidas, como la del diésel, afectan a toda la población y el resto pueden ser repercutidas por las empresas en los consumidores.
Con esta subida masiva de impuestos, el Gobierno de Sánchez pretende convencer a Bruselas de que podrá financiar el fuerte aumento de gasto público incluido en su programa (en medidas como volver a ligar las pensiones a la inflación, algo que la Comisión ve contraproducente; el incremento de los salarios de los funcionarios; el subsidio de paro para mayores de 52 años; o el aumento del permiso de paternidad). Y que por tanto cumplirá los objetivos de reducción del déficit públicos exigidos por la Unión Europea.
Sin embargo, Bruselas ya ha dejado claro que no se cree los números de Sánchez. Las cuentas no cuadran. Según la evaluación que hizo el Ejecutivo comunitario del borrador de Presupuestos para 2019, las previsiones de ingresos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son demasiado optimistas, están infladas. Hay un alto riesgo de incumplir el Pacto de Estabilidad. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha avisado de los riesgos de una subida de impuestos en un momento en que el crecimiento económico se ralentiza.
La Comisión tiene previsto publicar el próximo martes 7 de mayo sus previsiones económicas de primavera, en las que examinará el impacto de las medidas de Sánchez sobre el crecimiento y el déficit. Y a principios de junio aprobará sus recomendaciones de política económica al Gobierno socialista, en las que previsiblemente reiterará sus críticas y dudas. De momento, este es el incremento de impuestos que prepara Sánchez.
Nuevos impuestos
SUBIDA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES (1.776 MILLONES): Esta medida busca acercar el tipo efectivo al nominal, con el objetivo de lograr "una mayor contribución de las grandes empresas y grupos consolidados". Por un lado, se limitarán algunas exenciones. Por el otro, el Gobierno de Sánchez impondrá un tipo mínimo efectivo de tributación del 15% para las grandes compañías. Las pymes quedan exentas. Es más, las que facturen menos de un millón de euros verán reducidos del 25% al 23% el impuesto de sociedades. (-276 MILLONES)
INCREMENTO DEL IRPF A LAS RENTAS ALTAS (328 MILLONES): Se incrementan dos puntos los tipos impositivos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Asimismo, el tipo estatal sobre la base del ahorro aumentará cuatro puntos para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros, pasando del 23% al 27%. Sánchez sostiene que esta medida "responde a la justicia social y a la capacidad contributiva de los ciudadanos".
SUBIDA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (339 MILLONES): Subirá un 1% el tipo aplicable a patrimonios superiores a 10 millones de euros "con el objetivo de que aporten en mayor medida los ciudadanos que dispongan de mayor patrimonio". Bruselas considera "muy improbable" que esta medida genere la recaudación que espera el Gobierno socialista.
En España, este denominado "impuesto sobre la riqueza" está transferido a las comunidades autónomas, que tienen poderes para fijar el tipo que quieran. La subida prevista por Sánchez sólo se aplicaría a Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las únicas que no tienen su propio impuesto sobre el patrimonio y se remiten al estatal. En el esto de regiones, el impuesto a las rentas altas sólo generó 89 millones en 2016, según los datos de la Comisión.
NUEVO IMPUESTO AL DIÉSEL (670 MILLONES): Sánchez tiene previsto aumentar la fiscalidad de los gasóleos: en concreto, una subida de 38 euros por cada mil litros. No obstante, de momento se salvan el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado. Se trata de otorgar a sus usuarios más tiempo para adaptar su actividad a otros productos menos contaminantes y de no mermar su competitividad.
El Gobierno sostiene que su objetivo es equiparar progresivamente la fiscalidad del diésel y la de la gasolina: "No persigue, por tanto, un fin recaudatorio per se, sino que busca proteger el medioambiente". El Ejecutivo comunitario ha venido señalando reiteradamente que España es uno de los países de la UE que menos recauda con impuestos medioambientales y que por tanto tiene más margen para subirlos.
REBAJA DEL IVA A LOS SERVICIOS VETERINARIOS (-35 MILLONES): Se reducirá el gravamen a los servicios veterinarios del actual 21% al tipo reducido del 10%. El Gobierno socialista considera necesario adecuar la tributación de estos servicios a la de los medicamentos para uso veterinario, que sí pagan un 10%.
MEDIDAS DE FISCALIDAD DE GÉNERO Y DESIGUALDAD (-18 MILLONES): Este capítulo incluye dos cambios. En primer lugar, se rebaja el IVA de los productos de higiene femenina del actual tipo reducido del 10% al superreducido del 4%. En segundo lugar, Sánchez introducirá una deducción en el impuesto de sociedades para las empresas que incrementen el número de mujeres en su consejo de administración hasta alcanzar la paridad.
REBAJA DEL IVA A LAS PUBLICACIONES DIGITALES (-24 MILLONES): El Gobierno socialista rebajará del 21% al 4% el IVA para libros, periódicos y revistas en soporte electrónico. De esta forma, España hace uso de la posibilidad recientemente aprobada por la UE para acabar con la discriminación fiscal que sufren las publicaciones digitales respecto a las de papel.
TASA A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (850 MILLONES): Consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación o del lugar en el que se negocien. Estas operaciones no se encuentran en la actualidad sujetas a impuesto alguno, por lo que, según el Gobierno de Sánchez, el establecimiento de la tasa supone un avance en equidad tributaria.
Esta medida está inspirada en una propuesta de la Comisión Europea que lleva años atascada en Bruselas. Además, el Ejecutivo comunitario considera que la previsión de ingresos está inflada. Basándose en las experiencias de Francia e Italia, que ya tienen sus propias tasas nacionales, concluye que la recaudación será un 30% inferior a la prevista. Es decir, unos 595 millones.
TASA DIGITAL (1.200 MILLONES): Se trata de gravar los ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales como Google o Facebook a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal. La tasa se aplicará a un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea como los que prestan las redes sociales y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
Esta tasa se basa también en una propuesta de Bruselas pero que ya ha sido enterrada en la UE por falta de unanimidad. Tampoco en este caso el Ejecutivo comunitario se cree la previsión de ingresos de Montero y le aplica un descuento del 30%, lo que dejaría la recaudación en 840 millones.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL (828 MILLONES): Este apartado se concreta en tres medidas: limitación de los pagos en efectivo, refuerzo de la lista de morosos a la Hacienda Pública y adopción de las mejores prácticas internacionales en la lucha contra los paraísos fiscales. La Comisión estima que la recaudación real será la mitad de la prevista por Sánchez (414 millones) debido a la incertidumbre sobre la puesta en marcha efectiva de estas iniciativas.