España sale del expediente por déficit excesivo pero Bruselas mantendrá la vigilancia al Gobierno

En la primavera de 2011, en el punto álgido de la Gran Recesión, 24 de los 28 países miembros de la UE estaban expedientados por superar el límite del 3% de déficit público que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ahora sólo queda España. La Comisión Europea recomendará este miércoles cerrar definitivamente el procedimiento sancionador por déficit excesivo contra nuestro país, que lleva activo una década, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes europeas.

España es el último de la UE que se libra de la supervisión reforzada de Bruselas. Tanto Portugal como Grecia, países que recibieron un rescate completo, lo hicieron ya en 2017 y Francia el año pasado. No obstante, los controles de la UE sobre las cuentas públicas españolas no terminan: la vigilancia se centrará ahora en la rebaja de la deuda y en las visitas semestrales a Madrid de los 'hombres de negro' de la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) para garantizar que España devuelve las ayudas del rescate bancario.

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Según el análisis del Ejecutivo comunitario, España ha realizado progresos importantes a la hora de volver a una senda de sostenibilidad fiscal. El saldo presupuestario ha mejorado desde un déficit del 11% en 2009 al 2,5% en 2018, por debajo del umbral del 3%. Se trata además de una mejora sostenible: el desfase seguirá reduciéndose hasta el 2,3% este año y el 2% en 2020, de acuerdo con las previsiones económicas de primavera de Bruselas. Es decir, lejos del ajuste que pide la UE pero claramente por debajo del 3%.

Todos estos factores han llevado a la Comisión a proponer la abrogación del expediente por déficit excesivo contra España. La decisión final la adoptarán los ministros de Economía de la UE en su reunión del 13 y 14 de junio en Luxemburgo. Si el Ecofin avala la recomendación de Bruselas, nuestro país pasará del brazo correctivo al brazo preventivo del Pacto de Estabilidad.

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Cuando la UE lanzó el expediente por déficit excesivo contra España en marzo de 2009, José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno y Joaquín Almunia el comisario de Asuntos Económicos. La economía española se desplomó desde un crecimiento del 1,1% en 2008 a una contracción del 3,6% en 2009. El saldo presupuestario se deterioró a velocidad récord desde un superávit del 1,9% en 2007 a un déficit del 4,4% en 2008.

La crisis se prolongó durante el primer mandato de Mariano Rajoy, cuando el déficit público volvió a superar el 10% y la tasa de paro llegó a cotas máximas del 26,1%. En 2012, España estuvo a punto de perder el acceso a los mercados para financiarse y tuvo que pedir a la UE un rescate para la banca por valor de 41.000 millones. Todavía quedan pendientes de devolver 23.721 millones. Hasta que nuestro país no reembolse todo el dinero se mantendrá la vigilancia de los 'hombres de negro'.

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El plazo inicial que la UE le dio a España para reducir el déficit por debajo del 3% vencía en 2012. Pero Bruselas acabó concediendo hasta cuatro prórrogas ante la imposibilidad de cuadrar las cuentas en pleno hundimiento de la economía. La primera, en noviembre de 2009, fue para el Gobierno de Zapatero y extendía el plazo hasta 2013. El Gobierno de Rajoy se benefició de otras tres ampliaciones: en julio de 2012 (hasta 2014), en mayo de 2013 (hasta 2016) y en julio de 2016 (hasta 2018). La cuarta prórroga ha sido la buena.

Pese a que la economía española lleva ya 5 años de recuperación con tasas de crecimiento que superan la media de la eurozona, el déficit público sigue estando entre los más altos de la UE y no se reduce al ritmo exigido por Bruselas. De hecho, la UE estuvo a punto de imponer al Gobierno de Rajoy una multa de 2.000 millones de euros en 2016 por no haber hecho los ajustes requeridos.

Aunque sale de la fase correctiva del Pacto de Estabilidad, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá seguir reduciendo el déficit público hasta alcanzar el equilibrio presupuestario. A partir de ahora, Bruselas ya no pondrá el foco en el cumplimiento del objetivo nominal, sino en el esfuerzo estructural de ajuste.

Eso obliga a recortar el gasto o subir impuestos de forma permanente. Ya no servirá fiarlo todo al crecimiento o tomar medidas improvisadas y puntuales. Los primeros pasos de Sánchez no han convencido en absoluto al Ejecutivo comunitario, que le puso un suspenso a su proyecto de Presupuesto para 2019 por inflar los ingresos e infravalorar el aumento del gasto. 

La Comisión le dará también más importancia a la reducción de la deuda pública, que alcanza ya el 97,1% del PIB y que según sus cálculos apenas bajará al 96,3% este año y al 95,7% en 2020. La elevada deuda pública es, junto con el paro, una de las principales vulnerabilidades que mantiene la economía española una década después del inicio de la Gran Recesión.