Corbyn lidera una estrategia legal y política para frenar el "golpe" de Boris Johnson

El terremoto político en que el Gobierno británico ha sumido al Reino Unido tras suspender el Parlamento hasta pocos días antes del brexit se agravó hoy con la intención mostrada por el Partido Laborista de legislar lo antes posible para evitar una salida abrupta e incluso presentar una moción de censura.

El escenario podría dar un vuelco aún mayor si este viernes el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que se reunió hoy para deliberar si la decisión cumple con la legalidad, determina que el Gobierno del conservador Boris Johnson actuó fuera de la ley.

La corte civil de mayor rango de Escocia celebró este jueves una vista presidida por el juez Lord Doherty, después de que un grupo de más de 70 diputados británicos contrarios a la salida del país de la Unión Europea (UE) presentase una demanda a inicios de agosto.

El plan para frenar las intenciones de Johnson pasa, según el líder laborista, Jeremy Corbyn, por "detenerle políticamente" a partir de un "proceso parlamentario que permita legislar y prevenir un 'brexit' no negociado", que se pondrá en marcha el próximo martes, cuando la Cámara de los Comunes retome su actividad.

Los tories y laboristas opositores al plan de Johnson están agilizando sus planes para que el Parlamento se reúna el próximo fin de semana, después de que el conservador Jacob Rees-Mogg, les desafiara a tratar de cambiar la ley para bloquear un Brexit salvaje. 

Los parlamentarios creen que pueden hacerse con el control de las negociaciones en la Cámara de los Comunes y aprobar la legislación necesaria para obligar a Boris Johnson a solicitar una extensión del Artículo 50 en solo tres días la próxima semana. Los diputados están intentando asegurarse de que los Comunes y los Lores puedan sentarse durante el fin de semana del 7 y 8 de septiembre.

El jefe de la oposición británica destacó asimismo que contempla presentar una moción de censura contra Johnson "en el momento apropiado".

Ante el revuelo generado por la suspensión del Parlamento durante cinco semanas y las acusaciones de que se trata de una maniobra "antidemocrática", el Gobierno ha recalcado que es un movimiento "constitucional y apropiado" y que los diputados tendrán "mucho tiempo para debatir antes del 31 de octubre", fecha prevista para el brexit.

Discurso de la Reina

El calendario refrendado  por la reina Isabel II implica que el Parlamento suspenderá sus sesiones entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, con lo que los detractores de un "brexit" sin acuerdo, que conformarían una mayoría, apenas tendrán tiempo para tramitar iniciativas que frenen este escenario.

Ambas cámaras reabrirán entonces, después del conocido como "Discurso de la reina", en que el Ejecutivo detalla sus planes para el siguiente ejercicio, cuando quedarán tan solo trece jornadas hábiles de cara a la fecha prevista para el brexit.

El líder conservador en la Cámara de los Comunes, Jacob Rees-Mogg, afirmó que la polémica generada en torno a la acción gubernamental es "falsa" y ha sido creada por personas que no quieren que el Reino Unido abandone la UE.

"Es una completa malinterpretación de lo que está sucediendo. Tendremos un nuevo 'Discurso de la reina', que normalmente tenemos todos los años, y esta vez se ha retrasado mucho", declaró.

La suspensión del Parlamento es un trámite habitual, aunque generalmente solo se alarga alrededor de quince días cuando esta vez alcanzará las cinco semanas, pero el hecho de que Johnson haya decidido planificarla a escasas fechas del brexit ha levantado una gran polvareda que ha llegado hasta las calles.

Manifestaciones y batalla legal

Miles de personas se manifestaron este miércoles por la noche frente al Parlamento de Westminster, mientras que más de un millón ha firmado una petición en contra de la suspensión.

Los procesos judiciales para tratar de frustrar los planes gubernamentales se han redoblado en las últimas horas con la demanda presentada por la activista anti "brexit" Gina Miller y los anuncios de algunos parlamentarios conservadores -así como del ex primer ministro conservador John Major- que avanzaron que estudian llevar el caso ante los tribunales de Inglaterra y Escocia.

Manifestaciones contra Boris Johnson en Londres Reuters

La Justicia de Irlanda del Norte recibió también hoy otra demanda presentada por Raymond McCord, defensor de los derechos de las víctimas del conflicto en la región, que argumenta que un "brexit" no negociado violaría el acuerdo de paz del Viernes Santo.

El descontento de un sector del Partido Conservador británico se visibilizó con la dimisión de la líder de los "tories" escoceses, Ruth Davidson, quien justificó su inesperada marcha aduciendo cambios "personales" y en el "amplio contexto político".

Aunque sus desacuerdos con Johnson son sobradamente conocidos (Davidson evitó respaldarlo durante la carrera por el liderazgo conservador), aseguró que la principal razón de su marcha es que quiere centrarse en cuidar a su hijo.

No ocultó, sin embargo, que su preferencia es que el Reino Unido abandone la UE con un acuerdo, y señaló que el "premier" le ha asegurado que está trabajando en esta dirección.

Los "tories" pierden así a una de sus figuras más carismáticas -Davidson consiguió situarles en 2016 como el primer partido de la oposición en Escocia-, lo que podría perjudicarles si se celebran elecciones generales.