Si hay un asunto que dispara al máximo la tensión entre los líderes de la Unión Europea son las negociaciones por dinero. Cada siete años, los jefes de Estado y de Gobierno se encierran en el mastodóntico edificio del Consejo Europeo en Bruselas y se pasan la noche el blanco discutiendo el presupuesto plurianual de la UE. Una batalla que enfrenta a los países más ricos que son contribuyentes netos a las arcas comunitarias (encabezados por Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia) contra los principales beneficiarios que tienen menor nivel de renta (Polonia y los países del Este, pero también España, Portugal o Grecia). La fumata blanca nunca llega antes de las primeras luces del día siguiente.
Tras varios meses en el congelador eclipsadas por otros expedientes más urgentes como el brexit, las negociaciones para el próximo presupuesto del periodo 2021-2017 empiezan a calentarse. Será el primero tras el adiós de Reino Unido, que deja un agujero de hasta 14.000 millones de euros en las cuentas comunitarias. Para cerrar la brecha, la Comisión Europea ha propuesto recortar las ayudas agrícolas (un 5%) y también los fondos estructurales para las regiones (un 7%). En contraste, otras partidas consideradas prioritarias aumentan, en particular los fondos para inmigración, investigación, defensa o Erasmus.
Pero los tijeretazos por sí solos no bastarán para cubrir el vacío que deja Reino Unido. Por eso, el Ejecutivo comunitario reclama además un aumento de las contribuciones de los Estados miembros. De hecho, Bruselas plantea un pequeño aumento del presupuesto, desde el actual 1,03% del PIB comunitario hasta el 1,11%, cifra que representa un gasto de 1,28 billones de euros en siete años.Estos números fueron preparados por la ministra de Economía, Nadia Calviño, poco antes de abandonar su anterior cargo de directora general de Presupuestos de la Comisión.
Los contribuyentes netos se han rebelado contra los números del Ejecutivo comunitario. Replican que una UE más pequeña (sin Londres) debería significar también un presupuesto comunitario más reducido. La línea roja del club de los cinco austeros, el límite que nunca debería superarse, es el 1% de la renta europea.
Por si fuera poco, Alemania ha endurecido su posición en las últimas semanas ante la amenaza de recesión inminente. Si el año pasado el Gobierno de Angela Merkel se mostraba dispuesto a subir su aportación a la UE, ahora ha entrado en una guerra de cifras con Bruselas. Denuncia que su contribución neta al presupuesto plurianual (es decir, la diferencia entre lo que paga y las ayudas comunitarias que recibe) se duplicará desde los 15.000 a los 33.000 millones de euros al año. Unas cantidades inasumibles en un contexto de frenazo económico.
La Comisión Europea respondió ya la semana pasada que las cifras de Berlín están infladas y son "irresponsables". La aportación neta de Alemania será muy inferior: aumentará progresivamente hasta 23.500 millones netos en 2027, según dijo el comisario de Presupuestos, Günther Verheugen. Este martes, el Ejecutivo comunitario ha ido un paso más lejos en su disputa contra el club de los cinco austeros y ha publicado sus cálculos sobre la evolución de las contribuciones brutas de todos los Estados miembros para 2021-2027.
¿Se mantendrá España como beneficiaria neta?
En el caso de España, la aportación a las arcas comunitarias pasará de 10.170 millones de euros al año de promedio en el actual presupuesto 2014-2020 a un total de 11.950 millones de media anual durante los próximos 7 años. Es decir, España tendrá que pagar un 17,5% más para el próximo presupuesto plurianual de la UE. Medida en porcentaje de renta, la contribución española subirá del 0,86% del PIB en el periodo actual al 0,95% de media en 2021-2027.
¿Significa esto que España se convertirá por primera vez en contribuyente neto a las arcas comunitarias? Es decir, ¿pagará a la UE más de lo que recibe? No necesariamente. Pero de momento es imposible calcularlo, porque los datos de Bruselas omiten la otra parte de la ecuación, el cálculo del promedio de ayudas de la UE que recibirá cada Estado miembro. El Ejecutivo comunitario se limita a señalar que las subvenciones agrícolas a España bajarán del 0,57% del PIB en el actual periodo al 0,44% de media entre 2021 y 2027. Por su parte, los fondos regionales apenas se reducirán del 0,39% al 0,38% del nivel de renta. El resto de fondos no puede repartirse por países de antemano, aduce Bruselas.
En 2018, último año con datos disponibles, España cobró un total de 12.270 millones de euros de fondos comunitarios. Descontando la aportación de nuestro país a la UE, el saldo neto positivo fue de 1.857 millones de euros. De media, España ha recibido ayudas netas de la UE por valor de 2.050 millones al año entre 2014 y 2018, según los cálculos de Bruselas. Una cifra equivalente al 0,18% del PIB.
En términos absolutos, los principales contribuyentes netos a las arcas comunitarias son Alemania (13.500 millones anuales), Francia (6.870 millones), Italia (3.970 millones), Holanda (2.580 millones), Suecia (1.740 millones), Bélgica (1.150 millones) y Austria (1.120 millones). La lista de beneficiarios netos la encabezan Polonia (10.650 millones), Hungría y Rumanía (4.640 millones) y Grecia (4.490 millones).
En respuesta a las críticas del club de la austeridad, el Ejecutivo comunitario alega que el impacto del presupuesto de la UE no pueden medirse únicamente a partir de los saldos presupuestarios netos. Hay otros factores que deben tomarse en cuenta, por ejemplo los beneficios que cada país saca del mercado único comunitario. El país más favorecido en este capítulo sería precisamente Alemania, con 208.020 millones al año (el 5,22% de su PIB).
Según las estimaciones preliminares de Bruselas, si su propuesta saliera adelante, España podría mantenerse como beneficiaria neto los próximos siete años. El motivo es que ha perdido terreno en materia de convergencia económica durante los últimos años debido a la crisis, lo que le permitirá mantener la mayor parte de los fondos estructurales.
Además, la participación de España no se limita únicamente a los subsidios agrícolas y regionales. Es además uno los principales beneficiarios del programa Erasmus de intercambio de estudiantes (cuya dotación se multiplica por dos en el nuevo presupuesto), de los fondos para investigación (que aumentan un 50%) o del gasto en inmigración (que casi se triplica).
Sin embargo, un recorte de fondos como el que reclaman los miembros del club de la austeridad empujaría a España a la posición de contribuyente neto al presupuesto de la UE.
Los amigos de la cohesión contra el club de la austeridad
Para contrarrestar esta subasta a la baja, los países del Sur y del Este han creado han creado un foro alternativo bautizado como 'Amigos de la Cohesión'. Los 17 Estados miembros que lo forman (España, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, Rumanía, Grecia, Eslovenia, Croacia, Portugal, Chipre, Malta e Italia) se han reunido este martes en Praga para coordinar posiciones. Aunque muchos países han enviado a su primer ministro, por parte española ha asistido el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano.
Frente al recorte del 7% de los fondos regionales que propone Bruselas, los asistentes (salvo Italia, el único contribuyente neto entre ellos) han firmado una declaración conjunta en la que piden que se mantenga el actual nivel de financiación pero se dé más flexibilidad a los Estados miembros sobre cómo gastar el dinero, disminuyendo las cargas burocráticas.
Los dos bandos han rechazado de plano, aunque por razones contrapuestas, la propuesta de compromiso planteada por la presidencia finlandesa de la UE, que sitúa el presupuesto plurianual entre el 1,03% y el 1,08% del PIB. Por si fuera poco, la otra autoridad presupuestaria de la UE, el Parlamento Europeo, reclama aumentar el umbral hasta el 1,3% del PIB.
Los líderes europeos se habían comprometido a alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto plurianual durante la próxima cumbre que se celebra el 12 y 13 de diciembre en Bruselas. Pero las posturas están tan alejadas y el nivel de tensión es tan alto que el comisario Oettinger ya ha admitido que será imposible lograr ese objetivo. Cualquier retraso adicional podría provocar una interrupción de las ayudas europeas a los agricultores o a las regiones y ayuntamientos a partir de 2021.