Bruselas ha presentado este martes su plan para financiar su ambicioso Pacto Verde, cuyo objetivo es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro -es decir, con cero emisiones netas- de aquí a 2050. Se trata de movilizar un mínimo de un billón de euros en inversiones sostenibles durante los próximos 10 años, el mayor gasto público de la historia para combatir el cambio climático con cargo al presupuesto de la UE, según presume la Comisión Europea.
Sin embargo, si se escarba en las cifras, apenas hay 7.500 millones de dinero nuevo. El resto es contabilidad creativa e ingeniería financiera, denuncia la Eurocámara.
"Estamos absolutamente a favor de una economía más circular, pero estamos en contra del reciclaje de las promesas y del dinero. La contabilidad creativa y las aventuras financieras no llevarán a la Comisión muy lejos a la hora de encontrar el billón de euros necesario para financiar sus nuevos planes climáticos y energéticos", ha denunciado el presidente de la comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, el belga Johan Van Overtveldt.
"En las propuestas para financiar el Pacto Verde, la Comisión hace promesas a cuenta del presupuesto a largo plazo de la UE que todavía no se ha aprobado y pone una considerable carga extra sobre los hombros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Después, no está claro de dónde saldrá el resto del dinero", se queja Van Overtveldt.
"Es esencial que haya dinero nuevo, pero el plan no contiene nada", ha protestado también la organización ecologista WWF a través de un comunicado. "Tanto la cantidad que se gasta ahora en clima y medioambiente como los futuros objetivos de gasto deben incrementarse masivamente para financiar el camino hacia una Europa sostenible", reclama WWF.
¿De dónde sale el billón de euros que promete Bruselas para el Pacto Verde los próximos 10 años? En primer lugar, Bruselas quiere redirigir a los objetivos climáticos una buena parte del presupuesto de la UE que ahora se dedica a otras cosas. En concreto, pretende que durante la próxima década el 25% de los fondos comunitarios se consagre al Pacto Verde. Es decir, un total de 503.000 millones de euros, según sus cálculos.
Ingeniería financiera y creatividad contable
Eso obligaría a los Estados miembros a poner otros 114.000 millones de fondos públicos nacionales para cofinanciar las inversiones. El problema es que los Gobiernos de la UE ni siquiera se han puesto de acuerdo todavía sobre el marco financiero para el periodo 2021-2027. Las negociaciones van muy atrasadas por la guerra entre los contribuyentes netos y los beneficiarios de las ayudas comunitarias. Y es improbable que los Estados miembros acepten esta imposición de Bruselas.
En segundo lugar, Bruselas pretende movilizar durante la próxima década a través del BEI un total de 650.000 millones de euros en inversión pública y privada con una garantía de apenas 15.200 millones de fondos comunitarios. Es la ingeniería financiera de lo que se conoce como el plan Juncker, que continuará con la Comisión Von der Leyen. De esta supuesta cantidad, alrededor de 279.000 millones irían a proyectos relacionados con el Pacto Verde, promete la Comisión. El puzzle se completa con otros 25.000 millones de lo recaudado en el sistema de comercio de emisiones.
En este plan de financiación está incluido el Fondo de Transición Justa, que en teoría tendría una dotación de 100.000 millones de euros durante el periodo 2021-2027 para asistir a las regiones más dependientes del carbón y mitigar el impacto socioeconómico de la transición verde. Pero la realidad es que sólo habrá 7.500 millones de euros de dinero nuevo, según admite el propio Ejecutivo comunitario. De hecho, es el único dinero nuevo de todo el plan.
Lo peor de todo es que este billón de euros al que Bruselas llega con su contabilidad creativa ni siquiera es suficiente para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de la UE. Sólo para alcanzar la meta de 2030 (un recorte del 40%) se requeriría una inversión adicional de 260.000 millones al año, según los cálculos de la propia Comisión. El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, se ha mostrado convencido de que si la UE crea las condiciones adecuadas, los recursos adicionales llegarán tanto del sector público como del privado. La Eurocámara y los ecologistas son más escépticos.