Emmanuelle es una profesora francesa residente en Reino Unido y ha enseñado su idioma a miles de adolescentes durante 20 años de trabajo en escuelas británicas. Ha pagado sus impuestos, se casó con un británico y tiene hijos que son británicos. Recientemente rellenó un impreso de 85 páginas para solicitar el estatus de asentada, el requisito que exige Londres para garantizarle el derecho a quedarse de por vida tras el brexit. Su petición fue inicialmente denegada.
Al igual que Emmanuelle -un caso relatado por la portavoz de los liberales británicos en la Eurocámara, Caroline Voaden-, muchos de los 3,2 millones de ciudadanos europeos que residen en territorio británico viven estos días una situación de ansiedad e incertidumbre total sobre su futuro. Reino Unido dirá adiós a la UE el próximo 31 de enero y -aunque durante los 11 meses de transición todavía no hay cambios- temen que el brexit acabe teniendo un efecto devastador en sus vidas. Que no se les reconozca el derecho a quedarse, que sean discriminados por ser europeos y que acaben siendo deportados.
"Yo soy uno de los ciudadanos de la UE, un nacional europeo al que se le ha pedido que solicite este estatus de asentado. He vivido en Escocia más de 35 años. Vine aquí por la libertad de movimiento", ha explicado el eurodiputado Christian Allard, de nacionalidad francesa. "El sistema para quedarse en Reino Unido no es adecuado para el fin que persigue. No voy a presentar una solicitud para que se me deniegue mi derecho a vivir en mi propio hogar. El proceso de solicitud debe ser suprimido y nuestros derechos protegidos de forma automática", reclama.
La angustia afecta también a muchos españoles que residen en Reino Unido, que han hecho llegar su inquietud al líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano. "Me dicen que el sistema es innecesariamente cruel y que provoca mucha incertidumbre. El problema básico es que reciben un PDF por correo electrónico, que cualquiera puede falsificar, que dice que se les ha concedido el estatus de asentado. Es todo. No reciben ningún documento que puedan usar cuando viajan o cuando van a trabajar. No saben si la próxima vez que regresen a Reino Unido, quizá alguien no encuentre su estatus", relató Garicano esta semana en el pleno.
En teoría, el derecho a quedarse en Reino Unido tras el brexit está consagrado en el acuerdo de divorcio suscrito entre Bruselas y Londres, que se encuentra en la fase final de ratificación a ambos lados del canal de la Mancha. Allí se dice que los europeos llegados antes del 31 de diciembre de 2020 -fecha en que concluye la transición- podrán seguir trabajando, estudiando, percibir ayudas sociales o traer a sus familiares en las mismas condiciones que ahora, beneficiándose de la prohibición de cualquier discriminación en razón de nacionalidad y del derecho a la igualdad de trato respecto a los británicos. El derecho a quedarse cubre incluso a los bebés postbrexit.
El problema ha surgido con la puesta en práctica de estos derechos por parte del Gobierno de Boris Johnson, que ha declarado la guerra a los inmigrantes europeos. Londres se comprometió a crear un procedimiento muy sencillo para que los ciudadanos de la UE accedieran al estatus de asentados. Pero la realidad es que se trata de una pesadilla burocrática con constantes peticiones de pruebas adicionales para demostrar que se goza del derecho a quedarse, falta de apoyo a personas mayores y colectivos más vulnerables y amenazas de deportación, según denuncian los afectados.
La otra gran dificultad es que Londres rechaza expedir a los europeos un documento físico como prueba de su derecho a residir en Reino Unido. Esta negativa hace difícil que los europeos demuestren su estatus de asentados ante sus empleadores o sus caseros, lo que abre la puerta a la discriminación. Finalmente, la UE tiene dudas sobre el papel de la autoridad independiente que se ha comprometido a crear el Gobierno de Johnson para supervisar que los derechos de los europeos queden protegidos.
Reino Unido niega que haya problemas
"Lo que está recogido en el Acuerdo de Retirada es satisfactorio, pero es verdad que tenemos un problema de confianza con Reino Unido. Nos preocupan las dificultades administrativas que se han introducido", ha señalado el copresidente del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, Philippe Lamberts. "Pero lo que nos inquieta todavía más son las declaraciones de algunas voces próximas al ministerio del Interior británico, que prácticamente presentan a los europeos residentes en Reino Unido como amenazas a la seguridad del Estado", denuncia Lamberts.
La Eurocámara ha aprobado esta semana por aplastante mayoría -610 votos a favor, 29 en contra y 69 abstenciones- una resolución en la que le pide al Gobierno de Boris Johnson que rectifique. Que conceda el estatus de asentados a los europeos de forma automática, sin necesidad de rellenar una compleja solicitud. Que les dé una "prueba material" que permita demostrar fácilmente que son beneficiarios del derecho a quedarse. Y que garantice verdaderamente la independencia de la autoridad de supervisión, por ejemplo incluyendo a representantes de los ciudadanos comunitarios.
Pero en Londres niegan que haya problemas. "Hemos hecho mucho más que lo cualquier otro Estado miembro de la UE ha hecho por los ciudadanos británicos y es hora de que éstos adopten un enfoque igual de generoso. Ya hemos dado certidumbre a 2,5 millones de personas a las que se les ha concedido el estatus de asentados. Es gratis, hay mucha asistencia disponible y proporciona un estatus digital seguro que no puede perderse, robarse o falsificarse", ha dicho un portavoz del ministerio del Interior británico.
No opinan lo mismo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ni el negociador de la UE para el brexit, Michel Barnier. "Ya hemos identificado una serie de preocupaciones, planteadas por organizaciones de ciudadanos y por el Parlamento Europeo", señala Barnier, que anuncia que "la Comisión estará particularmente alerta a los ciudadanos de la UE que se encuentren con problemas para obtener el nuevo estatus de residencia".