La oficina antifraude de la Unión Europea (OLAF) ha dictaminado que los cuatro eurodiputados de Izquierda Unida (IU) durante la pasada legislatura -Javier Couso, Paloma López, Marina Albiol y Ángela Vallina- destinaron de forma irregular parte de sus salarios mensuales a financiar a su partido, una práctica que vulnera las normas del Parlamento Europeo. La cantidad de fondos europeos desviados a IU entre 2014 y 2019 asciende a 640.000 euros.
En las conclusiones de su investigación -que se lanzó en 2017 y se cerró en enero de este año- la Oficina Antifraude señala que los pagos no se realizaron de forma espontánea, sino que se hicieron en cumplimiento de las obligaciones establecidas por la carta financiera que el partido había aprobado específicamente para su delegación en el Parlamento Europeo.
La OLAF recomienda a la Eurocámara que, de cara al futuro, establezca sanciones eficaces y medidas disciplinarias para los eurodiputados que incumplan la prohibición de destinar fondos europeos para financiar a sus partidos nacionales, así como la obligación de devolver las cantidades desviadas irregularmente.
La Oficina Antifraude no identifica en ningún momento a los eurodiputados de Izquierda Unida como responsables de estas prácticas, porque la investigación es confidencial. Sin embargo, desde la secretaría de organización y finanzas de IU confirman a EL ESPAÑOL que sus cuatro diputados han sido objetos de una investigación por la carta financiera del partido.
Esta carta establece un techo salarial a todos los cargos públicos y trabajadores contratados por IU. Todo el dinero que excede del máximo, se cede a la organización para que pueda seguir con su trabajo político. Las fuentes consultadas resaltan que "ese dinero se declara al Tribunal de Cuentas, cotiza en España y es auditado cada año, sin que haya sido detectada irregularidad ninguna".
Tras conocerse el informe de la OLAF, la Eurocámara ha dicho que toma nota y que examinará las conclusiones, pero admite que no tiene poderes para imponer sanciones. El Estatuto de los diputados considera nulo cualquier acuerdo de cesión del salario entre diputados y partidos porque eso va contra la independencia del mandato del eurodiputado.
Pero al mismo tiempo no prevé ningún tipo de castigo para los incumplidores ni la obligación de devolver los fondos porque este dinero forma parte de su salario y es el eurodiputado el que asume la responsabilidad de ceder el dinero. Si se tratara de dietas con una destinación obligatoria concreta o dinero para los asistentes, entonces sí que existiría la obligación de reembolsar los fondos, explican fuentes parlamentarias.
Desde Izquierda Unida aseguran que la OLAF en ningún momento les ha comunicado que hubiera irregularidades en el uso de estos fondos. El partido no se plantea devolver unas cantidades "declaradas correctamente". "Estamos orgullosos de que los cargos públicos de IU ayuden con parte de su salario al trabajo político de nuestra organización", sostienen.
De hecho, los actuales eurodiputados de Izquierda Unida, Sira Rego y Manu Pineda, siguen cumpliendo cada mes con la carta financiera de la formación.
Además de a Izquierda Unida, la investigación de la OLAF por desvío irregular de salarios de eurodiputados a partidos políticos nacionales afecta a una segunda formación tampoco identificada, que según la prensa internacional es el grupo de ultraderecha griego Amanecer Dorado.
Los eurodiputados de Amanecer Dorado pagaron entre 3.000 y 4.000 euros al mes a su partido, hasta superar los 540.000 euros durante el periodo 2014-2019. Además, pidieron (no hay pruebas de que les obligaran) a sus asistentes que contribuyeran también al partido. De hecho, inflaron sus contratos para que pudieran destinar más dinero a las arcas del grupo ultra.
En este caso, la Eurocámara sí se plantea exigir a los asistentes que devuelvan el dinero desviado de forma irregular.