Juan Sanhermelando Jesús Ossorio

"No hay plan B. El estado de alarma es una necesidad". Pedro Sánchez lleva este miércoles al Congreso la cuarta prórroga del estado de alarma que presenta como única opción para mantener las restricciones para contener la pandemia de coronavirus durante el proceso de desescalada que arrancó esta semana. 

El presidente del Gobierno español ha recurrido a la comparativa con otras países para convencer a los partidos de la oposición para que avalen la nueva prórroga. Analizamos cómo difieren las diferentes realidades parlamentarias, los distintos ordenamientos jurídicos y las diversas actitudes de otros partidos para hacer frente la pandemia.

Francia: emergencia sanitaria hasta el 24 de julio

El Gobierno de Emmanuel Macron decretó el estado de emergencia sanitaria el 24 de marzo, días después de que se adoptaran las primeras restricciones para frenar la expansión del coronavirus. La ley de emergencia sanitaria constituye la base legal del confinamiento en Francia. Autoriza al primer ministro a adoptar por decreto medidas que limitan las libertades individuales, como restringir la libertad de circulación, prohibir las reuniones u ordenar el cierre de establecimientos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita a un hospital de París. Reuters

La duración inicial prevista del estado de emergencia sanitaria era de dos meses, es decir, hasta el 24 de mayo. Como la circulación del virus sigue siendo elevada en Francia, el Gobierno de Macron ha pedido una prórroga de otros dos meses, hasta el 24 de julio, que cubrirá todo el periodo de desescalada. Las principales novedades del texto son la cuarentena obligatoria para las personas que lleguen a Francia desde fuera de la UE y un sistema de información para rastrear a los enfermos y sus contactos.

La prórroga se debate estos días en el Senado y en la Asamblea y está previsto que se apruebe sin problemas antes de que acabe la semana gracias a la amplia mayoría de La República en Marcha, el partido de Macron.

Italia: poderes extraordinarios 6 meses

El primer país europeo en sufrir el zarpazo del coronavirus optó en los primeros compases de la emergencia por aislar las zonas más afectadas por el brote, al norte del país. Se estableció una zona roja en la que la circulación no estaba permitida hasta que el primer ministro Giuseppe Conte decidió poner a todo el territorio en cuarentena bajo las mismas condiciones el pasado 11 de marzo.

Sí es cierto que Conte decretó el estado de emergencia el pasado 31 de enero, cuando la OMS calificó el Covid-19 de emergencia internacional y el país transalpino  contaba dos casos confirmados. La situación estaba "bajo control", según Conte y la declaración de emergencia se prolongaba durante seis meses por "prevención" y por "tomar nota" de la decisión de la OMS. 

Conte, primer ministro de Italia

El estado de emergencia es una figura jurídica prevista en la ley 225 del 24 de febrero 1992 para casos excepcionales como "desastres naturales u otros acontecimientos que por su intensidad deben afrontarse con medios y poderes extraordinarios".  Las primeras cuarentenas locales y las decisiones más drásticas se adoptaron en sucesivos decretos en virtud de estos poderes. 

Alemania: sin activar el estado de emergencia

El Gobierno de Angela Merkel no ha activado el estado de emergencia para hacer frente al coronavirus, pese a que se trata de un instrumento previsto en la Constitución alemana. Todavía pesa la memoria del decreto de emergencia aprobado durante la República de Weimar en 1933, que suspendió los derechos y libertades básicas y facilitó el ascenso del régimen nazi al poder.

Para gestionar la crisis, el Gobierno alemán ha recurrido a la Ley de Protección contra las infecciones de 2001. Esta norma confiere a las autoridades poderes para limitar algunas libertades constitucionales durante una epidemia. En particular, la libertad de movimiento y de reunión y la inviolabilidad del hogar.

Angela Merkel durante una rueda de prensa. Reuters

Alemania ha entrado ya en la fase de desescalada, que enfrenta a Merkel con los presidentes de los länder, los estados federados alemanes. Mientras que los länder presionan para acelerar el levantamiento de las medidas restrictivas y reactivar la economía, la canciller ha avisado reiteradamente del riesgo de un rebrote. Merkel y los presidentes celebran este miércoles otra videoconferencia para afinar las siguientes fases de la desescalada.

Portugal: alerta, emergencia y calamidad

El país vecino declaró el estado de alerta el pasado 13 de marzo para cerrar fronteras, suspender clases y cerrar comercios para controlar el coronavirus cuando todavía no había registrado ni un sólo fallecimiento. Pocos días después, el 19 de marzo, con 785 contagios y tres muertos, Portugal pasó al el estado de emergencia. Se trata de una medida nunca antes empleada desde la recuperación de la democracia. El presidente de la república, Marcelo Rebela de Sousa, es el encargado de activar este mecanismo recogido en la Constitución tras una audiencia con el primer ministro y contando con el visto bueno del Parlamento.

Al igual que en España, el Gobierno decide el alcance territorial de la aplicación y los derechos que se restringen de forma temporal para frenar la amenaza. Se renueva cada 15 días con el apoyo de la mayoría de la Asamblea de la República.

António Costa, primer ministro de Portugal. Reuters

La oposición ha apoyado sin fisuras los planes de Antonio Costa para la contención de la pandemia, sólo obtuvo un voto en contra en la primera prórroga. Los buenos datos de la curva de contagios han permitido a Portugal pasar a estado de calamidad, otra figura constitucional en la que el primer ministro no necesita contar ni con el Parlamento ni con el presidente de la república para ordenar toda la desescalada. El estado de calamidad es el nivel de alerta más alto contemplado en la Ley de Protección Civil.

Bélgica: gobernando por decreto

Al principio de la crisis, Bélgica llevaba más de un año sin Gobierno por el tradicional choque entre flamencos y valones y los resultados enrevesados de las elecciones del 26 de mayo de 2019. El coronavirus lo cambió todo. En cuestión de días se formó un Ejecutivo con plenos poderes dirigido por la liberal valona Sophie Wilmès y con el apoyo de nueve partidos, al que el Parlamento otorgó "poderes especiales" para hacer frente al Covid-19.

Los "poderes especiales" permiten al Gobierno de Wilmès gobernar por decreto con el fin de poder reaccionar con rapidez a los estragos causados por la pandemia. Su duración inicial es de tres meses, aunque puede ampliarse.

La primera ministra ha anunciado que no tiene previsto pedir una prórroga cuando caduquen a mediados de junio. "Estos poderes especiales no son muy democráticos. Si no son necesarios, no deberían prolongarse. Espero que no se prolonguen. Eso significará que la situación ya no es crítica", ha dicho.

Reino Unido: ley específica

Tras descartar la inmunidad de grupo para pasar la crisis sanitaria, el primer ministro Boris Johnson decidió poner en marcha a toda prisa una ley específica para hacer frente al coronavirus en Reino Unido, un país que no cuenta con una Constitución escrita. El Parlamento, con amplía mayoría conservadora, la aprobó sin mucho debate. 

Boris Johnson. Reuters

El cierre de comercios, el confinamiento de la población y la restricción de la movilidad se han decretado por orden del premier británico haciendo uso de unos "poderes especiales" que le otorga la llamada ley del coronavirus durante un máximo de dos años. "Son medidas temporales y proporcionadas, sólo se usarán cuando sea estrictamente necesario", ha prometido Downing Street.  

 

Hungría: deriva autoritaria

Es el caso que más preocupa a la Unión Europea. Los dirigentes comunitarios creen que el conservador Viktor Orbán (que todavía pertenece al Partido Popular Europeo aunque está suspendido) ha aprovechado la pandemia del coronavirus para acelerar y profundizar su deriva autoritaria.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. UE

El Parlamento húngaro aprobó a finales de marzo -gracias a la supermayoría de dos tercios que tiene el Fidesz de Orbán- una norma que permite al primer ministro gobernar de forma indefinida por decreto, sin límite temporal. La ley impone además penas de cárcel de hasta cinco años para las personas que obstaculicen las medidas para frenar la expansión del virus o que difundan fake news que causen alarma o dificulten la lucha contra la pandemia. 
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha avisado de que las medidas de emergencia para combatir al coronavirus no pueden durar indefinidamente ni poner en riesgo la libertad de expresión. Pero de momento el Ejecutivo comunitario no ha tomado ninguna medida contra Hungría.

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