Este lunes, Boris Johnson consiguió que su controvertida ley del mercado interno pasará su primer test en el Parlamento británico. Con el apoyo de 340 diputados y el rechazo de 263, Johnson hizo valer la mayoría absoluta con la que cuenta en la Cámara de los Comunes.
Sin embargo, no consiguió frenar el coro de voces cada vez mayor, en la oposición y dentro de su propio partido, que denuncia que el proyecto de ley viola el derecho internacional, al poner en causa un tratado internacional como el acuerdo del brexit. En el documento firmado por el Reino Unido y los 27 estados miembros de la Unión Europea, se establece que ese acuerdo se antepone a cualquier ley nacional británica sobre los temas estipulados en el tratado. Ahora, si Jonhson consigue aprobar esta ley, estaría violando un tratado internacional.
La norma rompería la llamada salvaguarda irlandesa, que busca evitar la creación de una frontera física entre las dos irlandas, la única frontera terrestre que tendrá el Reino Unido con la UE. El acuerdo del brexit retira a todo el Reino Unido de la unión aduanera, pero sigue dejando a Irlanda del Norte dentro de la normativa comunitaria, sobre todo en lo relativo a bienes, para garantizar que todo lo que llega del Reino Unido a los consumidores de la UE cumple con las exigencias de calidad del mercado único. La nueva ley podría eliminar esos controles.
Además, el acuerdo del brexit prevé que se apliquen tasas europeas a bienes que, viajando desde la Gran Bretaña a Irlanda del Norte, tengan como destino final los países de la UE pero Johnson quiere que sea el Reino Unido el que defina qué tipo de mercancias estarán sujetas a estás condiciones.
En el debate previo a la votación, Johnson intervino para defender el texto con el argumento de que es un "seguro" para evitar que Irlanda del Norte quede desligada comercialmente del resto del país en caso de que Londres y Bruselas no logren pactar su futura relación antes del límite del 31 de diciembre.
En caso de llegar finalmente a un pacto "nunca serían invocadas" las potestades que la ley otorga al Ejecutivo, aseguró el jefe de Gobierno, que aún ve posible el consenso. Sin una "salvaguarda" adicional, sostuvo, Bruselas podría llegar a bloquear el comercio entre esa región británica y el resto del Reino Unido en caso de un brexit abrupto al término de este año.
Sin embargo, los detractores de la norma - tanto la oposición como miembros de sus propias filas - señalan que esto podría poner en tela de juicio la credibilidad de Reino Unido con los países con los que pueda llegar a acuerdo sobre futuras relaciones comerciales. ¿Si Johnson está dispuesto a violar un tratado internacional, quién confiaría en él para llegar a algún tipo de acuerdo?
En los últimos días fueron sus antecesores en Downing Street Theresa May y John Major quienes mostraron su rechazo al plan de Johnson, y este lunes se sumaron el primer ministro conservador David Cameron, que convocó el referéndum sobre el brexit, y su propio ministro de Economía hasta febrero Sayid Javid.
La iniciativa no ha sentado bien en Bruselas y la Comisión Europea amenaza con llevar al Reino Unido ante los tribunales si no hay un cambio de posición hasta finales de mes. "Para que exista una relación entre el Reino Unido y la Unión Europea en el futuro tiene que haber confianza mútua", escribió Michel Barnier, el negociador de la UE, tras la octava ronda de negociaciones.
También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen se mostró "preocupada" por la "intención" de Reino Uido de "violar el acuerdo de salida".
La verdadera prueba para la ley llegará la semana que viene, cuando está previsto que se voten las enmiendas a las provisiones sobre Irlanda del Norte, origen de la vulneración de lo acordado con la UE.