El plan de Ursula von der Leyen para poner el contador a cero en la disputa con Hungría y Polonia -los dos únicos países de la UE expedientados por su deriva autoritaria- se vuelve en su contra. En un intento de aplacar las protestas de Budapest y Varsovia por lo que consideran un trato discriminatorio, la presidenta de la Comisión ha realizado por primera vez una auditoría sobre la situación del Estado de derecho en todos los Estados miembros.
El informe -que se presenta este mismo miércoles- evalúa el desempleño de los 27 países de la UE (incluida España) en áreas como la independencia judicial, la corrupción y el pluralismo y la libertad de prensa.
Pero los esfuerzos de Von der Leyen por cerrar heridas sólo han servido para reavivar la guerra: su auditoría vuelve a señalar a Polonia y Hungría como los Estados miembros donde la democracia está en riesgo. Aún antes de conocer el contenido en detalle, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ya ha exigido la destitución inmediata de la vicepresidenta de la Comisión responsable de Valores y Transparencia, la liberal checa Vera Jourova, responsable última del texto.
La vicepresidenta de la Comisión responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourova
A Orbán le han escocido y mucho una entrevista de Jourova en la revista alemana Der Spiegel en la que denuncia la erosión del Estado de derecho en Hungría. "El señor Orban dice a menudo que está construyendo una democracia iliberal. Yo diría que construye una democracia enferma", afirma la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.
"En la mayoría de medios húngaros apenas se encuentran ya críticas al Gobierno húngaro. Me da miedo que la gente en Hungría se dé cuenta un día que sus anteriores elecciones fueron también los últimos comicios libres del país", asegura Jourova.
El propio Orbán ha escrito una carta a Von der Leyen en la que sostiene que estas declaraciones no sólo constituyen "un ataque político directo contra el Gobierno democráticamente elegido de Hungría", sino también "una humillación para Hungría y para los ciudadanos húngaros".
Las palabras de Jourova, prosigue el primer ministro, contradicen el papel de la Comisión como "institución neutral y objetiva" y suponen una "violación flagrante del principio de cooperación sincera". A la espera de que la vicepresidenta dimita o Von der Leyen la eche, el Gobierno húngaro "suspende todos los contactos bilaterales con ella".
De momento, Von der Leyen resiste la embestida de Orbán. Tras recibir su carta, la presidenta de la Comisión ha reiterado que mantiene su "plena confianza" en Jourova. "Nuestras preocupaciones sobre la situación en Hungría son bien conocidas. Hay diferentes formas de expresarlas pero se abordarán en el informe sobre el Estado de derecho", ha explicado un portavoz.
"La vicepresidenta está dispuesta al diálogo. Nuestras puertas están abiertas. La Comisión y los miembros del colegio deben poder hablar con los Estados miembros también sobre los temas difíciles para poder encontrar soluciones", ha insistido el portavoz.
Chantaje inaceptable
"Vera Jourova no hace más que cumplir con sus obligaciones en tanto que vicepresidenta de la Comisión reponsable de Valores y Transparencia. Cualquier tipo de presión o chantaje desde un Gobierno es inaceptable", ha denunciado la presidenta del grupo socialista en la Eurocámara, la española Iratxe García.
Pero Polonia y Hungría insisten en que Bruselas aplica un doble rasero que perjudica a los países del Este frente a la Europa Occidental. El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha dicho esta semana que la reforma judicial emprendida por Polonia, que Bruselas ha tachado de antidemocrática, sigue el modelo de España. "¿Por qué lo que es aceptable en España es inacceptable en Polonia?", se lamenta.
Budapest y Varsovia quieren crear su propio instituto conjunto con el fin de examinar al resto de países de la UE. Lo harán a partir de su propio prisma "patriótico" y "basado en los valores cristianos", combatiendo así la "represión ideológica liberal", ha dicho Szijjártó.
El nuevo estallido de tensión entre Hungría y Bruselas se produce en vísperas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 que se celebra este jueves y viernes en Bruselas. Los líderes europeos deben discutir las últimas propuestas para condicionar las ayudas del fondo anti-Covid de 750.000 millones de euros al respeto del Estado de derecho. Una condicionalidad que no acabó de resolverse en la maratoniana cumbre de julio.
Alemania, que ocupa la presidencia de turno de la UE, presentó una propuesta de compromiso el pasado lunes que ha sido rechazada por todos. Los nórdicos y la Eurocámara la consideran demasiado indulgente y piden un mecanismos más automático para congelar las ayudas a los países incumplidores. Hungría considera la iniciativa como un intento de "chantaje" y amenaza con vetar el fondo anti-Covid.
El gran riesgo ahora es que la disputa sobre el Estado de derecho haga descarrilar el fondo de reconstrucción, cuyos principales beneficiarios son España e Italia, o provoque un retraso de las ayudas más allá de enero de 2021. En su visita a Bruselas de la semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó que se cumplan los plazos previstos.
"Observamos con preocupación que el número de diferentes bloqueos en las negociaciones del presupuesto parece seguir aumentando en lugar de disminuir. El calendario corre el riesgo de incumplirse. Un retraso del presupuesto de la UE y del fondo de recuperación es cada vez más probable", ha avisado este martes un portavoz de la presidencia alemana".