"La situación en las islas Canarias es muy difícil ahora mismo", admite la comisaria europea de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson. En las últimas semanas se ha producido un fuerte incremento de la presión migratoria en la ruta Atlántica, la "más peligrosa" para llegar a la UE. Sólo en octubre llegaron a las Canarias más de 5.300 migrantes irregulares, 10 veces más que en el mismo mes el año pasado. Desde principios de año, la cifra supera las 15.000 personas, aunque la mayoría de llegadas se han registrado desde agosto, según los datos de Frontex.
Johansson tiene previsto viajar la semana que viene a Rabat con el fin de impulsar las repatriaciones de los migrantes irregulares llegados a Canarias. Al igual que el Gobierno español, Bruselas sostiene que la "enorme mayoría" de las personas que llegan a las islas no son refugiados sino migrantes económicos. Es decir, que no tienen derecho al asilo en la UE y deben ser devueltos a los países de origen o tránsito, entre ellos Marruecos.
"Lo más importante ahora es combatir a los traficantes de seres humanos y evitar que la gente salga a través de esta ruta tan peligrosa, pero además tenemos que repatriar a los que no tienen derecho a protección internacional. Por eso iré a Marruecos la semana que viene, para discutir también sobre esto con el Gobierno marroquí", ha explicado Johansson en rueda de prensa.
Ylva Johansson y Fernando Grande-Marlaska, durante su visita al Centro de Coordinación de Canarias el 6 de noviembre
La visita de la comisaria a Rabat tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre y se produce a invitación de los ministros marroquíes de Interior, Abdeluafi Laftit y de Asuntos Exteriores, Nasser Burita. Johansson estará acompañada del comisario de Vecindad, el conservador húngaro Olivér Várhelyi, que es el que controla las ayudas de la UE para los países de la ribera sur del Mediterráneo.
20 años negociando
El gran escollo al que se enfrantan Johansson y Várhelyi es que el diálogo entre la UE y Marruecos en materia de repatriaciones lleva bloqueado 20 años. Ya en el año 2000, los Gobiernos de la UE, a iniciativa de España, le dieron mandato a la Comisión Europea para negociar con Rabat un acuerdo de readmisión de irregulares, que más tarde se completó con otro paralelo para facilitar la concesión de visados a marroquíes que quieren entrar en Europa.
Entre 2003 y 2010 tuvieron lugar 15 rondas de negociaciones sin resultados concretos: el diálogo se supendió por completo durante los cinco años siguientes. Tras una nueva ronda en enero de 2015, las conversaciones se paralizaron definitivamente a raíz de la crisis en las relaciones entre Bruselas y Rabat por las sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que excluían al Sáhara Occidental de los acuerdos comerciales y pesqueros entre la UE y Marruecos.
Desde 2015, las dos partes no han vuelto a hablar de repatriaciones, aunque Johansson sostiene que "la readmisión y la facilitación de visados forman parte de los objetivos perseguidos en el diálogo migratorio global con Marruecos".
El principal obstáculo para llegar a un acuerdo es la exigencia por parte de la UE a Rabat de que readmita no sólo a los nacionales marroquíes, sino a todos los norteafricanos y subsaharianos que entren a España a través de Marruecos. Una condición que las autoridades marroquíes consideran inaceptable.
Rabat pide además a los europeos más asistencia financiera a cambio de aceptar la devolución de migrantes. Aunque España ya tiene su propio acuerdo de reamisión con Rabat, considera que un pacto en la UE le serviría como palanca en las siempre complicadas negociaciones con los vecinos marroquíes.
Sánchez pide ayuda a la UE
A la espera de que se concreten las repatriaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido ayuda a la Unión Europea para mejorar la acogida a los migrantes llegados a Canarias. En concreto, España ha solicitado a Bruselas 43 millones de euros con el fin de instalar las carpas temporales con capacidad para 7.000 personas que anunció la semana pasada el ministro José Luis Escrivá, así como para proporcinar ayuda humanitaria a los migrantes.
Margaritis Schinas e Ylva Johansson, durante la rueda de prensa de este martes
Johansson considera que concentrar a estas personas en el Puerto de Arguineguín "no era una situación sostenible" y por eso celebra que el Gobierno español prepare otras soluciones. El Ejecutivo comunitario tramitará la petición de ayuda "como una cuestión de urgencia". Además, Sánchez tiene previsto pedir a la UE otros 12 millones de euros para el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Barrancoseco, en Las Palmas.
"Todos los problemas que tiene ahora Europa en materia migratoria -desde Lesbos hasta las Canarias pasando por Calais- tienen una única explicación: que no tenemos un marco común en la UE para la política migratoria. Tenemos un mosaico de soluciones regulatorias que producen resultados desiguales y muchos problemas, cuellos de botella, agujeros negros y dramas", asegura el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas.
A su juicio, la solución es aprobar cuanto antes el Pacto Europeo de Migración que Bruselas propuso en septiembre. Sin embargo, al Gobierno de Sánchez no le gusta nada el plan del Ejecutivo comunitario. Considera que las medidas de solidaridad para los países de primera línea (España, Italia, Grecia, Malta y Chipre) son insuficientes, ya que no prevé un reparto obligatorio de los migrantes. En cambio, sí impone nuevas obligaciones a España y a sus socios del sur para frenar los movimientos secundarios de migrantes al norte de Europa.