Cuando Bruselas presentó a finales de septiembre su nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, la presidencia alemana de la UE se mostró convencida de que se alcanzaría un acuerdo político antes de fin de año, al menos sobre alguno de los puntos clave de la reforma. Los ministros del Interior de los 27 han celebrado este lunes (por videoconferencia) su última reunión de 2020 sin conseguir ningún resultado. La reforma migratoria "es el expediente más difícil y controvertido" al que se se enfrenta la Unión, confiesa un alto diplomático europeo.
Berlín justifica su fracaso por la imposibilidad de organizar reuniones cara a cara debido a la segunda ola de la Covid-19 y porque hubo que dedicar más tiempo del inicialmente previsto a la lucha antiterrorista debido a los atentados en Austria y Francia. "Tras haber discutido sin éxito sobre esta cuestión durante cinco años (desde la crisis de refugiados de 2015), no es sorprendente que en 8 semanas no haya sido posible encontrar un acuerdo político", se excusa el diplomático.
La principal aportación de la que presume la presidencia alemana es despejar el "ambiente tóxico" que enturbiaba las discusiones y volver a encarrilar el debate. "No obstante, se necesitan más discusiones para definir cómo funcionará en la práctica un equilibrio justo entre solidaridad y responsabilidad", ha admitido el secretario de Estado alemán de Interior, Stephan Mayer.
La comisaria del Interior, Ylva Johansson, durante la rueda de prensa de este lunes
"Yo todavía soy optimista, pero también tenemos que ser realistas. En dos meses, con la Covid impidiendo cualquier discusión presencial, era muy difícil lograr acuerdos importantes sobre esto", asegura la comisaria de Interior, la sueca Ylva Johnanson.
Desafío estructural
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que "el primer paso para alcanzar una posición común" consiste en aceptar que la inmigración irregular es un "desafío estructural de toda la UE en su conjunto".
"No podremos avanzar en la negociación si no superamos el enfoque binario, según el cual unos asumen la responsabilidad incondicional de gestionar la inmigración irregular, mientras otros ofrecen un eventual apoyo, condicionado según sus circunstancias y posibilidades", ha dicho Marlaska en un comunicado.
Aunque aún no haya resultados concretos, en algunos puntos del Pacto Migratorio empieza a haber progresos. En particular, sobre la necesidad de establecer vías legales de migración, la importancia de impulsar las deportaciones de los migrantes económicos que no tienen derecho al asilo -cuya tasa actual está alrededor del 40%- o la mejora de la colaboración con los países de origen y tránsito de los migrantes, como Marruecos, Túnez o Mauritania.
El ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, durante la videoreunión de la UE de este lunes
Pero no se ha producido ningún acercamiento de posturas en las dos cuestiones centrales: los nuevos procedimientos de control previo a los migrantes en frontera y el equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad. "Todo el mundo está a favor de la solidaridad, casi todo el mundo está a favor de la solidaridad obligatoria, pero luego hay diferentes formas de definir la solidaridad obligatoria y es ahí en lo que no estamos de acuerdo", explican las fuentes consultadas.
Durante las últimas semanas de negociaciones han emergido tres bloques distintos de países con posiciones enfrentadas y aparentemente irreconciliables. El primer grupo lo conforman los países que están en primera línea de la frontera exterior de la UE y sufren la presión migratoria: España, Italia, Grecia y Malta.
Tres bloques
Los cuatro países del Sur han hecho frente común para exigir a Bruselas cuotas obligatorias de reparto de los migrantes. Se oponen a la "solidaridad a la carta" que contempla el Pacto Migratorio, que permitiría a los países que no quieren acoger refugiados ofrecer medidas alternativas de ayuda, como los "retornos patrocinados" de migrantes.
El segundo bloque lo conforman los países de la Europa central y del norte, para los que la prioridad es que los países de primera línea retengan a migrantes y demandantes de asilo y no les dejen moverse libremente por toda la UE. Por eso reclaman reforzar el nuevo control obligatorio en la frontera exterior para identificar y registrar a los migrantes. Un procedimiento contra el que se han rebelado los países del Sur, porque temen que les obligará a crear grandes campos permanentes y cerrados de migrantes en lugares como Canarias, Lesbos o Lampedusa.
El polaco Mateusz Morawiecki y el húngaro Viktor Orbán se reunieron con Ursula von der Leyen al día siguiente de presentarse el Pacto Migratorio
El tercer bloque en disputa es el de los países del Este (en particular Polonia, Hungría y República Checa), pero también Austria. Para ellos, lo único que tiene que hacer la UE es blindar sus fronteras para no dejar entrar a ningún migrante. Incluso la solidaridad a la carta que les ofrece Ursula von der Leyen les parece excesiva. Estos países se negaron a acoger a ningún refugiado durante la crisis de 2015, pese a ser condenados por el Tribunal de Justicia de la UE.
"Una cuota, aunque se la llame de otra forma, sigue siendo una cuota. Aunque aparezca con un nombre diferente en el nuevo paquete de la Comisión Europea sobre migración y asilo, la cuota sigue estando ahí y Hungría se opone a ella, junto con Polonia y República Checa", dijo el portavoz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, nada más conocer las propuestas de Bruselas.
A partir de enero, será Portugal el país que asuma la presidencia de turno de la UE y por tanto el debate sobre la reforma de la política migratoria. Pero las fuentes consultadas son muy pesimistas: un acuerdo a 27 costará no ya meses sino años.