El pasaporte Covid que prepara la Unión Europea para poder reiniciar los viajes en verano servirá para certificar que una persona ha recibido la vacuna contra la Covid-19, pero también si tiene una prueba negativa reciente (PCR o antígenos) o se ha recuperado del coronavirus. Sin embargo, mientras que las vacunas son gratuitas en toda la UE, el precio de un test PCR puede superar ampliamente los 100 euros dependiendo del país.
El Parlamento Europeo quiere acabar con esta discriminación y pide que los test de detección del virus o las pruebas serológicas (por ejemplo entre las personas a las que aún no ha llegado la vacuna) sean también gratuitas. Esta será una de las principales reivindicaciones de la Eurocámara en la negociación del pasaporte Covid con el Consejo, donde están representados los Gobiernos de los Veintisiete.
"Los Estados miembros asegurarán unas posibilidades de test universales, accesibles, en plazo y gratuitas con el fin de garantizar el derecho a la libertad de movimiento dentro de la Unión sin discriminación por motivos económicos o financieros", señala la enmienda de compromiso que se aprobará este jueves en la Eurocámara, ya que cuenta con el apoyo de los principales grupos políticos.
"El Parlamento Europeo exige que el certificado sea gratuito. Pero además exige que todos los Estados miembros pongan los medios necesarios para remover cualquier discriminación económica relativa al coste de los test, y por tanto que los test resulten también gratuitos", explica a EL ESPAÑOL el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar, presidente de la comisión de Libertades del Parlamento y ponente del reglamento sobre el pasaporte Covid.
La posición de la Eurocámara sobre la gratuidad de las pruebas PCR no es definitiva. Los parlamentarios deben alcanzar ahora un compromiso con los Gobiernos de los Veintisiete, que no contemplan esta posibilidad en su acuerdo preliminar. Las negociaciones comenzarán la semana que viene y el objetivo es aprobar definitivamente este instrumento a principios de julio, con el fin de que esté operativo a tiempo para el verano.
La otra enmienda destacada que promueve el Parlamento prohíbe a los Estados miembros imponer restricciones de viaje a los titulares del pasaporte Covid, como cuarentenas o la obligación de autoaislarse. Tanto la propuesta original de Bruselas como el acuerdo preliminar de los Veintisiete dejan en manos de los Estados miembros decidir en última instancia qué limitaciones se impondrán a las personas vacunadas. El único requisito es aplicarlas de la misma manera a todos los que posean el certificado, independientemente de su nacionalidad.
"Este es un punto fuerte de la posición del Parlamento Europeo, a sabiendas de que vamos a tener una discusión tensa con el Consejo", relata López Aguilar. "Sin duda el Consejo va a intentar mantener su competencia soberana de imponer medias restrictivas adicionales a la libre circulación de personas. Pero el Parlamento va a mantener una posición firme de que el certificado debe bastar, debe exonerar de la imposición de ninguna otra medida restrictiva unilateral por parte de los Estados miembros", insiste.
"De lo que se trata es de recuperar una actividad económica tan relevante para el conjunto de la UE, y en particular para algunos Estados miembros, como es el turismo. Que vuelva a conocer un crecimiento, en lugar del hundimiento rayano a la catástrofe del último año. Por tanto, los Estados miembros deben abstenerse de imponer ninguna restricción obligatoria al portador del certificado Covid de la UE", argumenta el eurodiputado del PSOE.
Por lo demás, la Eurocámara reclama que las únicas vacunas reconocidas en el pasaporte Covid sean las que han sido autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), pero también las que son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No así las que han aprobado unilateralmente países como Hungría. La vigencia del reglamento caducará al cabo de 12 meses de su entrada en vigor: el Parlamento no quiere que este certificado se convierta en un requisito permanente para viajar.
Este instrumento ha sido impulsado por los países del sur más dependientes del turismo, en particular España y Grecia. Lo consideran una iniciativa vital para salvar la temporada veraniega y reactivar la economía tras la crisis sin precedentes provocada por la pandemia. La iniciativa genera muchas reservas en otros Estados miembros, como Francia o Bélgica, que se oponen a que el pasaporte otorgue derechos especiales a las personas vacunadas, porque la tasa de población inmunizada es muy baja y la inyección no es obligatoria.