El Gobierno socialdemócrata danés quiere obligar a dedicar 37 horas semanales a trabajos como limpieza de playas y bosques a cambio de su subsidio a inmigrantes con problemas de integración o que lleven años recibiendo ayudas sociales.
La propuesta pretende mejorar su capacidad de integración y facilitar su acceso al mercado laboral, según el Gobierno, que habla de pasar de una lógica de la dependencia a otra del trabajo y pone como ejemplo que seis de cada diez mujeres inmigrantes de Oriente Medio, Turquía, Pakistán, Afganistán y norte de África no tienen trabajo en Dinamarca.
La medida va dirigida inicialmente a receptores de subsidios en tres de los últimos cuatro años y que no han completado la primaria o han superado el nivel intermedio de danés, unas 20.000 personas en total, según cálculos oficiales, aunque después de un proceso de evaluación de tres años se quiere ampliar a más grupos.
"Esfuerzo y prestación"
"Tiene que haber una coherencia más visible entre esfuerzo y prestación, entre derecho y obligación. Creemos que así habrá más mano de obra en el mercado de trabajo", ha dicho el ministro de Integración, Mattias Tesfaye.
Tesfaye ha reconocido no obstante el valor "simbólico" de la medida, ya que, según cifras del propio Gobierno, solo se espera que 250 de los 20.000 afectados acaben consiguiendo un empleo de verdad.
Limpieza de playas
Entre los trabajos mencionados, y que deberán gestionar los respectivos ayuntamientos, figuran por ejemplo la limpieza de playas y bosques o tareas de mantenimiento en propiedades municipales.
La propuesta tiene buenas expectativas de salir adelante, ya que la mayoría de partidos le ha dado su apoyo, incluida la oposición de derecha, y solo alguna fuerza de izquierda, aliada externa del Gobierno, la ha criticado, así como organizaciones sociales.
"Va a perjudicar claramente a las mujeres inmigrantes. O deciden renunciar al subsidio o toman esos trabajos que no las van a ayudar en nada a largo plazo", declaró Halima El Abassi, portavoz del Consejo de Minorías Étnicas.
Dinamarca ha impulsado desde hace dos décadas una de las líneas más duras en inmigración en la Unión Europea (UE), apoyada por los principales partidos, incluidos los socialdemócratas.