El presidente de la Eurocámara, el socialista italiano David Sassoli, ha pedido este miércoles a los servicios jurídicos de la institución que preparen una demanda contra la Comisión de Ursula von der Leyen por no haber congelado los fondos europeos a Polonia y Hungría, pese a la creciente deriva autoritaria de ambos países. El último episodio es la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía del derecho comunitario sobre las leyes nacionales.
El Parlamento Europeo denuncia que Von der Leyen incumple sus obligaciones al no activar de inmediato el reglamento de condicionalidad. Esta norma, aprobada el pasado mes de diciembre, permite a la UE suspender los pagos del presupuesto comunitario a los países miembros en los que el Estado de derecho está amenazado.
"Los Estados miembros que violan el Estado de derecho no deberían recibir fondos de la UE. El año pasado, el Parlamento luchó con todas sus fuerzas por un mecanismo que así lo garantizara. Sin embargo, hasta ahora la Comisión Europea se ha mostrado reacia a utilizarlo. La UE es una comunidad construida sobre los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Si éstos se ven amenazados en un Estado miembro, la UE debe actuar para protegerlos", ha dicho Sassoli en un comunicado.
La decisión de la Eurocámara llega tras una votación en el comité de Asuntos Jurídicos que recomendaba llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La mayoría de los líderes de los grupos políticos lo han apoyado en la conferencia de presidentes celebrada este miércoles. No obstante, el Parlamento Europeo deja claro que retirará este procedimiento judicial si Von der Leyen toma las medidas reclamadas.
Precisamente, la presidenta del Ejecutivo comunitario desveló este martes en la Eurocámara que la congelación de los fondos a Polonia es una de las tres opciones que baraja para responder a la insumisión legal de su Tribunal Constitucional. Pero de momento no ha adoptado ninguna decisión.
Debate tenso en la cumbre
Varsovia se juega mucho dinero en este envite. De momento, Bruselas ya ha paralizado su plan de recuperación, que desbloquearía 36.000 millones del Next Generation. Pero además, Polonia tiene adjudicados otros 106.248 millones de ayudas europeas para el periodo 2021-2027. En total, 142.248 millones de euros.
Tanto Polonia como Hungría han presentado un recurso de impugnación contra el mecanismo de condicionalidad ante el propio TJUE. La vista oral se celebró la semana pasada y el fallo definitivo se espera para principios de 2022. Von der Leyen se comprometió a esperar a esta sentencia antes de actuar contra Varsovia y Budapest, pero tanto la insumisión del Constitucional polaco como la amenaza de la Eurocámara podrían forzarle a revisar su promesa.
De momento, la crisis con Polonia se ha colado en la agenda de la cumbre de líderes europeos que empieza mañana en Bruselas. Su primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha pedido intervenir para justificarse. Lejos de rectificar, Morawiecki ha redoblado el pulso con Von der Leyen, a la que acusa de "chantaje financiero" y de "usurpar poderes" que no le concede el Tratado.
Por su parte, un amplio grupo de países líderado por el Benelux exige al Ejecutivo comunitario que actúe contra Polonia, porque consideran que su insumisión supone una amenaza existencial a los principios fundadores de la UE. Los diplomáticos temen que se produzca un debate tenso y emocional entre los líderes europeos como el que ocurrió en la anterior cumbre de junio a propósito de la ley anti-LGTB de Hungría. Entonces, el primer ministro holandés, Mark Rutte, invitó a Viktor Orbán a marcharse de la UE. Ahora es también Rutte el que encabeza el bando crítico con Polonia.