Una operación de los Carabineros italianos permitió descubrir que cerca de 5.000 personas percibían de manera ilegal la llamada "renta de ciudadanía", una medida muy controvertida destinada a los ciudadanos sin trabajo, y que ha causado un fraude contra el Estado de 20 millones de euros.
Según una nota de los Carabineros, la operación que se puso en marcha en las regiones sureñas de Campania, Apulia, Los Abruzos, Molise y Basilicata ha permitido encontrar a 4.839 personas que recibían la prestación sin merecerla. Sólo en Nápoles había 2.441 asalariados irregulares, entre ellos también miembros de la Camorra.
Según las investigaciones, algunas de las personas que recibían esta ayuda mensual "tenían hasta un Ferrari, otros un yate, varios apartamentos y uno de ellos poseía hasta 27 coches".
Los Carabinieros informaron de que una persona de la localidad de Collepasso (Apulia) declaró en su unidad familiar a seis menores extranjeros nunca registrados en ese municipio y sin vínculos de parentesco, y una pareja incluyó a familiares que residen en Alemania.
En Nápoles, un hombre del barrio de Stella, formaba parte de dos familias distintas que habían solicitado y obtenido el beneficio.
Otro beneficiario napolitano de la renta de la ciudadanía, de 41 años, en el momento de la solicitud estaba arrestado y en la misma provincia se denunció a 80 sujetos, todos ellos vinculados al crimen organizado, que con declaraciones ilegales lograron obtener 852.515,91 euros.
Durante las operaciones se detectaron 4.839 irregularidades, equivalentes al 12,6% de los controles realizados y 3.484 personas fueron denunciadas a la magistratura. De estos últimos, el 38,4% son sujetos ya conocidos por la Policía.
Las irregularidades encontradas generaron pérdidas de 19.112.615,72 euros a las arcas del Estado cobrados indebidamente.
La renta de ciudadanía fue una medida que introdujo en el primer Gobierno de Giuseppe Conte el Movimiento 5 Estrellas (M5S) con la idea de crear un subsidio contra la exclusión social y la pobreza, pero que a veces ha sido cuestionado justo por los fraudes y porque desincentivaba la búsqueda de trabajo.
El primer ministro actual Mario Draghi, aunque apoyó esta medida, ha cambiado los parámetros para que se tenga que renunciar a la prestación si se rechaza por segunda vez un trabajo.