La UE se moviliza para frenar el ataque migratorio del "régimen gansteril" de Bielorrusia

El régimen bielorruso de Alexandr Lukashenko golpea a la Unión Europea donde más le duele. Como respuesta a las sanciones económicas comunitarias, el dictador y estrecho aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, -ambos han conversado este mismo martes- ha orquestado un ataque migratorio en la frontera de Polonia, Letonia y Lituania. El arma escogida por Lukashenko es todo menos inocente: la política de migración sigue siendo el expediente que genera más divisiones y enfrentamientos entre los Estados miembros y con mayor potencial para desestabilizar la Unión.

Tras la escalada de tensión de las últimas horas, la UE ha anunciado la movilización de todos sus recursos con el propósito de frenar la embestida de Bielorrusia: ayuda de emergencia a los países afectados, ofensiva diplomática entre los países de origen y tránsito de los migrantes, nuevas sanciones contra Lukashenko y medidas restrictivas para castigar a las aerolíneas de otros países que participan en el tráfico de personas hacia Minsk.

También la OTAN ha expresado su rechazo a las maniobras del dictador bielorruso, aunque de momento no anuncia medidas concretas. "El uso de migrantes como táctica híbrida por parte de Bielorrusia es inaceptable. La OTAN se solidariza con Polonia y todos nuestros aliados en la región", ha dicho el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. 

El problema es que los Veintisiete ya han puesto en marcha un importante paquete de represalias contra Bielorrusia, que de momento no parecen tener el efecto deseado. En la actualidad, un total de 166 dirigentes (entre ellas el propio Lukashenko y su hijo y Asesor de Seguridad Nacional, Viktor Lukashenko) y 15 entidades están sujetas a sanciones, que incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de viajar a la UE. Además, la UE ha aprobado sanciones económicas selectivas que afectan al sector petrolífero, la lucrativa industria del potasio o el sistema financiero bielorruso.

La Comisión de Ursula von der Leyen niega las acusaciones de impotencia o ineficacia en sus medidas contra Bielorrusia. "Creemos que nuestras sanciones están funcionando porque el régimen de Lukashenko empieza a comportarse como un régimen gansteril. Porque les están haciendo daño y no saben qué más hacer y por eso intentan socavar a la Unión Europea lanzando un ataque híbrido contra los Estados miembros de la UE", ha dicho este martes el portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

El portavoz no ha aclarado en qué consistirá la quinta ronda de medidas restrictivas, aunque todo apunta a que se limitará a ampliar estos listados. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tiene previsto viajar este miércoles a Varsovia para traslar su solidaridad en persona al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Fracturas internas

Sin embargo, el ataque migratorio de Bielorrusia empieza a generar las primeras fracturas internas en la Unión. Polonia ha sido acusada por ONGs como Unicef o Amnistía Internacional de llevar a cabo rechazos en frontera y devoluciones en caliente ilegales que ponen en riesgo a los migrantes, en particular los menores. En estos momentos hay alrededor de 2.000 personas atrapadas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, según los cálculos de Bruselas.

Von der Leyen presiona a Varsovia para que ponga fin a estas prácticas y acepte la asistencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), de la Agencia de Asilo (EASO) y de Europol. Pero el Gobierno de derecha radical de Ley y Justicia -que ya tiene múltiples frentes abiertos con Bruselas por su deriva autoritaria- se resiste por miedo a perder el control de sus fronteras. 

"Creo que sería una buena idea que las agencias europeas estuvieran en la frontera polaca con Bielorrusia para mostrar que se trata de una frontera exterior europea. Que no es un asunto interno sino algo que tenemos que defender todos juntos. Pero también necesitamos transparencia para saber lo que está ocurriendo allí", ha dicho este martes la comisaria de Interior, Ylva Johansson, en una comparecencia en la Eurocámara. Su departamento tiene dudas de que la nueva ley polaca de asilo se ajuste a los estándares europeos.

Al contrario que Lituania, Polonia ha rehusado la asistencia de la agencia europea de fronteras Frontex. Varsovia ya tiene desplegados por su cuenta a más de 12.000 efectivos entre militares y guardias fronterizos, una cifra que está aumentando con el traslado desde varias ciudades de policías y la llegada de unos mil voluntarios de la Fuerza de Defensa Territorial.

El Ejecutivo comunitario contrapone el comportamiento de Polonia con el de Lituania, que sí ha pedido ayuda a la UE y donde ya se han desplegado 100 agentes de Frontex y 70 de EASO y también está presente la agencia policial Europol. Además, Bruselas ha desbloqueado una ayuda financiera de emergencia para la república báltica por valor de 35 millones de euros. "Es la auténtica manera europea de ayudarnos unos a otros", sostiene la comisaria de Interior.

Otro motivo de discordia dentro de la UE tiene que ver con vallas, muros y otros tipos de barreras físicas para cortar el paso a los migrantes. Un total de 12 Estados miembros -entre ellos, los más afectados por la crisis con Bielorrusia- enviaron una carta a la Comisión a principios de octubre en la que reclaman financiación europea para estas infraestructuras fronterizas. 

"Las barreras físicas parecen ser una medida eficaz de protección fronteriza que sirve a los intereses de toda la UE, no solo a los Estados miembros de primera llegada", sostiene la misiva. "Esta medida legítima debería ser financiada adicional y adecuadamente con cargo al presupuesto de la UE como una cuestión prioritaria", concluye el texto.

La carta lleva la firma de Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Grecia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia. Sin embargo, Von der Leyen ha denegado ya su petición. "Hay una posición arraigada en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo en el sentido de que no habrá financiación (comunitaria) para vallas con concertinas y muros", ha dicho la presidenta. 

Una situación sin precedentes

"Lo que vemos en Bielorrusia ahora es una situación sin precedentes. Bielorrusia es un país con cero presión migratoria. Bielorrusia es un país del que huye la gente, no un lugar de llegada", destaca la comisaria de Interior. "Esto no es principalmente una crisis migratoria. Es una agresión por parte de un régimen ilegítimo y desesperado que sabemos que es capaz de cosas terribles y no se preocupa por la vida de las personas", ha señalado Johansson en la Eurocámara.

Una actuación criminal que a juicio de Bruselas ha quedado al descubierto con el modus operandi del régimen de Lukashenko. Bielorrusia utiliza sus embajadas y otros canales oficiales en una treintena de países del mundo para "invitar" a sus ciudadanos a volar a Minsk -a cambio, eso sí, de "mucho dinero"- con la promesa de que se trata de una forma "fácil y segura" de entrar en la UE. 

Una vez en la capital, son alojados en hoteles hasta que un día fuerzas con uniforme militar les llevan hasta la frontera y cuando están allí ya no les dejan regresar, utilizando tácticas violentas. Por eso, una de las prioridades de la UE es cortar los vuelos de migrantes hacia Minsk. Borrell ya viajó a Irak el pasado septiembre y consiguió que se cancelara la ruta entre Bagdad y la capital bielorrusa. 

Sin embargo, todavía hay una larga lista de países a los que llegan los tentáculos del régimen de Lukashenko. Entre ellos, Marruecos, Siria, Irán, Qatar, Sudáfrica, Somalia, India, Sri Lanka, Venezuela, Rusia, Azerbayán, Túnez, Argelia, Libia o Yemen, según ha explicado el portavoz del jefe de la diplomacia europea.

Von der Leyen ha encargado a uno de sus vicepresidentes, el griego Margaritis Schinas, que haga una gira por estos países con el propósito de pedirles "que actúen para impedir que sus propios nacionales caigan en la trampa tendida por las autoridades bielorrusas". Además, la UE prepara una nueva lista negra para sancionar a las compañías aéras de estos países que participen en el tráfico de personas.