La Comisión Europea ha exigido al Gobierno de derecha radical de Polonia el pago de una multa de 70 millones de euros por no respetar la independencia de los jueces. La sanción seguirá aumentando al ritmo de 1 millón de euros al día hasta que Varsovia desmantele la Sala Disciplinaria para jueces de su Tribunal Supremo, una cámara que tiene poderes para imponer sanciones a los magistrados por el contenido de sus sentencias y cuya independencia e imparcialidad no están garantizadas.
Esta primera solicitud de pago que Bruselas acaba de enviar a Polonia deriva del incumplimiento del fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) del 14 de julio de 2021, que exigía la disolución de la Sala Disciplinaria. El Gobierno de Ley y Justicia hizo caso omiso al ultimatum final del Ejecutivo comunitario, que vencía el 11 de enero, y sigue sin ejecutar la sentencia del TJUE. "Las medidas adoptadas (para corregir el problema) son insuficientes", ha dicho el portavoz de Justicia, Christian Wiegand.
Por eso, la Comisión exige ahora a Polonia que abone de golpe las multas diarias de un millón de euros acumuladas entre el 3 de noviembre y el 10 de enero, que suman 70 millones de euros. Se trata de la sanción más alta impuesta hasta ahora a un Estado miembro por incumplir una sentencia del TJUE.
El Gobierno de Mateusz Morawiecki dispone ahora de un plazo de 45 días para pagar la sanción. Si no lo hace, el Ejecutivo comunitario descontará la cantidad de los fondos europeos que le corresponden a Polonia. Al mismo tiempo, la cantidad seguirá subiendo hasta que la Sala Disciplinaria se disuelva. Bruselas tiene previsto enviar nuevas solicitudes de pago una vez al mes.
El último precedente es negativo. Polonia se ha negado a pagar las multas diarias de 500.000 euros impuestas por el TJUE por mantener abierta la mina de carbón a cielo abierto de Turów, cerca de la frontera con la República Checa, una explotación que según los checos causa grandes daños medioambientales en su territorio. La Comisión ha enviado ya tres solicitudes de pago y ha descontado la primera de los fondos polacos ante la falta de reacción en Varsovia.
El régimen disciplinario que ha impuesto el Gobierno de Ley y Justicia permite que los jueces ordinarios sean objeto de investigaciones, procedimientos y sanciones disciplinarias sobre la base del contenido de sus resoluciones judiciales.
Las sanciones dependen en última instancia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, cuya independencia e imparcialidad no están garantizadas porque sus jueces son designados por el Consejo Judicial Polaco, que a su vez es elegido "políticamente" por el Parlamento polaco, según la evaluación del Ejecutivo comunitario.