La invasión de Ucrania llega al Tribunal de La Haya: Putin, acusado de genocidio

En paralelo, Karim Kahn, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya base también está en La Haya, ha iniciado una investigación formal por considerar que existen "bases razonables para creer que se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania". Un total de 39 países, entre ellos España, han enviado una carta conjunta en la que piden a la CPI que intervenga en este caso.

¿Cuál puede ser el resultado de estas dos actuaciones? ¿Puede la justicia internacional detener la guerra en Ucrania? ¿Acabará Vladimir Putin en el banquillo? ¿Seguirá el presidente ruso los pasos del serbio Slodoban Milosevic o del líder serbobosnio Radovan Karadzic, que fue condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad en la guerra de Bosnia?

"Es importante destacar que en esta situación, la CIJ resuelve disputas legales entre Estados, mientras que la CPI existe para permitir el enjuiciamiento de individuos responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y, en ciertas circunstancias, el crimen de agresión", relata Chimène Keitner, profesora de derecho internacional en la facultad de Hastings en San Francisco.

"A los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, eso significa que la CIJ analizará la responsabilidad del Estado de Rusia. La investigación de la CPI examinará la responsabilidad penal individual de Vladímir Putin y otros funcionarios rusos de alto nivel", ha explicado Keitner.

Sin embargo, los dos tribunales internacionales se enfrentan a graves dificultades que lastran su capacidad de influir en la guerra de Ucrania. En primer lugar, la (falta o no) de competencia para dirimir la disputa entre Moscú y Kiev. Pero también la ausencia (esta sí, contrastada) de mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones, que son obligatorias pero que en la práctica resultan a menudo ignoradas sin consecuencias.

El procedimiento más inmediato es el de la Corte Internacional de Justicia, que escuchará este lunes los argumentos de Ucrania y el martes los del Kremlin y podría dictar su primera resolución en cuestión de semanas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó su demanda contra el Kremlin el 27 de febrero y reclama "una decisión urgente que ordene a Rusia que cese la actividad militar ahora".

Sin base legal para la guerra

La presidenta de la CIJ, Joan E. Donoghue, dirigió una primera comunicación urgente a Moscú el pasado 1 de marzo en la que le exigía "tomar medidas de manera que cualquier orden de la Corte sobre la solicitud de medidas cautelares pueda tener los efectos deseados". Es decir, evitar daños irreparables en Ucrania. Una demanda que Putin ha ignorado por completo, puesto que ha seguido con los bombardeos.

La Corte Internacional de Justicia sólo puede dirimir una disputa entre dos países si ambos aceptan su "jurisdicción obligatoria", algo que ni Rusia ni Ucrania han firmado. También puede intervenir si el conflicto se refiere a la Carta de la ONU o a Tratados y Convenciones en vigor.

Y este es el clavo ardiendo al que se agarra Zelenski, que justifica su demanda en que el Kremlin ha hecho una apelación torticera al delito de genocido para justificar su invasión de Ucrania. Basándose en la Convención sobre el Genocidio, la CIJ debe dictaminar si los argumentos de Moscú para justificar la guerra son válidos, solicita el presidente.

En concreto, el Gobierno de Kiev pide a este tribunal internacional que establezca que "Rusia no tiene base legal para tomar medidas contra Ucrania con el fin de prevenir y castigar cualquier supuesto genocidio".

Ucrania ha obtenido una primera victoria moral con la dimisión del representante legal del Kremlin ante la CIJ, el francés Alain Pellet. "Los abogados pueden defender causas más o menos cuestionables. Pero se ha vuelto imposible representar en foros dedicados a la aplicación de la ley a un país que tan cínicamente la desprecia", ha escrito Pellet en su carta de renuncia. 

Normalmente, los casos ante la CIJ tardan años, pero la urgencia de la guerra de Ucrania podría desencadenar un procedimiento acelerado, como ya se ha visto en la rapidez a la hora de fijar la vista. La sentencia es de obligado cumplimiento, pero la Corte no tiene ningún mecanismo para forzar a Moscú a ponerla en práctica, más allá de remitir el expediente al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto.

¿Putin al banquillo?

El segundo caso contra Rusia, el que podría llevar a Vladímir Putin al banquillo, es el que ha iniciado el fiscal de la Corte Penal Internacional. El pasado 28 de febrero, Karim Kahn, anunció que solicitará abrir una investigación por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania y pidió a su equipo empezar a reunir pruebas.

También aquí, el principal problema es su falta de competencia, puesto que ni Rusia ni Ucrania han firmado el estatuto de Roma por el que se creó la CPI. No obstante, el Gobierno de Kiev sí ha aceptado la jurisdicción de la Corte sobre presuntos crímenes que ocurran en su territorio. Lo hizo en 2014 tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Moscú.

Para sortear esta falta de competencia directa, el 2 marzo, un total de 39 países pidieron al fiscal que investigue "cualquier acto de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio presuntamente ocurrido en el territorio de Ucrania desde el 21 de noviembre de 2013 en adelante, incluidas las denuncias de delitos actuales y en curso que ocurren en todo el territorio de Ucrania".

"Hemos visto informes creíbles de ataques deliberados contra civiles, que podrían ser crímenes de guerra", ha dicho este domingo el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken en una entrevista con la cadena CNN. Blinken ha indicado que Washington está documentado todos esos crímenes para asegurarse de que las organizaciones dedicadas a investigar crímenes de guerra tengan todas las pruebas necesarias.

No obstante, la CPI no tiene sus propias fuerzas de seguridad para realizar detenciones o para hacer aplicar cualquier posible sentencia, sino que depende de sus Estados miembros. Dado que Moscú no reconoce la jurisdicción de este tribunal internacional, la única forma de llevar al banquillo a Vladímir Putin sería detenerlo cuando viaje a algún país con jurisdicción universal. Pero mientras permanezca en Rusia, será muy difícil tomar medidas contra él.