Para unos es hacer lo correcto. Para otros, algo cruel. Lo que está claro es que el acuerdo sobre inmigración firmado por el Reino Unido y Ruanda levanta controversia.
Tanto es así, que el vuelo, con siete personas a bordo, que iba a hacer efectivo por primera vez este tratado el pasado martes por la noche, fue paralizado por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Aún así, esto no siginifica que este acuerdo no se vaya a llevar a cabo, ya que sus dos firmantes, Reino Unido y Ruanda, están determinados a estrenar el acuerdo y hacer uso de él.
¿Pero en qué consiste exactamente este acuerdo? Concretamente este tratado con Ruanda permite a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha.
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Dicha iniciativa está dotada con 120 millones de libras, lo que viene a ser 144 millones de euros, y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones. Frente a esto, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos sostienen que las autoridades británicas incumplen sus obligaciones en materia de protección al acometer unas expulsiones que, a su entender, implican externalizar responsabilidades en un tercer país que no es origen de los directamente afectados.
Sin embargo, la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, ha indicado que estaba decepcionada por el hecho de que el vuelo a Ruanda no pudiera salir, pero que no se "disuadiría de hacer lo correcto". Así, ha asegurado que su equipo legal "está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo comienza ahora".
Y es que a su juicio, "esto ayudará a acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas y a evitar la pérdida de vidas, al tiempo que se garantiza la protección de las personas realmente vulnerables". Además, Downing Street ha justificado que el enfoque actual sobre migración le cuesta a Reino Unido 1.500 millones de libras esterlinas (1.700 millones de euros) cada año, con casi 5 millones de libras al día alojando a los solicitantes de asilo en hoteles.
Por su parte, la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, ha expuesto ante la prensa que su Gobierno está ofreciendo a los migrantes que llegaron a territorio británico tras cruzar el canal de la Mancha una "nueva vida". Así, ha explicado que se les brindará todo tipo de apoyo, incluido alojamiento, y que aunque Ruanda rechace su petición formal de asilo podrán solicitar la residencia legal.
Portavoz del Gobierno de Ruanda, Yolande Makolo.
Sin embargo, este tratado, desde el día en el que se hizo público, el pasado 14 de abril, ha sido criticado tanto por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, como por la Iglesia anglicana. Incluso ha mostrado sus reticencias a este plan el príncipe Carlos.
Concretamente, las organizaciones de defensa de los refugiados han definido el plan como cruel y han pedido un replanteamiento. La oposición laborista, por su parte, ha dicho que es "impracticable, poco ético y abusivo”.
Igualmente, dudan también del respeto de los derechos humanos en Ruanda, a más de 6.500 km de distancia de Reino Unido. No hay que olvidar que este controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas tomadas por Londres para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones desde Francia por el Canal de la Mancha.
Y es que el gobierno de Boris Johnson está convencido de que este esquema desanimará a otros migrantes a tomar la peligrosa ruta marítima. Ruta marítima que el año pasado tomaron 28.526 personas para cruzar el Canal en botes pequeños, una cifra mucho mayor que la de 8.404 personas en 2020.
En lo que va de año, más de 10.000 personas han tomado la ruta. Además, hay que tener en cuenta que el gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.
Pero el país debe ser "seguro" y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:
- La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
- El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.
Por último, recordar que la expulsión de los solicitantes de asilo a países fuera de la UE no es, sin embargo, algo nuevo. Países como Israel o Australia han amenazado en el pasado con poner en práctica planes similares y en la actualidad, y mucho más cerca, Dinamarca está negociando un acuerdo también con Ruanda para externalizar su sistema de asilo, como parte de una 'derechización' de su política migratoria que lleva años gestándose.