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La subida imparable de los precios de la energía y la presión creciente de los Estados miembros obligan a Bruselas a cambiar de posición. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado por primera vez este miércoles que la UE imponga un precio máximo al gas importado (no sólo al procedente de Rusia sino también al que envían países aliados como Noruega) con el fin de rebajar la factura de la luz.
Esta medida venía siendo reclamada por un grupo de 15 Estados miembros (entre ellos España, Francia o Italia), que alegan que topar el precio del gas importado sería la medida más eficaz e inmediata para combatir la inflación. En el bando contrario, Alemania y Holanda se oponen con el argumento de que si la UE limita el precio, los productores desviarán sus cargamentos de gas natural licuado (GNL) a Asia y la UE se quedará sin suministro.
Hasta ahora, la presidenta de la Comisión se había alineado con las tesis de Alemania y Holanda y se había negado a presentar una propuesta legislativa para topar el gas importado. A su juicio, el límite de precio debía afectar únicamente al gas ruso, mientras que con el resto de productores la UE tenía que apostar por el diálogo para rebajar los precios.