Vuelco en la investigación del escándalo del Qatargate en la Eurocámara. El supuesto cabecilla de la trama, el italiano Pier Antonio Panzeri, que fue eurodiputado del grupo socialista entre 2004 y 2019, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía belga para colaborar en calidad de "arrepentido" en este caso a cambio de una rebaja de las penas.
Panzeri es una de las tres personas que permanecen en prisión provisional por el Qatargate, junto con la exvicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, y su pareja, Francesco Giorgi. Está acusado de pertenencia a una organización criminal en calidad de líder, blanqueo de dinero y corrupción pública activa y pasiva. En la redada en su residencia en Bruselas se encontraron 750.000 euros en efectivo.
El exeurodiputado italiano era hasta su detención el presidente de la ONG Fight Impunity, que en teoría tiene como objetivo promover la causa de los derechos humanos y ayudar a llevar a los criminales ante la justicia. Pero en realidad Fight Impunity sirvió como tapadera a la trama de sobornos orquestada por Qatar y también por Marruecos para blanquear su impagen y comprar influencia política y económica en la UE.
Panzeri ha firmado un memorándum en el que se compromete a proporcionar a la justicia belga detalles sobre el modus operandi de la organización criminal infiltrada en el Parlamento Europeo, según ha informado la fiscalía en un comunicado.
Además, el exeurodiputado italiano ha prometido dar a los investigadores todos los datos sobre los acuerdos económicos con países terceros (en referencia, sin nombrarlos, a Qatar y Marruecos); las estructuras pantalla que se crearon para esconder el dinero; los beneficiarios últimos de este dinero; y los nombres de otras personas implicadas en la trama, incluyendo aquellos a los que el propio Panzeri haya corrompido.
[La exvicepresidenta de la Eurocámara confiesa que pidió a su padre esconder el dinero de Qatar]
A cambio de esta colaboración, la justicia belga rebajará las penas contra el cabecilla del Qatargate. No obstante, el castigo incluirá "prisión firme, una multa y la confiscación de todas las ventajas patrimoniales adquiridas, que en estos momentos se estiman en millones de euros", ha dicho la Fiscalía.
"Se trata, por parte del arrepentido, del compromiso de hacer una declaración sustancial, reveladora, sincera y auténtica sobre la participación de terceros, y en su caso, de la suya propia, en las infracciones que se investigan en este caso", señala el comunicado.
Es la segunda vez en la historia judicial de Bélgica desde la introducción en 2018 de la denominada ley de los pentiti (o arrepentidos, por referencia a la ley italiana para facilitar la investigación sobre las mafias) que este procedimiento desemboca en la firma de un memorándum entre el acusado y la Fiscalía.